Ya hay fecha para la aprobación del nuevo Plan Estratégico de Consumo Responsable de Castilla-La Mancha con horizonte 2024. Según ha avanzado el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, el Consejo de Gobierno dará luz verde a esta estrategia el próximo mes de marzo. Esta normativa, que ya ha desgranado elDiarioclm.es, cuenta con acciones y medidas en materia de compra pública responsable y propone alternativas de economía social y solidaria, entre otros planes de acción.
Este Plan Estratégico desarrolla la Ley regional del Estatuto de las Personas Consumidoras de Castilla-La Mancha aprobada en 2019. Promueve políticas como el consumo accesible e inclusivo, el consumo local y sostenible o la promoción de alternativas de consumo comunitarias. Con ello quiere potenciar la economía social y solidaria como sector económico que “contribuya a dar respuesta a los retos demográficos, medioambientales y de necesidad de creación de empleo local de calidad a los que nos enfrentamos”, tal y como adelantó en su momento el consejero.
El proyecto ya ha pasado por un proceso de participación pública y entre los principios en los que se inspira se encuentran la “ejemplaridad” de las administraciones con la contratación pública“; la atención a la diversidad en el acceso a un consumo inclusivo; avanzar de la protección al empoderamiento de las personas consumidoras mediante formación o creación de estructuras colectivas; o la transición digital para todas las personas consumidoras, esencial también para luchar contra el cambio climático y la transición ecológica.
También incorpora planes de acción específicos para fomentar el consumo inclusivo y circular. En el primer caso, se trata de garantizar derechos básicos de las personas consumidoras y usuarias mediante un trato “correcto, digno y respetuoso” en las relaciones de consumo, así como “no denigratorio en la oferta, publicidad y comercialización” de productos, especialmente si va dirigido a colectivos vulnerables.
Colectivos vulnerables y consumo circular
La norma detalla igualmente la necesidad de velar por la protección prioritaria de los derechos de personas consumidoras en general y, en especial, de determinados colectivos vulnerables. Por ejemplo, que las administraciones públicas con competencias en esta materia adopten las medidas pertinentes para adecuar sus recursos y servicios a las características de las personas y colectivos vulnerables de modo que “no haya una merma en la efectividad de la protección ni mitigación de sus resultados”.
En cuanto al consumo circular, establece una serie de derechos, como el de la soberanía de la persona consumidora para la toma de decisiones de forma libre y consciente, el derecho a un medio ambiente saludable, a la garantía de funcionalidad “con arreglo al ciclo de vida útil esperado de todo producto”, y el derecho de acceso al consumo ético y sostenible. De hecho, incluye la participación de las personas consumidoras en los procesos circulares de producción y consumo y también en la prevención de residuos y en el reciclaje que permita la transformación de un objeto o producto sin uso o destinado a ser un residuo, a una nueva identidad y valor.
Asimismo, y de forma más específica, la normativa aborda la obsolescencia programada estableciendo que la Junta de Castilla-La Mancha, en el ámbito de sus competencias, adoptará reglamentariamente medidas informativas sobre la durabilidad y la reparación de los productos con objeto de prevenir y erradicar las prácticas de producción que tengan por objeto la “reducción intencionada” de la vida útil de los productos, pudiendo a su vez actuar cautelarmente sobre la comercialización de estos.