Un debate parlamentario previo sobre la religión, la fe, el dinero público y los derechos fundamentales ha dado como resultado que finalmente salga adelante la proposición no de ley presentada por PSOE y Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha mediante la cual ambos partidos piden que las comunidades autónomas no sufraguen con sus presupuestos la asistencia religiosa católica que actualmente se presta en hospitales y residencias públicas conforme a los acuerdos con la Santa Sede de 1985, y tras recibir las autonomías las competencias en sanidad. La medida aprobada hoy forma parte del acuerdo previo alcanzado entre los dos partidos políticos para las líneas generales del proyecto de Ley de Presupuestos regionales de 2016.
Concretamente, en la propuesta aprobada se pide primero al Gobierno garantizar la libertad religiosa en todo el país. Después, se insta a “suspender” cualquier disposición derivada de “acuerdos internacionales que trasladen a las comunidades autónomas la obligación de financiar con dinero público los servicios religiosos de cualquier confesión particular en el ámbito de áreas públicas como la sanidad, la educación o bienestar sociales”.
En la defensa de la propuesta, el PSOE ha querido en primer lugar trasladar un “mensaje de tranquilidad” a los ciudadanos preocupados con que los servicios religiosos dejen de prestarse en hospitales y residencias. La portavoz socialista, Blanca Fernández, ha dicho haber recibido hasta 40 correos electrónicos de particulares en este sentido, y por ello ha proclamado que su partido “no persigue quitar a los capellanes ni a los sacerdotes de estos centros”. “No tenemos nada en contra de la religión, ni queremos coartar la libertad religiosa, sea el credo que sea”, ha precisado, ya que ello iría contra la Constitución.
Ha arremetido así contra las críticas recibidas por el PP en este sentido, acusándoles de realizar acusaciones “crueles e injustas” y de “jugar con las convicciones de las personas”. Se ha aferrado al primer punto de la propuesta, el que pide garantizar la libertad religiosa, y ha argumentado que la petición de eliminar la financiación a servicios religiosos parte de que Castilla-La Mancha debe destinar ese dinero a contratar personal sanitario, hacer hospitales y “reconstruir” la sanidad tras el Gobierno de cuatro años del PP.
Las “continuas mentiras” del PP
El PSOE, ha añadido, apuesta por que se “mueva” el ‘statuto quo’ de los acuerdos de 1985 y que no sea el sistema sanitario castellano-manchego el que corra con ese gasto. Ha defendido este argumento frente a las “muchas mentiras” del PP, espetando a este partido que se confiese católico y que incumpla por tanto “el octavo mandamiento de la ley de dios”.
Por su parte, Podemos ha querido hacer un ejercicio de “pedagogía y didáctica” sobre el tema. El diputado José García Molina ha explicado que su partido se sorprendió al conocer la partida de 425.000 euros destinada a servicios religiosos en los presupuestos regionales, algo que, según afirma, “desconocía mucha gente”. Dicho esto, ha apostado por “separar fe, libertad religiosa y dinero público” dejando claro que su partido no va contra nadie y que hay personas con otras confesiones religiosas a las que no se les paga este servicio.
Según ha explicado, en su reunión con el arzobispo de Toledo, el ecónomo del Arzobispado coincidió con él en la necesidad de avanzar en la autofinanciación de la Iglesia Católica, que “tiene medios suficientes como para atender a la demanda de las personas que requieran ese servicio religioso”. De hecho, ha echado mano del Evangelio de San Lucas al referir el versículo que proclama: “no podéis servir a dios y al dinero a la vez”.
Los problemas de “comprensión lectora” del PSOE
“No se trata de eliminar servicios religiosos para los que los demanden”, ha insistido, reprochando además al PSOE sus “problemas de comprensión lectora y orientación política”, debido a que en sus programas electorales siempre incluye trabajar por un estado laico y revisar los acuerdos con la Santa Sede pero los socialistas nunca “le han metido mano al asunto”. Por eso ha dejado claro que con esta propuesta se insta al Gobierno de España a “suspender” este acuerdo y si no se revisa, la petición aprobada hoy será “imposible”.
Finalmente, el PP, ha mostrado su rechazo frontal a la propuesta apelando en todo momento a la libertad religiosa. El portavoz, Francisco Cañizares, ha dicho que la medida “ataca” a un derecho fundamental de los ciudadanos y se ha preguntado por qué ahora el PSOE rechaza lo que respaldó hace 30 años, lo que ha atribuido a los “pactos de izquierda donde se recuperan viejos fantasmas y suponen un anticlericalismo”.
“Se trata de un ataque injustificado que no tiene cabida en una sociedad como la nuestra”, ha alegado, proponiendo asimismo que si la cuestión es la discriminación con otros credos, lo que se debe hacer es reconocer esas prestaciones a otras confesiones si tienen esa necesidad. Por último ha explicado que cuando se transfirió esa competencia, se transfirió también la financiación, por lo que si se devuelve al Estado, esa partida no repercutirá en la sanidad castellano-manchega.