Castilla-La Mancha ha decidido izar bandera en el debate estatal surgido en torno a la ocupación ilegal de viviendas. Mientras, poco o nada se sabe del anteproyecto de la Ley regional de Vivienda que está en espera de aprobación desde el inicio de la primera legislatura de Emiliano García-Page, hace más de cinco años, el Ejecutivo ha presentado una proposición de ley 'anti-ocupas', una fórmula mediante la cual primero debe aprobarse en las Cortes regionales y después se remite al Congreso, ya que incluye competencias estatales. Es decir, es una propuesta que la Junta realiza a Moncloa. De hecho, el Gobierno castellanomanchego quiere abrir un diálogo con el central para convencerle de las bondades de su texto. Reconoce no obstante que “no hay cifras” sobre la afectación de la ocupación ilegal de viviendas en Castilla-la Mancha y que no sabe en qué medida afecta a la comunidad autónoma.
Mientras, sigue en ‘stand by’ el anteproyecto de Ley regional de Vivienda que comenzó su elaboración hace cinco años: alguno de sus objetivos son frenar los desahucios, dar más competencias a los ayuntamientos para la oferta de vivienda pública y modificar el régimen de vivienda protegida.
Tras anunciarlo Emiliano García-Page al inicio de esta misma semana, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado conocimiento de la proposición de ley de “medidas Integrales para la protección del patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal” que el PSOE ha registrado en las Cortes regionales de cara a su aprobación y posterior remisión al Congreso. El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha sido el encargado de detallarla, recalcando que se trata de una norma “muy contundente”.
“Es un texto que persigue terminar, de una vez con todas, con una tremenda injusticia que se está produciendo en España y que en los últimos años, cada vez más, tiene un crecimiento exponencial. Una injusticia donde los agresores tienen mayor respaldo jurídico que las víctimas: es la ocupación ilegal de lo que estamos hablando y lo que queremos atajar”. Según ha subrayado, estos actos delictivos “no se asemejan en nada al drama que vivió este país en forma de desahucios de familias que habían pagado su hipoteca hasta que perdieron su trabajo por culpa de los recortes o de la crisis económica”, sino que es una “acción premeditada con finalidad lucrativa que aprovecha la situación de vulnerabilidad de muchas familias para disfrazar acciones delictivas”.
Entre los cambios que registra esta propuesta se encuentra la transformación para considerar esta situación un “delito grave” proponiendo un endurecimiento de las penas hasta tres años -en caso de uso de la violencia o intimidación- y multa de hasta doce meses -en caso de ocupación pacífica no consentida-, así como el aumento del tiempo de prescripción del delito de uno a cinco años, ya que el actual plazo de un año acarrea en múltiples ocasiones que el delito quede sin castigo, por haber prescrito. Asimismo, recoge la tramitación por juicio rápido de las ocupaciones, la facultad de la policía para poder denunciar ante el Juzgado con el atestado de la ocupación y el ‘desalojo exprés’, con un plazo de 48 horas para que los juzgados deban acordar el desalojo del ocupa.
Aumento de agravantes
La iniciativa legislativa contempla un aumento de los agravantes con sanciones para la utilización de las viviendas ocupadas para la comisión de otro tipos de delitos graves, como puedan ser la explotación laboral y sexual de personas; actos de prostitución y de explotación sexual y corrupción de menores; la elaboración, distribución y venta de sustancias estupefacientes; la ocultación de material robado o su receptación; el uso de fuerza en las cosas; o la reincidencia del autor o autores de la ocupación ilegal.
En este objetivo de combatir el supuesto aumento de la ocupación ilegal, acompañan a la Junta, aunque desde la crítica a su gestión, tanto Ciudadanos como el PP, los partidos que tienen representación parlamentaria junto con el PSOE. Desde Cs han apremiado en varias ocasiones a la Junta a tomar las riendas del asunto y legislar con este objetivo. Por su parte, y en paralelo a la concreción de la proposición de ley detallada hoy por el Ejecutivo regional, el presidente del PP castellanomanchego, Paco Núñez, ha anunciado que su Grupo Parlamentario también ha registrado la suya propia.
Es una absoluta mezquindad comparar toda ocupación con delincuencia
Tan solo Izquierda Unida (IU) ha denunciado que esta no es la prioridad. Su coordinador regional, Juan Ramón Crespo, ha pedido a García-Page que “abandone el populismo” y ofrezca viviendas públicas a las familias en peor situación económica. Según ha subrayado, es “una absoluta mezquindad, además de mentira, comparar toda ocupación con delincuencia”. “Es un tema que se está tratando desde un punto de vista populista y resulta lamentable ver a alcaldes, presidentes de diputaciones y parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha con este mismo discurso. Lo que deben hacer es perseguir la delincuencia donde se produzca, ya sea en una casa ocupada o en un chalet de La Moraleja, pero no criminalizar a familias que no tienen un techo donde protegerse”.
Según IU, más del 95% de las casas que se ocupan son viviendas que están cerradas desde hace años y que se encuentran en manos de bancos y 'fondos buitre', mientras que un porcentaje ínfimo es de viviendas que sí son de propietarios privados, la mayoría también cerradas desde hace años. “Page es el responsable de que no haya habido una política de vivienda pública asequible y de calidad y de que tengan una Ley de Vivienda durante más de cinco años en un cajón”.
Es una posición similar a la que mantiene la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Castilla-La Mancha. En este colectivo van más allá al criticar que el Gobierno de García-Page representa “el modelo negacionista de la crisis de vivienda”. “Cuando todas las administraciones públicas, estatal, autonómicas y municipales, se encuentran en tensión social por la carencia de vivienda pública en alquiler que pueda reducir los graves problemas que arrastra nuestra sociedad desde el inicio de la crisis económica en 2008, nuestro Gobierno regional considera que la vivienda pública es un problema a eliminar”, destacan.
Tras enumerar los problemas arrastrados desde hace años por el parque de vivienda pública como su “nefasta gestión administrativa”, una “falta total de mantenimiento” y “el abandono de bloques y promociones públicas enteras a su suerte con un gravísimo deterioro de la convivencia”, el colectivo anti-desahucios dice asistir “con perplejidad” a una campaña de “criminalización de la ocupación de viviendas”. Según afirma, con ello se busca “blanquear los desahucios (que se estima serán cuantiosos a causa de la actual crisis de los efectos de la COVID-19), en beneficio de los bancos, 'fondos buitre' e incluso empresas de seguridad que son propiedad de estos mismos fondos”.
La PAH critica que nadie se moleste en analizar por qué se producen las ocupaciones, qué clases de familias las realizan, cuáles son sus circunstancias personales y laborales, cuántas de ellas fueron desahuciadas de sus viviendas por no poder pagar sus préstamos hipotecarios, ni cómo han l llegado a caer “en manos de mafias que les facilitan una vivienda vacía que ocupar a cambio de un dinero que no tienen”. También se pregunta quiénes son los propietarios de la gran mayoría de casas vacías y abandonadas en muchos caso y que “curiosamente nadie les reclama”.
En el anteproyecto de Ley de Vivienda que sigue sin aprobarse se recogen una serie de medidas que después han sido modificadas debido a la situación en el Gobierno central y a la espera del Plan estatal de Vivienda. Sus objetivos iniciales eran ofrecer más alternativas para evitar desahucios en la comunidad autónoma, modificar los sistemas de protección y dar más capacidad a los ayuntamientos para ejercer competencias en vivienda y poder aumentar su oferta pública, sin la rigidez actual.
El papel fundamental de los ayuntamientos
La última mención a la misma que hizo el consejero de Fomento fue en una entrevista con elDiarioclm.es el pasado mes de julio. Afirmó que hay un equipo de técnicos trabajando sobre ello y “vamos a ver por dónde tira el Ministerio”. La propia Federación de Municipios y Provincias (FEMP) de Castilla-La Mancha apremió en su momento a la aprobación de la misma. Consideraba, de hecho, que aunque esta ‘segunda vuelta’ tomaría su tiempo, era importante abordar y aprobar este proyecto de ley “con urgencia y cuanto antes” porque “hay muchos ayuntamientos que tienen la necesidad acuciante de empezar a regular determinadas cuestiones como el parque de viviendas vacías, especialmente en zonas como La Sagra y el Corredor del Henares”.
En este sentido, el gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) de Toledo, Luis Enrique Espinoza, insiste en que Castilla-La Mancha “se está quedando atrás” respecto de otras comunidades en materia de vivienda, en las que se penaliza la especulación de los grandes tenedores o se buscan nuevas fórmulas para promover la vivienda asequible. “Si bien la ocupación ilegal es un problema con impacto mediático y que crea inseguridad y rédito político, lo cierto es que numéricamente es un fenómeno anecdótico y mayoritariamente circunscrito a promociones abandonadas, propiedad de empresas quebradas, bancos o fondos muy localizadas en pocos municipios”. Reconoce que puede haber mafias detrás y que falta agilidad en la respuesta, “pero el Gobierno autonómico tiene limitaciones competenciales para afrontar este problema”.
Finalmente, el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM) considera importante ambas cuestiones. Su decana, Elena Guijarro, opina que la ocupación ilegal es uno de los problemas que tienen las ciudades actualmente y “supone además un grave riesgo para los vecinos, dentro de los barrios”. Pero asimismo lo es, añade, el anteproyecto de Ley regional de Vivienda. “Es un tema necesario, al igual que se deben adaptar las normas actuales desde el punto de vista urbanístico, también desde el punto de vista de habitabilidad”. El COACM, en colaboración con los Colegios Oficiales de Arquitectos de España (CSCAE), está trabajando con las administraciones autonómicas, estatales, provinciales y locales, para intentar minimizar las consecuencias económicas que se van a derivar de la crisis sanitaria, y a la vez “conseguir mejorar las condiciones de habitabilidad y el desarrollo sostenible de nuestra región, sin olvidar ese grave problema que nos afecta directamente, que es la despoblación de algunas zonas de nuestro territorio”.