La catalogación del muflón como “especie exótica” prohibirá su caza
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha abierto diversas sentencias por las cuales prohíbe la caza de algunos animales como el muflón, un animal que está ya relativamente extendido por la región y que se ha usado en cotos de caza y en vallados cinegéticos.
Este animal, que en la región puede verse principalmente en la Sierra de Alcaraz (suroeste de Albacete), Serranía de Cuenca y terrenos por encima de los 800 metros de la comunidad (norte de Guadalajara, alguna pequeña población en los Montes de Toledo y sur de las provincias de Ciudad Real y Albacete) ha sido considerado por el tribunal autonómico como “especie exótica”, por lo que prohíbe totalmente su caza. También lo hace con el arruí, otro animal de la misma familia que se encuentra escaso en la región (en la zona colindante entre Albacete y Murcia).
Una declaración por parte del tribunal castellano-manchego que rompe con lo que considera el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que no considera a ninguna de estas dos especies en España como “exótica” y por tanto sí permite su caza. Como la decisión de prohibir cazar al muflón y al arruí no es definitiva, la Federación de Caza de Castilla-La Mancha ha elevado un recurso al Supremo para que la caza de estos animales no sea ilegal en la comunidad, entendiendo que lo dictado por el tribunal regional no es lo marcado por la competencia nacional. Dos decisiones diferentes por parte de los organismos que dejan a los cazadores con las dudas de qué prácticas serán legales con estas especies.
El Ministerio considera que el muflón solo es una especie exótica en Canarias, mientras que no lo es en el resto de España, a pesar de que las colonias de estos animales no están muy fijadas en el país y es en Castilla-La Mancha y Andalucía donde pueden verse grupos de estos animales con más facilidad.
También la Junta de Comunidades se ha sumado al recurso de casación interpuesto por los cazadores, que también recurren la prohibición de que no se pueda cazar perdices con el uso del reclamo y el retraso de la fecha de la media veda para la próxima temporada. Los intereses ecologistas y de cazadores vuelven a cruzarse y la justicia (en este caso el Tribunal Supremo) tendrá que decidir de nuevo entre qué organismos llevan en este caso la razón.
