El Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS), la 'renta mínima' castellanomanchega, tiene en esta región una antigüedad de 25 años y desde la pasada semana ha sido sustituido de forma parcial por la ayuda estatal, el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Esto significa que se seguirán pagando las ayudas autonómicas que ya estén resueltas y respetando los plazos, pero que se archivan las nuevas solicitudes no tramitadas. Esta situación ha provocado las críticas de partidos, sindicatos y del Colegio de Trabajo Social de Castilla-La Mancha, entre otros, y la Consejería de Bienestar Social ha querido clarificar la polémica bajo una premisa “fundamental”: ninguna familia ni persona en situación de vulnerabilidad se quedará sin ayudas: se mantendrán las del IMS ya resueltas, podrán optar a las del IMV y en caso de no cumplir los requisitos de esta última, tendrán a su disposición tanto las Ayudas de Emergencia Social (AES) que el Ejecutivo regional convoca de forma permanente, como las prestaciones extraordinarias aprobadas el pasado mes de mayo para situaciones sobrevenidas por la pandemia de COVID-19.
La viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales del Gobierno de Castilla-La Mancha , Guadalupe Martín, explica a elDiarioclm.es que la decisión de dejar sin efecto de manera parcial la renta autonómica ha sido fruto de un proceso “de muchísima reflexión” tras la aprobación del Ingreso Mínimo Vital con carácter estatal.
“Siempre habíamos solicitado la creación de una renta básica para todo el país porque la deriva era de mucha variabilidad de unas regiones a otras. Una vez aprobado el IMV, todas las comunidades autónomas hemos tenido que adaptar nuestros sistemas a esta realidad. Por ese motivo, y sabiendo que había personas que podían solicitarlo y a su vez eran perceptoras de la renta regional, no queríamos caer en la trampa de que, al coincidir las dos prestaciones, luego hubiera incompatibilidades entre ellas y tuviéramos que reclamar pagos indebidos a los perceptores del IMS. Conociendo sus necesidades y situaciones, solicitar esos pagos hubiera sido muy triste y hemos querido evitarlo”.
En Castilla-La Mancha, el año pasado se beneficiaron de la renta mínima regional un total de 4.132 familias, el punto más alto de resoluciones en toda su historia, con una ejecución de 18 millones de euros. De hecho, a finales de año el Ejecutivo castellanomanchego tuvo que realizar un incremento presupuestario de 5 millones de euros para llegar a todas las solicitudes. En ese momento se constataron “las dificultades para ampliar aun más el presupuesto”, aunque con la vista puesta en la posible aprobación del ingreso mínimo estatal.
Ayudas excepcionales
“Pero con la llegada de la pandemia, vimos que muchas familias tenían una caída considerable de recursos”, recalca la viceconsejera, motivo por el que, manteniendo todavía el IMS regional, se aprobó el pasado mes de mayo un decreto de ayudas de emergencia excepcional para personas y familias con circunstancias sobrevenidas por la COVID-19. Para ello, se dio luz verde a un gasto de otros 15 millones de euros, ejecutados de forma paralela al IMS y a fondo perdido.
Dos meses después, y una vez que el Gobierno central aprobó el IMV, el Ejecutivo autonómico comprobó que había personas solicitando el IMS, el IMV y las ayudas de emergencia. “Eran muchas confluencias, en las que teníamos que ver caso a caso quién las había percibido, qué cantidades y por qué conceptos. Eso nos hizo tomar la decisión de que era preferible sugerir a los perceptores de la renta autonómica que pidieran la estatal, mientras que a otras se les ha dado respuesta con una ayuda de emergencia excepcional”. De hecho, de estas últimas prestaciones, todavía se están resolviendo muchos casos, ya que lo han solicitado más de 24.000 familias.
Guadalupe Martín insiste en que el objetivo ha sido en todo momento hacer prestaciones justas que pudieran llegar al mayor número posible de beneficiarios y que “no entraran en colisión unas con otras”. Señala a este respecto que los números demuestran que nunca se había llegado a un nivel tan alto de perceptores en la región: la suma de personas que reciben IMS y el IMV ya incorporados está actualmente por encima de las 6.780 personas en 2020. “Y al mismo tiempo las del IMV siguen subiendo cada semana”.
La complejidad del sistema de prestaciones
La cuestión no deja de ser compleja. Porque aparte de las mencionadas ayudas excepcionales por la COVID y de las dos rentas (la autonómica ya sin efecto y la estatal), todo el año están abiertas las Ayudas de Emergencia Social (AES) que la Junta convoca para situaciones sobrevenidas de pérdida de ingresos. Este año se han resuelto casi 1.400 prestaciones de este tipo y la previsión es darle salida a otras 1.500. Estas últimas “van a seguir en vigor porque nadie está libre de una circunstancia sobrevenida de pérdida de ingresos”.
Precisamente debido a esta complejidad en el abanico de prestaciones y a la llegada del IMV, el Gobierno de Castilla-La Mancha está preparando un decreto de reordenación de las mismas para “unificarlas y vincularlas a la nueva realidad” y a otras ayudas como las de pobreza energética. “Tenemos que plantearnos también cómo damos cobertura a los ciudadanos que se quedan fuera de las condicionales de la renta estatal o con cantidades menores, y por eso estamos garantizando que, si cobran menos, esa diferencia se compense. Es cierto que nuestra voluntad de ir deprisa colisiona con el ritmo con el que se resuelve el IMV, por lo que debemos ir haciéndolo de forma complementaria y subsidiaria para ser lo más garantistas posibles”.
Las previsiones del Gobierno central apuntan a que el Ingreso Mínimo Vital pueda llegar en total a 40.000 familias castellanomanchegas. “Con la avalancha de solicitudes y con el hecho de que tuvieran que hacerse de forma telemática, hemos asumido un papel de colaboradores estrechos con el Ministerio mediante toda nuestra red de trabajadores sociales, que se han volcado en acompañar a las personas y que se pueda incorporaran el mayor número de ciudadanos. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia estos profesionales”, ha concluido, remarcando que se ha sugerido a los equipos de servicios sociales que valoren qué es lo más idóneo para el ciudadano, ya sea a través del IMV, de las ayudas excepcionales derivadas de la pandemia o de las de emergencia social.