Podemos ha llevado una propuesta de resolución ante las Cortes de Castilla-La Mancha para pedir a la Junta de Comunidades que deje de “promover y apoyar” económicamente la instalación de macrogranjas porcinas en la región y también en promover un desarrollo rural y agropecuario “sostenible”. El grupo ha pedido que esta promoción se haga a través del apoyo a cooperativas y pequeños productores, apoyando actividades como la ganadería extensiva, o el turismo rural. La propuesta fue rechazada con el voto en contra del PSOE y la abstención del Partido Popular.
David Llorente, portavoz de Podemos, recordó que las granjas de ganadería intensiva consta de “miles de animales hacinados” y que han ido proliferando en España, en particular en regiones como Cataluña, Aragón, Castilla y León y también Castilla-La Mancha. En este sentido, ha criticado la “escalada de solicitudes” de este tipo de industria, y el apoyo que el Ejecutivo regional está dando a las mismas. “Las macrogranjas generan grandes impactos negativos sobre el medio ambiente”, aseguró Llorente, que aseguró que la calidad de agua, la salud pública, el empleo, la vida en los pueblos y el bienestar animal también se ven afectados por estas instalaciones.
Igualmente, el parlamentario explicó que a raíz de esta “escalada” ha surgido un “movimiento popular de oposición absolutamente trasversal” relacionado con la“necesidad de defender la vida en los pueblos”. Llorente citó un informe de la Junta de 2009, bajo el mandato de José María Barreda, en el que se recomienda “controlar la nueva implantación de instalaciones de monogástricos como los cerdos” debido a la repercusión “negativa” de la emisión de gases. Este informe, explicó, propone como alternativa los sistemas extensivos y semiextensivos “para mantener el equilibrio”.
Finalmente, Llorente explicó que las empresas vienen porque “no los quieren en otros sitios”, y debido a las subvenciones que se ofrecen en la región. Además citó casos en los que las balsas de purines de los cerdos han provocado restricciones para beber agua del grifo y el trabajo “precario” que ofrecen a los pueblos. “Esto agrave el problema de despoblación que sufrimos en la región. Además, criticó que grandes empresas como Incarlopsa o Ceusa-El Pozo suponen una ”amenaza“ al ”orientar políticas públicas para sus intereses privados, contra los generales de la sociedad“.
PSOE: “Las explotaciones han reducido”
El diputado socialista Emilio Sáez ha recordado la importancia del sector porcino, al que ha señalado como “principal sector productivo de la ganadería” en la región. “Se erige como una industria de gran importancia a nivel regional y nacional”, afirmó, al producir unos 6.000 puestos de trabajo de manera directa. Además, de esto ha recalcado que el Gobierno de Castilla-La Mancha es “sensible a las demandas de la ciudadanía” y que también es consciente de la “importancia de la proliferación de estas instalaciones”.
Además, Sáez ha señalado que el número de explotaciones ha disminuido, en relación a 2012. Por eso ha rechazado que se financien “muchísimas granjas de porcino” y ha recordado que el PSOE ha votado en su contra en ayuntamientos como el albaceteño. “Pongamos las cosas en la justa medida. La Junta está aplicando escrupulosamente que se cuente con las garantías beneficiando a la ciudadanía”, explicó y recalcó que Castilla-La Mancha está haciendo “muy bien sus deberes”.
Por su parte, el PP, a través del diputado Antonio Martínez, ha criticado la postura de los “urbanitas” de Podemos y pidió que el debate no se haga desde el “prisma del no”. “Las posturas radicales no son buenas”, aseguró. Además, recordó que desde que Podemos está en el Gobierno se han aprobado once explotaciones de cerdos. “Deje de lanzar balones fuera al señor consejero, porque ustedes son gobiernos y eso que quede claro”, explicó. Además, acusó al grupo morado de “hacer muchísimo daño al sector y ”no sé si son conscientes“. Martínez concluyó señalando que se está ”alarmando sin razones“.
Compromiso del Gobierno regional
Finalmente, por parte del Ejecutivo castellano-manchego, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo pidió un debate “desde la responsabilidad tomando en cuenta todos los intereses”. Lamentó igualmente que se haya llevado a cabo un debate “malenfocado” ya que el “término macrogranja no existe” y que es una expresión utilizada de “manera torticera” para situar los proyectos de este tipo “en un lado de la mesa”. “Hay una intención política en la palabra que responde a un interés en absoluto objetivo”, afirmó.
Arroyo recordó que en la región se ha impulsado el apoyo a la ganadería extensiva “más grande de España” y que, de todos modos, el Ejecutivo está “obligado” a defender las empresas que generan empleo y pagan sus impuestos en Castilla-La Mancha. De este modo, señaló que en el caso de que las empresas “no cumplan” con la normativa, se irán “fuera”. “La clave está en no criticar”, pidió. Finalmente, se comprometió, en nombre de la Junta, a no aprobar “ninguna macrogranja que no quieran los ciudadanos”.