Tan solo el 6,4% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y únicamente al 1,2% de la población española le llega el IMV. Sin embargo, el sistema anterior de Rentas Mínimas de carácter autonómico ofrecía una cobertura superior, quedándose en un 8%, es decir, 1,6 puntos por encima del IMV. Así se desprende de los datos de marzo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social recogidos por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
“La cobertura del Ingreso Mínimo Vital continúa siendo desigual en el territorio nacional”, afirma este colectivo. Argumenta, conforme a los datos, que hay comunidades autónomas que solamente tienen una cobertura del 3,5%, como Baleares, o del 4,2% como Cataluña o Castilla-La Mancha; y del 12,2% de Aragón o del 14,2% de Navarra, comunidad que ha realizado la pasarela desde su sistema de Rentas Mínimas. Melilla mejora este dato, llegando a un 16,8% y Ceuta al 13,9%.
Comparando con el total de España, las personas beneficiarias del IMV solo llegan al 80% de las beneficiarias del sistema anterior. El número de personas perceptoras del nuevo ingreso mínimo respecto a las de las rentas mínimas es “muy desigual, así”: en Canarias se han multiplicado por tres, en Castilla-La Mancha por dos, mientras que en Navarra o Islas Baleares únicamente lo cobran una de cada 5 personas de las que antes percibían la renta autonómica anterior. En otras comunidades como Extremadura o Galicia las personas perceptoras son similares.
La cuantía media por persona perceptora de los IMV en el conjunto de España supone el 16,4% de la renta media por hogar en el país. Afirman que se trata de “una cuantía extremadamente baja” e inferior al 17,1% del sistema de rentas mínimas. Asimismo, según estos datos, del total de solicitudes sólo se han aprobado una de cada 4, un 26%. “Una cifra irrisoria que no responde a las expectativas depositadas en este nuevo derecho subjetivo ni tampoco responde a las necesidades de la población azotada por las consecuencias sociales de la pandemia de COVID-19”.
Procedimiento complejo y criterio de vulnerabilidad
La Asociación considera que las denegaciones se producen por la complejidad del procedimiento y la dificultad de cumplir unos exigentes requisitos. “El propio Ministerio reconoce que la mayoría de las denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio). Hay que tener en cuenta que se valoran los ingresos de la renta de 2019, año en el que no impactó la pandemia de la COVID-19”. También reconoce el Ministerio que un 10% de las denegaciones se deben a la falta de acreditación de la unidad de convivencia, para la que se sigue exigiendo el padrón histórico colectivo.
En definitiva, el Gobierno “no ha cumplido, ni siquiera con una cuarta parte del objetivo que se planteó de que en unos meses llegaría el IMV a las 800.000 familias que malviven en la pobreza extrema en nuestro país”. Mientras tanto, concluye, las “colas del hambre deberían avergonzar a los gobernantes y en lugar de ser noticia, tendrían que ser la denuncia continua de la impericia del Gobierno en la gestión de la vacuna contra la pobreza que es el Ingreso Mínimo Vital”.