Castilla-La Mancha contará el año que viene con su primera Ley LGTBI. El primer borrador de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de la región ha pasado por su proceso de participación pública, donde varios colectivos, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, representantes de la sociedad civil y particulares han realizado sus propuestas para el texto. Las peticiones abarcan numerosas cuestiones para una norma que supondrá un antes y un después en esta comunidad autónoma: van desde la incorporación de la asexualidad hasta protocolos más precisos contra el acoso y la discriminación. Aquí detallamos varias de estas propuestas con el objetivo de la que la participación pública sirva para enriquecer el texto de la futura ley.
En primer lugar, la Asociación WADO LGTBI+ de Castilla-La Mancha celebra la tramitación de la ley frente a los movimientos populistas que “consideran innecesaria este tipo de normativas”. Recalca que las manifestaciones de LGTBIfobia son la tónica habitual en la comunidad autónoma bajo la forma de insultos, agresiones, burlas, pintadas humillantes en paredes, miradas incómodas en cada esquina, bar, comercio. “Esta Ley es esencial y muy necesaria”, resalta, no solo para combatir esto sino también para “dignificar” al colectivo, a sus familias y a sus personas allegadas, que también sufren discriminación “por relación o asimilación”.
Dicho esto, realiza una serie de propuestas como la incorporación en la ley de la definición de persona asexual, ya que aunque no expresan una orientación hacia otras personas, “tienen su propia sexualidad” y “son objeto de burla por desconocimiento o falta de empatía hacia su realidad, ya que se presupone que toda persona debe tener una orientación o deseo hacia otras personas”.
De igual forma, considera WADO que para asegurar la no existencia de “pseudoterapias de aversión, conversión y contracondicionamiento” -un aspecto que regula el borrador-, debe reflejarse la prohibición de su divulgación y publicidad en todo el territorio castellanomanchego y a través de medios de comunicación. El motivo es que dichas terapias pueden desarrollarse fuera de la comunidad, y que a través de dicha publicidad pueden “ejercer un llamamiento a la existencia de las mismas a la población castellanomanchega para que vayan engañadas a otros territorios”.
Migrantes, educación, bibliotecas
Otra petición de esta asociación reflejada en el documento de participación pública es que en el apartado referido a deporte, ocio y tiempo libre, se incorpore la facilitación de aseos neutros tanto en instalaciones públicas como en concertadas, así como la existencia de cabinas o camerinos, que pueden ser utilizadas a su vez por personas ostomizadas que no desean ser vistas. También incluye, en el bloque relacionado con la atención a las personas LGTBI migrantes y refugiadas, que se debería considerar la sinergia de coordinación para que haya una comunicación e información directa en los servicios de acogida.
Bolo Bolo Castilla-La Mancha también ha aportado una serie de propuestas al anteproyecto de ley, comenzando por la garantía de un plan de coeducación y de diversidad LGTBI que ayude a prevenir y combatir la LGTBIfobia en el ámbito educativo. Igualmente ve fundamental apostar por espacios seguros en la escuela y defiende que la cultura es fundamental para fomentar “nuestra intrahistoria como principio de inclusión y normalización social, al igual que promover una memoria histórica sensible con los procesos experienciales y biográficos de la comunidad LGTBI”.
En esta asociación también ven esencial que existan fondos bibliográficos en materia de diversidad afectivo-sexual, tal y como incluye la norma. “No podemos permitir que criterios de convicción y ética moral de las y los técnicos del ámbito bibliotecario y de documentación, decidan la necesidad o no de existencia de referentes o material de ensayo del colectivo en cada biblioteca. Todo texto o documentación que se encuentre dentro del contexto de promoción de los Derechos Humanos y su historia es fundamental tenerlo dentro de las bibliotecas. Lo que no se ve no existe”.
De la misma forma argumenta que más allá de las convicciones personales de las cabezas de los diferentes sistemas familiares, se han de priorizar los derechos de las personas LGTBI convivientes en los mismos. “No podemos permitir que jóvenes, menores o personas mayores LGTBI, sufran la supresión de su propia realidad en su entorno de convivencia diario, especialmente en su ámbito familiar”. Por eso defiende formar a las familias en respeto, educación y derechos. Igualmente, los menores, por el estado evolutivo de su madurez, física, mental y emocional, necesitan “protección y cuidados especiales para que puedan desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y plena, así como en condiciones de libertad y dignidad”.
En otro apartado Bolo Bolo también recuerda que hoy en día el negacionismo de determinados grupos conservadores, así como sectores “transexcluyentes biologisistas” promueven ideas y postulados que contravienen sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya en el 2002 reconoce que “la identidad de la persona viene establecida por ella misma, por su sentir y no por la apariencia”. Además, como entidad feminista, declara que los derechos de las personas trans “no contravienen en la lucha por terminar con un sistema patriarcal” y que la perspectiva de género debe aplicarse en todos los ámbitos de la sociedad.
En muchos de estos argumentos y propuestas coincide Amnistía Internacional. Esta organización defiende la necesidad de la ley como mecanismo de preservación de los derechos humanos. Desgrana así las principales recomendaciones en este ámbito, algunas de las cuales pueden ser aplicables a la legislación de ámbito autonómico, como permitir a las personas que cambien su nombre legal y sus indicadores de género en todos los documentos oficiales; suprimir cualquier requisito médico que condicione el reconocimiento legal de su género; anular todas las normas que pudieran criminalizar identidades y expresiones de género concretas; y hacer que los procedimientos de reasignación de género, como el tratamiento hormonal, la cirugía y el apoyo psicológico, sean accesibles para las personas transgénero e intersexo con consentimiento informado y garantizar su inclusión en programas de seguridad social y sistemas de salud pública.
Otras máximas que Amnistía Internacional considera imprescindibles se basan en proteger a las personas transgénero e intersexo de los “tratamientos médicos forzosos y la vigilancia psiquiátrica no deseada”; garantizar que disfruten de los mismos derechos en cuanto al matrimonio, la relación de pareja y la paternidad o la custodia; que la identidad de género de una persona no afecte a la evaluación de su idoneidad como padre/madre adoptivo; que las leyes políticas de inmigración y asilo no impidan la reunificación familiar como consecuencia de discriminación por identidad de género; y que los procedimientos médicos realizados a bebés y niños y niñas tienen como premisa el interés superior del menor y “no los deseos de sus padres, tutores y de los profesionales de la salud”.
Sindicatos como CCOO y partidos políticos como Izquierda Unida y Podemos también realizan aportaciones. Por ejemplo, en el caso de Podemos, pide ampliar algunos conceptos en su parte de terminología, incluyendo así la definición de orientación sexual, identidad de género, expresión de género, personas con comportamiento de género no normativo, desarrollo sexual, intersexualidades, personas con variaciones intersexuales, cuerpo no binario, grupo familiar, familias LGTBI, LGTBIfobia, intolerancia por género, discriminación directa, discriminación indirecta, discriminación múltiple, discriminación por asociación, discriminación por error, acoso discriminatorio, represalia discriminatoria, victimización secundaria, violencia en parejas del mismo sexo y acción positiva.
Servicios integrales de atención, menores y derechos laborales
Podemos propone asimismo que debido a la gran cantidad de burocracia, la Consejería de Igualdad proporcione un servicio de atención integral de información, atención y asesoramiento sexológico, psicológico, legal, social y administrativo para atender situaciones de discriminación, y que cuente con delegaciones provinciales. A ello añade la actualización de los currículos básicos de enseñanza, y la elaboración de programas y guías de educación sexual, tratando la diversidad sexual y de género, con perspectiva intercultural; así como protocolos de prevención que eviten actitudes o comportamientos de LGTBIfobia y acoso.
En Izquierda Unida defienden por su parte la inclusión de los derechos de los/as menores a recibir educación y formación en género y diversidad sexual LGTBI, así como la obligación de las entidades públicas y privadas de todos los sectores de atención a derivar a puntos de atención específicos para asegurar la no discriminación. Además, también quieren que se incorpore el reconocimiento de la discriminación en el entorno laboral, con especial atención a las personas despedidas por orientación sexual y a las personas trans.
Por último, CCOO apuesta por incluir en los convenios colectivos instrucciones específicas de la perspectiva de no discriminación por motivos LGTBI, a lo que suma programas de formación y sensibilización destinados a erradicar la LGTBIfobia y la serofobia en el mundo laboral, protocolos para personal trans en el marco laboral -“garantizando en todo momento que sus derechos laborales sigan intactos independientemente de la fase de transición en que se encuentren”-, así como “la garantía absoluta en el caso de cambio de nombre registral y la inclusión a todos los efectos del nombre sentido cuando la persona así lo solicite”.