La secretaria de Estado de Función Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda, Elena Collado, afirmó esta semana que la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración Pública podría llegar a costar hasta 1.200 millones de euros. Collado señaló así que habría un problema de “sostenibilidad” en la posibilidad de llevar a cabo esta medida, aunque recalcó que “de todo se puede hablar”.
En este sentido, señaló al acabar su comparecencia de este martes en la Comisión de Presupuestos del Congreso que ya se está reuniendo con los sindicatos CCOO, UGT Y CSI-F para tratar este tema, con el objetivo de alcanzar acuerdos como el que se llegó en materia de empleo público. Los sindicatos han indicado, sin embargo, que no existen propuestas firmes desde el ministerio de Montoro en este aspecto.
Las negociaciones entre sindicatos y el Gobierno central son una muestra para la Junta de Castilla-La Mancha de que “en cierta medida vienen a reconocer que se equivocaron al recurrrir”. Son palabras del portavoz de Gobierno, Nacho Hernando, quien recordó que la medida aprobada en las Cortes regionales fue tumbada por el Ejecutivo de Rajoy. “Ahora ven que no les queda más remedio que implantar, al ser una cuestión de justicia social con los funcionarios”, aseguró el socialista.
Hernando también lamentó el “encabezonamiento” del Gobierno de España al obligar a los funcionarios a volver a las 37,5 horas semanales, “cuando la voluntad era reducirlo”. Por eso, aboga porque la propuesta finalmente llegue a “buen puerto”, pero ha querido puntualizar que eso no significa que el PSOE apoye los Presupuestos Generales del Estado. “Podemos estar de acuerdo sin tener que estar de acuerdo con el resto de los presupuestos”, concluyó.