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La cooperativa energética extremeña EnVerde acusa a Endesa de frenar el enganche de sus placas solares

Planta fotovoltaica.

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La cooperativa extremeña de energía EnVerde ha denunciado a Endesa, una de las tres grandes compañías del sector eléctrico en España, por retrasar la autorización para el enganche a la red de una de las instalaciones fotovoltaicas de la comunidad energética de Mérida. 

Un total de 79 familias y 5 pymes forman parte de esta comunidad Energética, un proyecto impulsado por EnVerde el año pasado para instalar paneles solares en cubiertas de naves ya existentes y producir energía con el menor impacto ambiental. 

 La cooperativa extremeña ha denunciado los “constantes bloqueos burocráticos” por parte de la distribuidora Endesa, ya que, según EnVerde, no permite que la energía que generan los paneles pueda ser vertida a la red y contabilizada como energía autogenerada por las familias y pymes, lo que ocasiona “cuantiosas pérdidas económicas”. 

 La presidenta de EnVerde, Yolanda Tomé Pérez, en declaraciones a EFE, ha señalado que los trámites y los plazos por parte de Endesa son “lentos y costosos”. 

Además, ha subrayado que reclaman la “regularización” y que por ello solicitan amparo y la intervención de las administraciones competentes para que Endesa “cese en sus actuaciones de boicot” al proyecto de soberanía energética y deje de perjudicar a casi 80 familias. 

Asimismo, ha asegurado que el retraso por parte de la compañía eléctrica dura ya “siete meses” y que la demora en la conexión de las instalaciones de autoconsumo a la red está “injustificada”. 

También ha remarcado que varias organizaciones como Unión Renovables, Greenpeace, FACUA o la OCU han denunciado estas prácticas por parte de las aseguradoras en todo el territorio nacional. 

Por lo tanto, este miércoles han registrado una petición formal en la oficina de Atención a la ciudadanía de la Junta de Extremadura para que, desde la Asamblea de Extremadura, la Junta de Extremadura, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Ministerio de Transición Ecológica, la oficina de los consumidores y todos los organismos relacionados con este asunto, aborden este problema y apliquen la norma en beneficio de la ciudadanía.

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