Castilla-La Mancha garantizará por ley la atención psicológica gratuita pública (o conveniada con entes privados) “con carácter inmediato y de forma continuada hasta alcanzar la estabilización psicológica” a las víctimas de terrorismo, incluso aunque las secuelas aparezcan de forma tardía o se reproduzcan. Y para ello se formará de manera continuada al personal sanitario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) con el fin de mejorar el diagnóstico, la asistencia terapéutica y las acciones de rehabilitación de las patologías, agudas o crónicas, asociadas a acciones terroristas.
La Junta castellanomanchega también se compromete a garantizar la asistencia sanitaria a quienes hayan sufrido lesiones, daños o cualquier otro menoscabo en su salud por actos terroristas y que no tengan cubiertos los gastos de asistencia sanitaria por cualquier sistema de previsión público o privado. La norma incluye además la asistencia psicopedagógica específica e individualizada a los alumnos de centros sostenidos con fondos públicos que necesiten apoyo extra.
Son algunas de las medidas que incluye el anteproyecto de la Ley de Reparación y Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo que acaba de recibir el visto bueno del Gobierno regional y que todavía deberá pasar el trámite parlamentario. Lo anunciaba el vicepresidente regional el mismo día en el que se cumplen 25 años del asesinato del edil Miguel Ángel Blanco a manos de ETA.
José Luis Martínez Guijarro ha explicado que, en un momento en el que se habla mucho de “memoria”, es necesario dignificar a las víctimas de terrorismo. “Es un deber moral y ético (…) y con esta Ley venimos a contribuir al sentido común en la política nacional”.
Las beneficiarias serán personas empadronadas en la región, tanto las que residan actualmente como las que se asienten en la comunidad autónoma y sean víctimas reconocidas de terrorismo por parte del Ministerio del Interior: son 284 personas con una media de edad de 60 años. Una buena parte de ellas residen en la provincia de Guadalajara y se vieron afectadas por los atentados del 11M, según fuentes de la Vicepresidencia del Gobierno.
El vicepresidente de Castilla-La Mancha cree que la norma tendrá “carácter integral de incentivación positiva”. Y ha detallado las medidas más destacadas, como el acceso prioritario de las víctimas de terrorismo a los servicios sociales de base, a la ayuda a domicilio o a la atención a Dependencia o a los recursos residenciales.
En el ámbito educativo, también tendrán acceso preferente a las ayudas de comedor escolar, materiales, transporte o residencias universitarias y se incluyen exenciones en el pago de tasas académicas o el acceso gratuito a los centros y recursos culturales de la región.
Dispondrán de itinerarios personalizados en programas de empleo y formación profesional para el empleo y tendrán bonificaciones del 50% en el transporte interurbano en la región, con la posibilidad de suscribir acuerdos con los ayuntamientos para el transporte urbano.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha establecerá por otro lado beneficios fiscales para “quienes tengan la condición de víctimas de terrorismo, o en su caso, a sus herederos”. La disposición final segunda incluye modificaciones de la Ley de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha, aunque habrá que esperar, como con el resto de medidas, a su aprobación definitiva para que se confirmen.
Dispensas especiales en materia de Vivienda
En materia de vivienda los beneficiarios tendrán un asesoramiento especializado y específico así como acceso preferente “si es necesario” y habrá bonificaciones fiscales en el impuesto de sucesiones y también en el de transmisiones y actos jurídicos documentados a la hora de adquirir la primera vivienda.
Las personas víctimas de la acción terrorista estarán dispensadas de la norma general de no ser titulares de otra vivienda a la hora de acceder a la vivienda de iniciativa pública si se trata de acceder a otra más adaptada a sus necesidades. También estarán exentas del empadronamiento en el municipio en cuestión para optar a la adjudicación de una vivienda de protección pública.
El texto tiene cuatro títulos, 36 artículos, dos disposiciones adicionales, una transitoria y cuatro disposiciones finales. El objetivo, ha dicho Martínez Guijarro es “reconocer a las víctimas y también sensibilizar al conjunto de la sociedad”, más allá de promover actos de recuerdo u homenaje. La ley incluye la posibilidad de otorgar distinciones no solo a las víctimas de terrorismo sino a las instituciones o personas que destaquen por su actuación en defensa o atención a las víctimas.
En su elaboración han participado la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la Asociación de Víctimas del 11M y la Asociación de Víctimas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El Gobierno regional se compromete en esta ley a “establecer un plan anual para el apoyo económico y técnico destinado a las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo con implantación en Castilla-La Mancha”.
No es una ley que indemnice a las víctimas de forma complementaria al Estado
Aunque en el texto normativo se ha considerado la posibilidad de otorgar ayudas complementarias a las que ya ofrece el Estado a través de la Ley 29/2011, de 6 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, finalmente se ha descartado. “Se ha optado por prescindir de tal medida, al considerar que la regulación estatal cubre adecuadamente estas contingencias”, dice la Memoria Económica de la ley castellanomanchega.
Según la base de datos del Ministerio del Interior, a fecha 14 de diciembre de 2021, la cuantía de estas indemnizaciones, a los 284 beneficiarios con domicilio en la Comunidad Autónoma, ascendía a la cantidad de 30.095.978,12 euros
El Ejecutivo castellanomanchego reconoce que algunas comunidades autónomas sí han regulado indemnizaciones complementarias: prestaciones por fallecimiento, daños físicos y psíquicos o reparación de daños materiales, entre otras, con una cuantía equivalente al 30% de la cantidad concedida por la Administración General del Estado para el mismo supuesto.
“Castilla-la Mancha no puede asumir la regulación de indemnizaciones complementarias” al cifrar en nueve millones de euros lo que tendría que pagar. En concreto, en la región hay 89 expedientes por fallecimiento a los que el Estado destina 15,5 millones de euros. La comunidad autónoma debería asumir de forma complementaria un 30% de esa cifra en su Tesorería, es decir, 4,6 millones de euros
A eso suma un expediente de gran invalidez, con 1,6 millones de euros. La región tendría que asumir otros 495.000. Hay otros nueve de incapacidad permanente absoluta, con 1, 4 millones que abona el Estado y 449.127,41 que debería aportar la comunidad autónoma.
Otros 35 casos están reconocidos con la incapacidad permanente total (4,3 millones abona el Estado y 1,3 más irían con cargo a la Tesorería de la región), otro más cuenta con la declaración de incapacidad permanente parcial (116.444,19 euros por parte del Estado y 34.933,26 con cargo a la región) y la mayoría de los expedientes, 149, son casos de lesiones no invalidantes e incapacidad temporal a los que el Estado destina 6,9 millones y Castilla-La Mancha debería aportar otros dos millones de euros.
Además, y aunque el vicepresidente no los ha citado, la memoria económica del anteproyecto de ley incluye un caso de secuestro y otro de amenazas con un montante económico de 47.854,82 euros (14.356,446 más iría con cargo a la Tesorería castellanomanchega). También se incluye otro caso de lesiones no invalidantes e incapacidad temporal al margen de los ya citados, con un importe de 7.451,21 euros ( 2.235 euros más con cargo a las arcas de la región). Si sumamos estos tres casos, el total de víctimas reconocidas en la región asciende a 287.
¿Qué supondría esta ley a las arcas de Castilla-La Mancha?
Entre costes directos e indirectos, la implantación y desarrollo de las medidas de la ley costarán 275.892 euros en 2022, 1.693.360 euros en 2023 y 1.753.464 euros en 2024.
“El Anteproyecto de Ley no prevé la creación de ningún alto cargo nuevo, ni de una nueva estructura orgánica”, aclara la Memoria Económica de la ley, y se vincula a la Viceconsejería de Relaciones Institucionales, que reside en la Vicepresidencia regional. Pero sí se creará un puesto funcionarial, en concreto de técnico superior, para “asumir el aumento de tareas de coordinación de expedientes generados por la aplicación de la norma”.
En el detalle de algunos de estos gastos están los descuentos en el transporte interurbano a personas víctimas de la acción terrorista para los que se espera un impacto anual en las arcas regionales de 15.000 euros. En cuanto a ayudas relacionadas con la vivienda, y dentro del nuevo Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación 2022-2025, el gasto se estima en 57.720.000 euros.
Para las ayudas de comedor escolar, aula matinal y alimentación completa en residencias no universitarias en los centros docentes públicos de enseñanza no universitaria se prevé consignar la suma de 38.000 euros. Para facilitar el acceso al empleo a las personas víctimas de la acción terrorista se prevén otros 71.000 euros. Y para la Formación Profesional para el Empleo otros 100.000 euros más.
Para programas sociales básicos la valoración presupuestaria mínima estimada asciende a 50.000 euros. Y para atención a la Dependencia se destinarán 150.000 euros. La asistencia sanitaria, psicológica y psicopedagógica con cargo al SESCAM tendrá una inversión de 324.000 euros a los que se suman otros 150.000 más para formar a los sanitarios.
Otro ejemplo son las exenciones en tasas que supondrán un gasto total de 27.000 euros a lo que se sumarán las reducciones y bonificaciones tributarias
El texto normativo pasará ahora al Consejo Consultivo para que, a la vuelta del verano, pueda informar de sus consideraciones. Será entonces cuando el proyecto de ley se remita a las Cortes regionales. El Gobierno espera que entre en vigor antes de fin de año y que pueda contar con el “máximo consenso” de los representantes políticos en el Parlamento castellanomanchego.
Ley de Memoria Democrática: “El PP no debe mezclar”
Hoy el presidente del PP de Castilla-la Mancha Paco Núñez ha vuelto a pedir al secretario general del PSOE autonómico y presidente de la región, Emiliano García-Page, que ordene a los diputados socialistas por la Comunidad Autónoma en el Congreso que voten en contra de la Ley de Memoria Democrática.
Lo hacía coincidiendo con el 25 aniversario del asesinato del edil del PP Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. Y además pide que lo haga por escrito suscribiendo un manifiesto remitido por el PP a la Presidencia de Castilla-La Mancha.
“Hay que entender cómo funcionan las instituciones en el país. Si cada vez que se aprueba una norma estatal nos tenemos que pronunciar en los parlamentos autonómicos…”, respondía el vicepresidente regional cuando le preguntaban hoy por el tema.
“Aquí reconocemos la memoria de las víctimas de terrorismo. No hay que mezclar ambas cosas”, decía Martínez Guijarro quien se ha mostrado confiado en el apoyo del PP a la ley regional. Sobre la ley estatal de Memoria Democrática, “el presidente del gobierno lo ha dejado meridianamente claro, lo demás son ganas de enredar”, decía en alusión a las palabras de Emiliano García-Page que ha reconocido abiertamente estar en contra de la ley nacional.
Este martes, en distintos puntos de la región se están produciendo numerosos homenajes de recuerdo a Miguel Ángel Blanco.