Un 18,5% de la población castellanomanchega vive de alquiler. Y no deja de crecer, siguiendo la tendencia que también se refleja en toda España, pero con las peculiaridades propias de la comunidad autónoma, como su dispersión territorial y sus zonas en riesgo de despoblación. En este contexto, tras meses de debate sobre cómo intervenir en los precios del alquiler y a la espera de la aprobación definitiva de la Ley de Vivienda a nivel estatal, el Gobierno de Castilla-La Mancha está apostando por una medida alternativa para controlar los precios del arrendamiento: ayudas públicas para que los propietarios contraten seguros.
Se trata de subvenciones que llevan en marcha tres meses pero el plazo para su solicitud seguirá abierto hasta el próximo 30 de noviembre. Es uno de los motivos por los que el Ejecutivo de Emiliano García-Page considera que es pronto todavía para hacer balance y también porque se trata de una medida novedosa en la región que solo algunas autonomías como el País Vasco han puesto en marcha, con variaciones.
La filosofía de estas ayudas, enmarcada en el Plan de Alquiler con Garantías Especiales, es estimular incentivos para los propietarios de viviendas y que se animen a poner en alquiler sus inmuebles con precios asequibles. “Lo que hace la Junta es fijar las rentas máximas del alquiler a las que se deben acoger las viviendas que forman parte del programa y, a cambio, asumimos el coste del seguro de impagos, de desperfectos del hogar y de defensa jurídica durante un año”, explica a elDiarioclm.es la directora general de Vivienda, Inés Sandoval.
El objetivo es que se convierta en una buena herramienta para aumentar la oferta del alquiler ofreciendo, por un lado, a los arrendadores “seguridades y certezas” y, por otro lado, a los inquilinos, precios asequibles que les permitan afrontar los gastos sin dificultades.
Así, estas ayudas se otorgan a los caseros en función de la ubicación, tamaño y antigüedad de las viviendas. Para ello, el Gobierno castellanomanchego ha establecido una serie de zonas geográficas. Porque una condición es que la renta del contrato de arrendamiento de la vivienda no supere el límite establecido: 680 euros mensuales en la zona I; 550 euros en la zona II y 400 euros en la zona III.
Zonificación “necesaria” para las rentas
Según el estudio del mercado inmobiliario realizado por la Consejería de Fomento, la zona II corresponde a Albacete, Guadalajara, Azuqueca de Henares, Horche, Yebes, Illescas, Seseña, Toledo y Valmojado.
La zona II estaría constituida por Alcázar de San Juan, Ciudad Real, Belinchón, Cuenca, Tarancón, Zarza de Tajo, Albares, Almoguera, Alovera, Cabanillas del Campo, Chiloeches, Marchamalo, Mondéjar, Pioz, Pozo de Guadalajara, Quer, Sigüenza, Torrejón del Rey, Valdeaveruelo, Valderachas, Villanueva de la Torre, Argés, Bargas, Borox, Burguillos de Toledo, Cabañas de la Sagra, Carranque, Casarrubios del Monte, Cedillo del Condado, Ciruelos, Cobisa, Esquivias, La Torre de Esteban Hambrán, Las Ventas de Retamosa, Lominchar, Magán, Méntrida, Mocejón, Nambroca, Noblejas, Numancia de la Sagra, Ocaña, Olias del Rey, Ontígola, Talavera de la Reina, Recas, Santa Cruz de la Zarza, Ugena, Villaluenga de la Sagra, Villarrubia de Santiago, Yeles, Yuncler, Yunclillos y Yepes.
Finalmente, la zona III la constituye el resto de municipios de la región que no se adscriban en las zonas I y II y que se corresponden con las zonas más despobladas de la comunidad autónoma.
Esta zonificación es pionera en España y “muy necesaria” en el caso de Castilla-La Mancha para poder limitar los precios del alquiler en zonas más tensionadas. “De hecho, el Ministerio actual se ha dado cuenta de la importancia de poder intervenir en el mercado teniendo de aliados, y no de enemigos, a los propietarios”. La directora general se refiere con ello al hecho de que el Plan Estatal de Vivienda haya recogido este tipo de ayudas después de que ya las haya aprobado Castilla-la Mancha. La medida estatal solo establece el pago del seguro de vivienda por el impago, mientras que el Ejecutivo autonómico lo amplía también a que la póliza cubra desperfectos en la vivienda y defensa jurídica.
De esta forma, persigue como primer objetivo que las personas propietarias se animen a poner sus viviendas en alquiler “gracias a la seguridad jurídica”. “Esto es importante porque los principales miedos que tiene una persona con una vivienda vacía es que el inquilino deje de pagar la renta, que la vivienda quede con desperfectos o se tengan que iniciar acciones judiciales que son costosas”. Pero además, Inés Sandoval señala otros objetivos como la movilización de vivienda vacía para incorporarla al mercado, ampliar la oferta y evitar ocupaciones ilegales de inmuebles vacíos.
Mientras el plazo para pedir estas ayudas sigue vigente, Castilla-La Mancha sigue estudiando cómo aplicará, al margen de su programa de garantías, medidas estatales como el bono del alquiler. “Para nosotros es muy importante impulsar políticas propias que se adapten a las necesidades y a la realidad que tiene Castilla-La Mancha, con una diversidad territorial muy amplia. Es muy importante que nuestras acciones se acoplen a esa realidad, más allá de las medidas estatales o de los fondos europeos que nos llegan, que por supuesto son muy importantes, pero no deben ser las únicas políticas”.
Se refiere con ello la directora general de Vivienda a la existencia de zonas con precios más altos como las limítrofes con la Comunidad de Madrid -la comarca de la Sagra en Toledo o el Corredor del Henares en Guadalajara- que “nada tienen que ver” con municipios de la provincia de Ciudad Real o de Cuenca con precios mucho más asequibles. “Al final entendemos que este programa nos permite adaptarlo a la realidad geográfica atendiendo a esas singularidades”.
La aplicación (o no) de la limitación estatal de precios
¿Esta alternativa de Castilla-La Mancha es la única con la que intentará controlar los precios? Sandoval precisa que la limitación estatal del precio del alquiler se encuentra en el borrador de la Ley estatal de Vivienda estatal que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria y una vez que se apruebe, la Junta verá “de qué manera se puede aplicar o no”. “Hay experiencias en otros países donde la regulación de los precios del alquiler no ha terminado de cuajar porque al final en muchos casos ha disminuido la oferta y ha crecido la economía sumergida. Hay que ver el detalle el texto definitivo y estudiar cómo podemos aplicarlo si es que se puede aplicar”.
Lo importante, considera, es que mientras tanto “aquí no estamos de brazos cruzados y lo que hacemos es poner en marcha programas de incentivación como este”. “El propietario no es el culpable de la situación, hay que tenerlo como aliado y en Castilla-La Mancha creemos que esta es la vía positiva de intervenir en el mercado”.
El Gobierno castellanomanchego también está ultimando el primer borrador su próximo Plan regional de Vivienda, que posteriormente sacará a información pública. Como consulta previa ha realizado una encuesta abierta a colectivos y particulares cuyas conclusiones interpreta “muy cercanas” a las políticas que quiere llevar a cabo: acciones de fomento y ayuda al alquiler y de adquisición de vivienda, tanto para personas en situación de vulnerabilidad con dificultades para acceder al mercado libre, como para aquellos perfiles que tienen trabajo y recursos pero cuyos ingresos no les permiten emanciparse y acceder a una vivienda.
Estas acciones, junto con el próximo bloque de ayudas para la rehabilitación de viviendas y edificios, están relacionadas igualmente con el reto demográfico. “Debemos apostar por acciones públicas especialmente en zonas despobladas y por la construcción de vivienda en alquiler a precios asequibles a través del suelo público”, concluye.