- La falta de agua, la inviabilidad ambiental y la afectación a especies como el lince ibérico han sido las cuestiones más polémicas de refutación
- El Gobierno regional pone fin así a un proyecto muy polémico que había desatado la contestación masiva de la ciudadanía de la comarca
Se acabó el proyecto de minería de tierras raras en el Campo de Montiel. Tras dos años de lucha social, resoluciones, manifestaciones, plazos y declaraciones, el Consejo de Gobierno resolverá el próximo martes, día 31 de octubre, la declaración de impacto ambiental negativa sobre esta polémica iniciativa de la mercantil Quantum Minería, que supone la extracción de monacita para la fabricación nuevas tecnologías. Se trata de una cuestión que ha sido objeto de mucha polémica y críticas desde los primeros permisos de explotación concedidos al promotor.
Su final lo ha anunciado el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el marco del XI Congreso regional del PSOE regional celebrado en Toledo. Estas han sido sus declaraciones (vídeo de CMM Noticias):
Según ha dicho, el próximo Consejo de Gobierno resolverá “con carácter negativo” el desarrollo de proyectos de minería de tierras raras en la provincia de Ciudad Real, dándolo así “por zanjado”. La puerta se cierra tras años de incertidumbre -desde que el Gobierno regional del PP concediera los primeros permisos- y de múltiples plazos de cara al archivo de un proyecto sobre el que planeaban múltiples riesgos ambientales, sobre todo para el lince ibérico y el águila imperial, e incluso de carácter radiológico.
El punto de inflexión se dio en el pasado Debate sobre el Estado de la Región, cuando no solo García-Page daba por terminado el proyecto, sino que Podemos conseguía, por primera vez, el apoyo del Grupo Socialista a una resolución de rechazo a este tipo de minería, después de varias resoluciones en las Cortes de Castilla-La Mancha donde la formación morada solo había obtenido el respaldo del PP para archivar esta medida.
La cuestión referida a las tierras raras se incluyó así en una propuesta de resolución más general centrada en el agua y el medio ambiente. En este caso concreto, el texto, defendido por el diputado David Llorente, que ha rechazado esta propuesta desde el inicio de la legislatura, refería que el proyecto representa un problema “social y medioambiental de primer orden”. “Los proyectos mineros para los cuales se han otorgado permisos de investigación abarcan en conjunto un total de 27.300 hectáreas, el equivalente a casi 50.000 campos de fútbol. Este tipo de minería extensiva representa una grave amenaza para el abastecimiento y la calidad del agua, para la salud pública, para el medio ambiente y para la agricultura y las actividades productivas de la zona”, añadía. Es más, Podemos quiere que también se aprueba una Ley contra la Minería de Tierras Raras en Castilla-La Mancha.
Todas las organizaciones agrarias, ecologistas y ciudadanas, lideradas por la Plataforma Sí a la Tierra Viva, se han opuesto unánimemente a estos proyectos, así como organismos como la Confederación Hidrográfica del Guadiana o el Consejo de Seguridad Nuclear. Han ido determinando, en sucesivos informes, su inviabilidad o han advertido de sus “enormes riesgos”. La propia Defensora del Pueblo inició una investigación al respecto para proceder al archivo de los proyectos afectados. Aunque tanto desde el PSOE como desde el Gobierno regional ese rechazo ha quedado implícito a la luz de sucesivas declaraciones, no se había manifestado por vía parlamentaria.
Se da la circunstancia asimismo de que ya ha concluido el plazo para que la Junta emita su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) sobre el proyecto. Quiere el Ejecutivo que el informe sean lo más rotundo posible, señalando todos los riesgos ambientales (entre ellos la afectación a especies protegidas como el lince ibérico y el águila imperial) tal y como hizo en el documento de alcance.
Durante el tiempo transcurrido desde que se solicitara a Quantum su Estudio de Impacto Ambiental –empresa que defiende el riesgo moderado de esta extracción minera-, han vuelto a producirse diferentes manifestaciones ciudadanas y declaraciones de rechazo. Pero hasta ahora, el Gobierno castellano-manchego siempre ha defendido la necesidad de atenerse al procedimiento administrativo y nunca ha adelantado el archivo del documento. Solo las palabras de García-Page han dado por seguro el fin del proyecto.
El polémico informe del regulador atómico
En esta cuenta atrás, el último informe más notable sobre los efectos negativos del proyecto lo emitió el Consejo de Seguridad Nuclear, con el foco puesto en el riesgo radiactivo del tratamiento de monacita. Según un informe del regulador atómico, fechado en el pasado mes de mayo, si el proyecto saliera adelante, sería necesaria una “monitorización radiológica permanente” de los tratamientos.
Esta información vino a sumarse a otros informes que han desatado la polémica en torno a este proyecto, con una contestación ciudadana liderada por la Plataforma Sí a la Tierra Viva. Desde este colectivo, al hilo del informe del CSN, recuerdan que las conclusiones de Quantum sobre el impacto radiológico se basan, en parte, en los datos obtenidos de los trabajos realizados en una “planta piloto clandestina” en la que la empresa estuvo operando sin ningún tipo de licencia, ubicada en un corral dentro del casco urbano de Torrenueva, y que fue clausurada por denuncia de la plataforma.
Quantum se defendió con una interpretación bastante diferente. Ha insistido en que las operaciones de explotación minera no requieren de medidas de control radiológico. “El estudio de las actividades relacionadas con el beneficio de mineral en planta no es suficiente para declararlas exentas de medidas de control. Se trata de un estudio teórico ya que la planta no está construida y se deberá realizar una verificación al inicio de la actividad, siendo este el único procedimiento posible y habitual en este tipo de casos”, afirmaron fuentes de la mercantil minera.