Constituyó una de las mayores polémicas del pasado verano cuando se hizo público el borrador del anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. En su disposición adicional primera, el Gobierno incluía los denominados “bancos de conservación de la naturaleza”, o lo que es lo mismo, la posibilidad de que propietarios de tierras pudieran obtener “créditos de conservación” en torno a valores naturales de esas zonas que luego podrían constituir “medidas compensatorias o complementarias”. Los ecologistas pusieron el grito en el cielo: esta medida suponía “mercadear” con el medio ambiente, entre otras cosas. Ahora, el último borrador, publicado este mismo mes de noviembre, ya no contempla esa figura.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha renunciado de este modo a incorporar este mecanismo en la nueva ley. La ratificación de esta decisión la dio a conocer en el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) que se reunió hace unos días, junto con otras modificaciones de carácter técnico que han hecho que la elaboración de esta normativa ya vaya por el quinto borrador, debido también a su complejidad y extensión.
La inclusión de los bancos de conservación de la naturaleza se realizó en un primer término como transposición de la legislación básica estatal, ya que es una figura que ya aparece en la norma nacional desde 2014.
En la disposición castellano-manchega que se incluyó para adecuar esta medida, se establecía que la Consejería de Medio Ambiente podría crear estas figuras mediante resolución: un conjunto de títulos ambientales o créditos de conservación que representaran valores naturales. Se especificaba que en cada banco se describirían las actuaciones, identificando las fincas en las que se realizaba y el número de créditos que se otorgaba a los dueños de los terrenos, de acuerdo con criterios técnicos.
Créditos ambientales que podían generar “medias compensatorias”
Los titulares debían conservar los valores naturales, debiendo estos terrenos destinarse únicamente a usos que fueran compatibles con los citados valores naturales; y los créditos podían constituir las “medidas compensatorias o complementarias” previstas en la legislación, con el objetivo de que los efectos negativos ocasionados a un valor natural fueran “equilibrados por los efectos positivos generados sobre el mismo o semejante valor natural. Igualmente, los créditos podían ”transmitir en régimen de libre mercado“.
Al salir a información pública el proyecto de ley, Ecologistas en Acción enfocó buena parte de sus alegaciones en esta cuestión. Solicitó la retirada de esa disposición adicional al considerar que la naturaleza “no es proveedora de servicios ambientales”. “Al categorizarlos como servicios, pueden comprarse, venderse, ser sujetos de apropiación, usufructo, privatizarse o titularse”, argumentaron.
El colectivo resaltó a este respecto que quien vendiera y comprara “servicios ambientales” estaría comercializando con “lo que la naturaleza ha realizado por millones de años”. “Tanto la invención de los servicios ambientales, la conversión en mercancías y la adjudicación de precios, así como la libre intervención de las empresas privadas, son parte de una economía neoliberal aplicada a la naturaleza. Esto tiene un impacto directo sobre los territorios y los derechos colectivos de los pueblos pues se estaría restringiendo el uso que tradicionalmente le han dado y estarían cediendo estos derechos a un tercero”.
Otros de los escollos durante el proceso de información pública y las reuniones para el estudio del anteproyecto ha sido la regulación específica de los espacios incluidos en la Red Natura 2000, así como su encuadre con la directiva europea y la ley estatal. En el borrador actual se establece que en la evaluación de las repercusiones de cada proyecto la esta red europea se incluirán “de manera diferenciada” tanto los espacios afectados (junto con los hábitats, especies y objetivos de conservación) como las medidas preventivas destinadas a compensar un posible impacto residual “evitando con ello un deterioro neto del conjunto de variables” de la zona.
El anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental que prepara el Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene el objetivo de adaptar la legislación regional a la nacional. Pero miembros del Consejo Asesor de Medio Ambiente han manifestado su preocupación ante la posibilidad de que, en paralelo, el Gobierno de Pedro Sánchez pueda modificar la norma nacional, tal y como estudia el Ministerio para la Transición Ecológica.
No obstante, la función principal de la ley, tal y como reza el borrador es mejorar los procedimientos de evaluación ambiental, de acuerdo con nuevos criterios, plazos y medidas. Y de momento el Ejecutivo no ha manifestado su intención de echarse atrás aunque fuentes de la administración confirman que siguen muy de cerca posibles cambios estatales.