Al sistema de inspección reforzada que ya ha puesto en marcha Castilla-La Mancha con motivo de las consecuencias de la pandemia de coronavirus en sus centros socio-sanitarios, el Gobierno regional va a sumar una auditoría de sus residencias de mayores cuyo diseño y tramitación comenzará en el mes de junio. El objetivo es conseguir un “modelo residencial avanzado”, ha avanzado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez.
Con motivo de su comparecencia parlamentaria para dar cuenta de la gestión de su departamento con motivo de la COVID-19, la consejera ha adelantado esta medida que, según ha dicho, llevará a cabo un grupo de expertos en materia social, sanitaria, arquitectónica y económica.
La auditoría valorará los indicadores en la calidad de la gestión de los centros residenciales y será una “oportunidad” para desarrollar un “auténtico modelo de atención centrado en la persona” bajo el amparo de la Ley de Dependencia. También permitirá detectar “todas las dificultades y deficiencias que ha podido haber” en estos centros y que la pandemia “ha sacado a la luz a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho”.
Forma parte esta iniciativa del Plan de Medidas Extraordinarias para la Reconstrucción Social y Económica de Castilla-La Mancha del Gobierno castellanomanchego, en este caso, para dar respuesta a las necesidades derivadas de la crisis “social y económica”, que puede tener “dimensiones incalculables”.
El Ejecutivo autonómico también va a poner a disposición de profesionales, familiares y residentes un programa de intervención psicosocial, donde los profesionales puedan trabajar para “reparar el daño emocional y las heridas por la secuelas de la crisis”. Para este objetivo se pedirá la colaboración de profesionales del tercer sector especialistas en este tipo de intervenciones.
Precisamente, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado hoy una resolución por la que se articula la posibilidad de que aquellos usuarios de centros residenciales que se trasladaron a domicilios particulares durante el estado de alarma ya pueden solicitar su reingreso, siempre que se cumplan algunos requisitos. Entre ellos, que el retorno sea informado favorablemente por la coordinación socio.sanitaria de la Gerencia Integrada de la que depende a efectos de asistencia, teniendo en cuenta la situación del centro a nivel sanitario y epidemiológico y el resultado negativo tras la realización de prueba diagnóstica de coronavirus (Test PCR), con tres días de antelación como máximo, si el ingreso se produce desde el domicilio.
Al margen de las residencias, la consejera de Bienestar Social ha recordado las ayudas de emergencia excepcional que la Junta ha puesto en marcha recientemente y que darán respuesta a las necesidades económicas y sociales de unas 13.000 familias y 40.000 personas. Hasta la fecha ha habido ya 7.000 solicitudes. Estas ayudas servirán de “transición” para el Ingreso Mínimo Vital de carácter estatal.
Después, Aurelia Sánchez ha detallado un segundo bloque de medidas de carácter urgente para adaptar los servicios, programas y centros de bienestar social con la función de mitigar las consecuencias de la pandemia. “Son muchos los cambios que se han hecho, pero los principales están circunscritos a recursos residenciales de todas las áreas, con más de 22.000 profesionales trabajando en todos ellos”, ha remarcado, con especial mención a la compra de material de protección.
Plantillas, colectivos y entidades sociales
También se ha referido al aumento de la plantilla de personal en estros centros y ha subrayado que en este momento “no se ha puesto límite a la sustitución” de bajas laborales: en los centros propios de la Consejería ha habido 548 contrataciones de empleados públicos, y además se puso en marcha una bolsa de trabajo específica.
La consejera se ha referido igualmente a otros colectivos. “No hemos olvidado a ninguno durante la pandemia”. Ha mencionado así a las personas con discapacidad, a las que tienen servicio de teleasistencia, a la ayuda a domicilio (que solo se ha dejado de prestar en los casos de personas mayores que han tenido cuidados de familiares), a la infancia y a las familias, donde este departamento ha atendido problemas de convivencia, de ruptura y de “crianza complicada”.
“Son muchas las entidades sociales que trabajan con la Consejería y quiero aprovechar para dar las gracias a todas ellas y también a todos los profesionales que están colaborando y ponen mucho más allá de su obligación profesional. Mi compromiso es seguir trabajando más y conseguir que todos juntos consigamos reconstruir el bienestar de nuestra comunidad”, ha concluido.