Julio de 2017, las cuentas de Castilla-La Mancha se encontraban bloqueadas desde principios de ese año por el ‘no’ de los dos diputados que entonces tenía Podemos en el Gobierno regional. No parecía que hubiese salida de la situación, hasta que ambos partidos llegaron a un acuerdo para conformar el primer Gobierno en coalición. José García Molina, entonces vicepresidente primero de las Cortes de Castilla-La Mancha, asumió el cargo de Vicepresidente Segundo de la Junta y la profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, Inmaculada Herranz, ocupó el puesto de consejera encargada de la coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas.
La situación no estuvo exenta de polémica. Antes de llegar al acuerdo con la formación morada, el PSOE lo intentó también, pero sin resultados, con el PP. Podemos anunció que realizarían una consulta a la militancia para llevar a cabo o no el acuerdo con el PSOE, y el que entonces era también diputado de la formación, David Llorente, aseguró que se habían llevado a cabo negociaciones a “título personal” sin tener en cuenta siquiera al Consejo Ciudadano. “Es una propuesta trampa que pretende convertir a Podemos en una muleta del PSOE”, afirmaba entonces Llorente en una entrevista con este medio. La pregunta que Podemos hizo a su militancia “¿Crees que Podemos Castilla-La Mancha debería votar sí a los presupuestos si con un acuerdo de gobierno se garantiza la puesta en marcha y el control de políticas propias como la Renta Garantizada o el Plan de Garantías Ciudadanas?”, recibió el apoyo de cerca el 80% de las bases que votaron, pero la división del partido se hizo notar tras la decisión.
Podemos llegó a incluso a predecir que el acuerdo sería un precedente para “echar a Rajoy”. Así lo señaló el que fuera secretario de Organización del partido a nivel estatal, Pablo Echenique, quien acudió a la ceremonia de toma de posesión de García Molina y Herranz. Por su parte, Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Comunidades hacía unas declaraciones que no parecen muy diferentes a las que hizo Pedro Sánchez al anunciar su acuerdo con Pablo Iglesias para un Gobierno de coalición entre ambos partidos: “Tenemos un planteamiento acordado sobre la base de fondo. Hace dos meses no fue posible y no vamos a volver la mirada hacia atrás, hemos planteado mirar hacia adelante”.
Dos leyes que no salieron adelante
El Plan de Garantías Ciudadanas era, sin duda, una de las apuestas más importantes de Podemos y desde la consejería de Herranz se llevó a cabo un amplio trabajo al respecto, que incluyó llevar a cabo un complejo plan a nivel regional, desarrollado por la Universidad de Castilla-La Mancha. García Molina explicaba también que las experiencias como las consultas ciudadanas tendrían una gran importancia en el desarrollo de la región y para ello, la Ley de Participación Ciudadana suponía un paso importante que se debía dar antes de acabar la legislatura. La idea era convertir también el Plan de Garantías Ciudadanas en una Ley y fueron ambas legislaciones las que marcaron el trabajo de los miembros de Podemos en el Gobierno.
Sin embargo, dos años parecieron no ser suficientes y ninguno de los dos proyectos logró llegar a las Cortes regionales. En febrero de 2019, el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, anunciaba que no se enviaría la Ley de Garantías Ciudadanas a las Cortes debido al “egoísmo” del portavoz parlamentario de Podemos, David Llorente, al que acusaba de haber “hecho pinza” con el PP al votar en contra de la Ley de Mecenazgo. Fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha aseguraron entonces a eldiario.es/clm que fueron los propios miembros de Podemos en la Junta los que pidieron a Hernando que hiciera tal anuncio.
Aunque desde Podemos han lamentado que las leyes no salieron adelante, justo antes de acabar la legislatura se escudaban en el argumento de que ellos ya habían hecho su parte y que correspondía al PSOE finiquitar los trámites. Las leyes se quedaron en el tintero y, además, en la nueva legislatura, el Gobierno del PSOE, esta vez en mayoría absoluta, recalcaron que la aprobación de la Ley de Garantías Ciudadanas “no era perentoria”. La Ley de Participación Ciudadana llegará a comisión parlamentaria en las próximas semanas, pero se le ha quitado la nomenclatura de ‘ciudadana’ y se tramitará con enmiendas que, por ejemplo, eliminan órganos como el Observatorio Ciudadano.
Jorge Uxó, miembro de la gestora de Podemos en Castilla-La Mancha, ha querido recordar que un gobierno en coalición “no solo se ha vivido en la región, sino que actualmente ocurre en seis comunidades autónomas”. Uxó ha aludido a las “dos principales aportaciones” de Podemos Castilla-La Mancha en la pasada legislatura: la Ley de Garantías Ciudadanas y la Ley de Participación Ciudadana.
“Lamentablemente hoy están o paradas o con enmiendas que las desnaturalizan” y, ante el preacuerdo de hoy que puede culminar en un Gobierno real en España se ha mostrado esperanzado. “Ojalá que estos acuerdos vuelvan a ponerse sobre la mesa. Sería un resultado indirecto muy positivo derivado del acuerdo nacional”.