El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan se propone subsanar las deficiencias puestas de manifiesto por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en la transformación de la empresa pública Aguas de Alcázar en una sociedad mixta, incorporando empresas privadas.
El Tribunal anuló la licitación, por lo que el Ayuntamiento deberá reiniciar el procedimiento al completo, corrigiendo los motivos de nulidad estimados por el Tribunal, tales como la “falta de aptitud para contratar” de las empresas licitantes y la falta de acreditación de la solvencia de la sociedad a constituir.
El Alcalde de Alcázar, por medio de un comunicado, ha declarado que la prioridad de su equipo de Gobierno es la de “dar viabilidad económica a la empresa, mantener los puestos de trabajo y no incrementar el precio de la factura” e insiste en la situación de “quiebra” de la empresa pública de Aguas por existir una deuda contraída de más de ocho millones de euros.
Por otra parte quien fue alcalde de Alcázar de San Juan, José Fernando Sánchez Bódalo, ha comparecido en el Juzgado, entre insultos de algunas personas concentradas en la puerta, para responder por la denuncia interpuesta por el Partido Popular en relación con la gestión de Aguas de Alcázar. Sánchez Bódalo ha defendido su gestión, que se hizo con transparencia y de forma “correcta”, por lo que interpreta que la denuncia del PP como el deseo de ensombrecer dicha gestión para lo que se habrían dedicado recursos públicos en acciones judiciales.
Respecto de la supuesta deuda de Aguas de Alcázar, Sánchez Bódalo ha explicado que es una “deuda contable” de la empresa con el Ayuntamiento, que es su exclusivo accionista, y que habitualmente se compensaba entre ambas entidades, por lo que no cabría argumentar situación de quiebra sino es para justificar la privatización.