El Ejecutivo regional retirará los neumáticos del depósito ilegal que existe en Argamasilla de Alba en la provincia de Ciudad Real. El Consejo de Gobierno ha aprobado la autorización para contratar a la empresa pública TRAGSA para que lleve a cabo esta labor en el que es el depósito con neumáticos más grande todavía existente en la región.
“El coste total asciende a 814.830 euros y se encuadra en el plan puesto en marcha por el Gobierno regional de retirada de neumáticos en todos los depósitos ilegales de la comunidad autónoma, y el de Argamasilla de Alba es el depósito más grande todavía abierto”, ha explicado el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo. En este caso como la cuantía supera los 500 mil euros ha tenido que ser autorizado por el Consejo de Gobierno aunque también se van a retirar neumáticos de otros dos depósitos ilegales en Yunclillos (Toledo) y Cervera del Llano (Cuenca).
En concreto se van a retirar, dentro de dos semanas, 2.798 toneladas, en Argamasilla de Alba, en Yunclillos 1.493 toneladas y en Cervera del Llano 472 toneladas. “De esta manera cumplimos el compromiso de Emiliano García-Page y al finalizar esta legislatura no quedará ni un solo depósito de neumáticos ilegales en nuestra región”. En estos casos, la Administración regional correrá con los gastos de la retirada y posteriormente repercutirá el coste en los particulares propietarios de estos depósitos.
Ley de Economía Circular de Castilla-La Mancha
El consejero de Agricultura ha recordado que con la futura Ley de Economía Circular de Castilla-La Mancha, que estará en período de exposición pública a partir de octubre y que el Gobierno espera tener aprobada antes de que finalice esta legislatura, las empresas que a partir de ahora gestionen residuos tendrán la obligación de depositar una fianza en función de la peligrosidad de los residuos que gestionen cuando quieran instalarse en Castilla-La Mancha. “De tal manera de que en el caso de que existiera cualquier problema ambiental, será la empresa la que corra con los gastos de la gestión de dichos residuos o de la restauración medioambiental en sus explotaciones o naves industriales”.
“Es una Ley muy importante para este Gobierno, pretende ser una ley innovadora en nuestro país, y es el reflejo de la importancia que en esta región el Gobierno le da a las cuestiones medioambientales”, ha asegurado el consejero. Además de esas fianzas, se va a poner en marcha con esta futura norma, una tasa específica para aquellos residuos que vayan a vertedero, “de tal forma que se aplique en la práctica una cuestión fundamental de la normativa comunitaria europea en materia de medio ambiente que es el principio de que quien contamina paga”, concluye el consejero.