Hay unas 5.000 familias castellano-manchegas que en su momento apostaron por instalar paneles solares fotovoltaicos para poder abastecerse de energía, ahorrar y contribuir a la mejora del medio ambiente. Se trata de hogares a los que el Ministerio de Industria decidió imponer el pasado mes de octubre el denominado ‘impuesto al sol’, un nuevo gravamen para el uso de baterías o sistemas de almacenamiento por parte de los consumidores de electricidad y que se unía al ‘hachazo’ previo a las renovables aprobado en el mes de junio. El 9 de abril ha finalizado el plazo para que todos los hogares e industrias con autoconsumo solar se registraran de manera pública. Ningún particular y tan solo algunas empresas lo han hecho en Castilla-La Mancha.
Según el Registro Administrativo de Autoconsumo de Energía Eléctrica, una vez finalizado el plazo de seis meses que el Gobierno de Mariano Rajoy estableció desde la aprobación del decreto de autoconsumo, tan solo 29 hogares con instalaciones solares domésticas (aquellas por debajo de los 10 kilovatios de potencia) se han inscrito en todo el país, ninguna de ellas en la región. En cuanto a las industrias –contrataciones de potencia mayores de 10 kilovatios- también vinculadas por este impuesto, solamente 85 se han registrado en toda España, y una en Castilla-La Mancha, en la provincia de Guadalajara. El mayor número de registros se encuentra en el denominado Tipo 2 (consumidores asociados a una o varias instalaciones). En este caso hay 154 registradas en todo el país y una decena en toda la comunidad autónoma.
Cuando se trata de industrias, la mayoría de los contratos aparecen asociados a Unión Fenosa y a Iberdrola, y con instalaciones que ya estaban construidas previamente. No en vano, las empresas eléctricas ofrecen este plan a los clientes, financiando las placas solares con amortización en 20 años, que es el periodo de vida útil de estas instalaciones. Pero aún así, sigue llamando la atención el escaso número de industrias registradas para este futuro gravamen.
La situación en los hogares, que prácticamente han “pasado” del decreto, es aún más llamativa y no ha pasado desapercibida para la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Desde este colectivo interpretan que es la consecuencia de haber aprobado una normativa que no tiene efectos en la economía real. “Ya no hablamos de especulaciones, ni de grandes inversiones para favorecer resultados económicos, sino de ahorro y eficiencia”, explica Paco Gómez de la Cruz.
Lo más curioso para estos expertos en renovables, es que en el caso de Castilla-La Mancha se han aprobado ayudas al autoconsumo por parte del Gobierno regional, cuando “si no hubiera cortapisas legales” a nivel nacional, “la gente lo pondría incluso sin subvenciones”, debido a la “enorme concienciación que hay entre la sociedad en no dañar al medio ambiente y en ahorrar de manera limpia”. Pero frente a esta situación, impera el “oscurantismo” en torno al modelo energético por el que ha apostado el Gobierno del PP.
“Las directivas europeas se trasponen tergiversadas al ordenamiento jurídico español”
“Nada de lo que estamos haciendo va acompasado con Europa. Nos sumamos a los acuerdos europeos para expulsar a los refugiados sin atender sus peticiones de asilo, pero cuando una normativa europea se dirige a fomentar el uso de las energías renovables para la eficiencia energética, aquí se va en otra dirección, y las directivas europeas se trasponen tergiversadas al ordenamiento jurídico español”, afirman desde la Plataforma. Ponen como ejemplo las “desorbitantes” multas que contempla el decreto: hasta 60 millones de euros por no registrar una placa solar. “Ahora mismo los dueños de una central nuclear pueden abandonar los residuos de un reactor en medio de un camino y se les sanciona con 30 millones de euros. Algo que es letal tiene menos castigo que poner una placa solar y no declararla”.
La conclusión es que debido a la opacidad del proceso, los dueños particulares de placas solares domésticas han preferido arriesgarse y esperar “a que los tiempos políticos cambien y el sentido común llegue al Ministerio de Industria”. “Confían tanto en el mal funcionamiento del sistema que antes de embarcarse en una serie de trámites, prefieren esperar a que alguien cambie todo esto”. Gómez de la Cruz considera que sería un “escándalo a nivel mundial” que se condenara a un particular a pagar 20, 30 o 60 millones de euros por tener una placa en el tejado. “Se cae por su propio peso y eso todo el mundo lo sabe”.
De momento, en Castilla-La Mancha se ha combatido este ‘impuesto al sol’ con una batería de ayudas al autoconsumo por valor de 700.000 euros. Precisamente, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, se ha referido recientemente al modelo energético en un acto con la Fundación Gas Natural, recordando que Castilla-La Mancha es la tercera comunidad en potencia en energía renovable instalada y la primera en el ámbito de tecnología fotovoltaica.