El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere que su próximo Plan de Vivienda, para el periodo 2022-2025, sea lo más participativo posible y para ello ha abierto un proceso especial en el que la ciudadanía puede rellenar, de forma anónima, un cuestionario sobre diferentes problemas, planteamientos y circunstancias personales. Entre otras muchas preguntas, en el cuestionario se plantean las medidas que se pueden poner en marcha para facilitar el acceso a la vivienda de las familias más desfavorecidas o en situación de emergencia habitacional. Aquí las posibilidades que da el Ejecutivo es que el Gobierno regional les facilite un alquiler social en su parque de viviendas, que se les cedan “viviendas en precario y gratis”, que se les facilite alojamiento en albergues públicos, o que colaboren las distintas administraciones y entidades especializadas “para la integración de las familias con un trabajo que incluya vivienda y formación”.
Se da la circunstancia de que, mientras se prepara este Plan de Vivienda, del que aún no hay un texto oficial, aún sigue sin tramitarse el complejo anteproyecto de Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha que Emiliano García-Page prometió al comienzo de su primer mandato y que llegó a pasar su fase información pública aunque nunca paso el trámite del Consejo de Gobierno.
En este texto, una de las novedades más importantes era facilitar el acceso a vivienda pública a las personas que no dispongan de la posibilidad de acceso a una vivienda en régimen de arrendamiento en el mercado libre, o bien que deban ser alojadas en otras viviendas. En esos supuestos, se incluía un reconocimiento del derecho a disfrutar de una vivienda que garantice que puedan ser alojadas o, subsidiariamente, percibir ayudas al pago del alquiler.
De este modo, la Administración afrontaba un compromiso concreto de atención a estas personas necesitadas de vivienda, más allá de admitir su petición en los procesos de concurrencia que periódicamente se realizaran. Con ello también trataba de unificar criterio con el resto de la ley -creada, entre otros objetivos, para combatir los desahucios- y la emergencia habitacional, y con el Plan regional de Vivienda vigente, que incluye programas específicos de ayudas para víctimas de realojos.
El anteproyecto que regulaba el realojo
Concretamente, el anteproyecto recogía la protección pública para el adecuado realojo de personas o unidades de convivencia “en situación de emergencia habitacional” que estuvieran en proceso de ser desalojadas de su vivienda habitual y velar por el cumplimiento de los deberes tanto de las entidades financiera como de las empresas inmobiliarias. De hecho, para facilitar los realojos, la Junta incluyó establecer líneas de atención en su política de adjudicación de viviendas, instrumentando la posibilidad de destinar a ello viviendas del programa público de intermediación del alquiler y del Programa de cesión.
En el cuestionario que ahora abren a la ciudadanía, tipo test, el Gobierno regional plantea primero algunas cuestiones personales como sexo, edad, provincia de residencia, nivel de estudios, situación laboral o los ingresos de la unidad laboral, si los hubiera. Propone después otras preguntas más concretas como el tamaño del municipio de residencia en cuanto al número de habitantes, o dónde vive la persona en cuestión la mayor parte del año: si en casa propia, en casa de otros familiares (hijos, padres, suegros). También pregunta sobre el tipo de residencia: unifamiliar, adosada, edificio residencial o edificio destinado a otros usos como colegio, oficina y taller.
Tras preguntar por el régimen de tenencia del domicilio habitual (propiedad, alquiler, herencia), el Gobierno se interesa por el grado de satisfacción con aspectos de la vivienda como el estado de conservación, el tamaño, la distribución interior, la luz natural, la orientación, las vistas o el barrio. Y después pregunta sobre el tipo de vivienda en el que a la persona en cuestión le gustaría vivir. Por ejemplo, da a elegir entre tres de un total de condiciones a las que daría más importancia, como estar cerca de la familia, cerca del lugar de trabajo, en un entorno agradable, que el precio se ajuste a las posibilidades económicas, que la construcción sea de calidad, que se prevea su revalorización en el futuro, o que tenga buenas comunicaciones y equipamientos.
Después, el cuestionario se centra en asuntos importantes para Castilla-La Mancha como la despoblación. Así, plantea que en el caso de tener la oportunidad de vivir en un pueblo pequeño del medio rural, qué aspectos se considerarían imprescindibles para finalmente trasladarse a vivir allí: la calidad de vida, la posibilidad de tener una casa más amplia, precio asequible, facilidad de acceso a servicios públicos o poder teletrabajar, entre otras posibilidades.
Tras incluir otras preguntas concretas sobre el alquiler, entre ellas los motivos por los que alguien pueda mantener su casa vacía sin alquilar, la Junta vuelve a plantear una serie de medidas para favorecer el arrendamiento. Da a elegir entre desgravaciones fiscales para los propietarios que pongan sus viviendas en alquiler, seguro de impagos y desperfectos, facilitando préstamos baratos, o promoviendo directamente la rehabilitación de edificios de viviendas.
Otras cuestiones que incorpora el test se centran sobre todo en el conocimiento que la ciudadanía tiene sobre las ayudas al alquiler o sobre las ayudas a la rehabilitación de viviendas y edificios, al tiempo que plantea la posibilidad de que pudiera incluirse en un Plan de Rehabilitación Integral de mejora del barrio donde se reside.
Análisis y diagnóstico de la región
Según resalta el Gobierno, el futuro Plan Regional de Vivienda 2022-2025 tiene como objetivo principal implementar políticas “atendiendo a las necesidades de la población, con las particularidades territoriales que le son propias”, tales como los niveles de renta, estructura demográfica, tamaño de los núcleos de población, estado de conservación del parque inmobiliario. Para ello, quiere basarse en el análisis y diagnóstico de la situación de la vivienda en Castilla- La Mancha y contando con la participación de la ciudadanía en el diseño de estas políticas.
Esta fase de participación consiste en la cumplimentación de un formulario de recobida de información anónimo al que se puede acceder mediante el siguiente enlace, y que permanecerá activo hasta el próximo 15 de noviembre. Por el momento, tan solo ha habido una fase de consulta previa en el que han participado algunas entidades y asociaciones como la Plataforma de Edificicación Passifhaus, el Colegio Oficial de Arquitectura de Castilla-La Mancha o la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Toledo.
En paralelo a la preparación de este plan, el Gobierno castellanomanchego ha colocado en el centro del debate político su propuesta de ley contra la ocupación ilegal de viviendas: Emiliano García-Page ha dado un ultimátum a Pedro Sánchez para tomar en consideración esta iniciativa legislativa que parte de las Cortes regionales. La Junta reconoce que no se trata de un “problema generalizado” pero considera que afecta en gran medida a muchos municipios de la región y que es urgente que se aborde a nivel estatal.