La legislatura en el alambre de Junts

La mañana del 17 de agosto de 2023 la política española se despertó con la mirada puesta en Waterloo. De lo que decidiera hacer Carles Puigdemont con los siete votos de Junts en el Congreso durante el pleno de constitución de las Cortes dependía, ni más ni menos, que la viabilidad de la legislatura. Estaba en juego entonces la presidencia de la Cámara Baja. Y una hipotética derrota de la candidata socialista, Francina Armengol, supondría el portazo definitivo de los independentistas a una posterior investidura de Pedro Sánchez.

Para exprimir la salida del ostracismo que le brindaron los resultados del 23J y para rentabilizar su cuota de protagonismo, Puigdemont decidió dejar a todo el mundo en vilo hasta el último minuto. Ese día, decidió votar que sí tras arrancarle al PSOE el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso y el compromiso de hacerlo también en Europa.

Ha pasado justo un año y, en realidad, la legislatura sigue en un punto muy parecido: en vilo y a expensas de Puigdemont. Sin Presupuestos a la vista, con la producción legislativa a medio gas y con algunas derrotas parlamentarias sonadas, el mandato de Pedro Sánchez continúa atravesado por la inestabilidad que impone la dependencia de Junts, cuyo apoyo de ahora en adelante parece más en el aire que nunca después de la investidura de Salvador Illa en Catalunya. “Ya puede informar al presidente Sánchez de que con Junts no lo tendrá tan fácil, no. No lo tendrán fácil con Junts y les tocará corregir todos los desastres pactados (con ERC). Todo llegará. Todo se hablará en su momento”, advirtió expresamente el senador Eduard Pujol al ministro Óscar Puente, este viernes en el Senado.

A diferencia de los acuerdos con otros socios parlamentarios que apoyan al Ejecutivo desde la pasada legislatura, como ERC o EH Bildu, el respaldo de Junts a Pedro Sánchez no se ha consolidado en ningún momento como estructural ni sólido. Muy al contrario, y a pesar de los intentos del PSOE de que una contrapartida de tanto calado como la ley de amnistía implicara algo más que un mero acuerdo de investidura, el día a día en el Congreso con el independentismo conservador se ha revelado como una auténtica odisea de negociaciones al límite, chantajes y portazos.

Varapalos parlamentarios

Y no se puede decir que no lo avisara el propio expresident. El líder de Junts siempre rechazó de plano que el voto a favor en la reelección de Sánchez a cambio de la amnistía implicase un apoyo que pudiera darse por hecho durante el resto de la legislatura. Cualquier aspiración de estabilidad, advirtió el día de la investidura, tendría que ganársela el presidente “día a día”.

Por eso, y a diferencia del pasado mandato, no resulta extraño ver al Gobierno afrontar batacazos en el Congreso. Fue llamativo el que se llevó incluso en la tramitación de la propia ley de amnistía. En plena discusión por los detalles técnicos de la norma, Puigdemont y los suyos decidieron votar junto al PP y Vox en contra del texto legal que ellos mismos exigían a cambio de la investidura. Un movimiento que consiguió alterar los tiempos de la reelección de Sánchez que manejaban entonces en el PSOE.

Pero los reveses infligidos no quedaron ahí. Justo antes de las vacaciones de verano se produjeron dos de los varapalos más sonados. También junto al PP y Vox, Junts votó en contra de la toma en consideración de la reforma de la Ley de Extranjería y tumbó los objetivos de déficit, la antesala de una negociación presupuestaria que vuelve a verse, por segundo curso consecutivo, como una quimera.

El de los Presupuestos Generales del Estado es, quizás, el principal quebradero de cabeza de los socialistas. En plena carrera electoral en Catalunya y en Euskadi, el Ejecutivo tiró la toalla el pasado invierno y decidió prorrogar las cuentas públicas de 2023. Y se conminó a sacar adelante las de 2025 en cuanto estuviera formado el nuevo Govern catalán.

Pero esa partida de la gobernabilidad catalana estaba, sin embargo, repleta de incertidumbres para el devenir de los acontecimientos en el Congreso de los Diputados. Y, a tenor de los resultados, el éxito de los socialistas en la Generalitat no ha despejado ninguna de ellas. Con Puigdemont en fuera de juego tras el apoyo de ERC a la investidura de Salvador Illa y sin poder acogerse por el momento a la ley de amnistía por decisión del Tribunal Supremo, nadie en Moncloa tiene certezas de cuál puede ser el comportamiento de los siete diputados de Junts de ahora en adelante, pero los augurios no son, ni mucho menos, los mejores.

Con el intento de golpe de efecto de su visita relámpago a Barcelona de por medio, Puigdemont demuestra que la oposición frontal que ya ejerce a Esquerra y al PSC en el Parlament promete ser implacable. Y eso, lógicamente, tiene su réplica en el Congreso.

Los reproches

A la espera de que el partido defina su rumbo y su liderazgo en su cónclave extraordinario del mes de octubre, lo que dice la experiencia acumulada hasta ahora a lo largo de los últimos doce meses es que Puigdemont y los suyos plantean cada negociación parlamentaria con el Ejecutivo a cara de perro: a cambio de un precio político explícito y sin reparo alguno en llevar hasta las últimas consecuencias su voto en contra en caso de falta de acuerdo.

Así ocurrió, por ejemplo, con la aprobación de un decreto anticrisis vital para el Gobierno que estuvo a punto de ser tumbado por Junts. In extremis, los independentistas le sacaron al Ejecutivo el compromiso de ceder competencias a la Generalitat en una materia tan sensible como la migratoria y en plena competencia electoral con la xenófoba Aliança Catalana.

Ese camino de baches ha estado regado, además, de toda una retahíla de amenazas por parte de Carles Puigdemont al presidente Pedro Sánchez sobre su continuidad en la Moncloa. Le lanzó una advertencia durante la campaña electoral catalana sobre un hipotético respaldo del PP a la investidura de Salvador Illa que nunca se produjo ni llegó a estar sobre la mesa. “Nadie entendería que siguiésemos dando apoyo a una persona que no ganó las elecciones, Pedro Sánchez, y que es presidente gracias a nuestros votos”.

Antes, en diciembre, también le afeó a Sánchez que durante la presidencia española en Bruselas no se hubiera concretado el compromiso de la oficialidad del catalán en las instituciones comunitarias. “Las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo por miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables”.

Y algo parecido declaró cuando anunció a principios de agosto que volvería a España para el pleno de investidura en el Parlament. En caso de ser detenido, adelantó “consecuencias desagradables”. Y llegó a reprochar a Pedro Sánchez las decisiones que toma el Supremo. Pero, como por arte de magia, se volvió a escapar.

Ni en la Moncloa, ni en Ferraz ni el conjunto de los socios parlamentarios del Ejecutivo se atreve nadie a hacer pronósticos de cuál será el siguiente plan de Carles Puigdemont. De entre las hipótesis, cada vez tiene menos fuerza la de una apuesta por el pragmatismo y la política útil que permita a Pedro Sánchez vivir medianamente tranquilo lo que queda de legislatura. Y los pequeños pasos dados hasta ahora en el incipiente arranque de curso político tampoco van esa dirección: Junts ya ha registrado en el Congreso la petición de comparecencia de los ministros María Jesús Montero y Félix Bolaños para que den explicaciones sobre el pacto de financiación en Catalunya.

De cara al gran examen anual a la estabilidad de cualquier gobierno, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, sí admiten en el Ejecutivo que el margen de maniobra para la negociación es estrecho. Concedida la ley de amnistía, ya en vigor aunque no aplicada por el momento a Puigdemont, y comprometida la “financiación singular” de Catalunya que el PSOE se niega a calificar como un “concierto” pero que en cualquier caso promete “la llave de la caja” según Esquerra, la capacidad de otorgar contrapartidas de calado a Junts para un voto favorable a las cuentas es limitada.

Están convencidos en el equipo del presidente de que la aplicación de la ley de amnistía tal y como la impulsó el Congreso de los Diputados y su acogida a ella por parte de Puigdemont cambiarían de plano el ambiente político en el independentismo y supondrían un chute de energía a una legislatura en 'standby'. Que en el Gobierno ya contemplen la hipótesis de una segunda prórroga presupuestaria es buena muestra de las pocas expectativas que tienen de que eso ocurra a corto plazo.