Los sindicatos CCOO y UGT se han unido al reclamo de Izquierda Unida de mantener el Ingreso Mínimo de Solidaridad regional, tras conocerse que la Junta ha detenido los procesos debido al Ingreso Mínimo Vital nacional. Desde UGT señalan que se debe garantizar un sustento “mínimo” a las cerca de 50.000 personas en la región que “tendrían derecho a cobrar el Ingreso Mínimo Estatal pero no lo están haciendo por el colapso de las oficinas de la Seguridad Social y la tardanza en la resolución de las solicitudes desde la aprobación de la medida en julio”.
Carlos Duque, miembro de la gestora del sindicato, ha señalado que es “imprescindible” que en momentos de crisis se garantice la cobertura de las necesidades básicas a la población más vulnerable para así evitar la exclusión social. “Pedimos al Gobierno que habilite un mecanismo para evaluar y resolver las nuevas solicitudes de 2020 al Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) regional de manera que podamos dar un sustento básico a todas esas personas que siguen sufriendo el colapso del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y que tienen necesidades urgentes a cubrir en estos momentos, no dentro de meses”, señala. Recuerdan que en 2019, el IMS llegó “solo a 4.132 beneficiarios y se agotó sin poder cubrir a todas las personas a las que se le reconoció el derecho”.
Por otra parte, el sindicato insta a revisar el alcance de la Ayuda de Emergencia Excepcional COVID-19 aprobada en mayo dentro del Plan de Medidas para la Recuperación Económica de CLM con el fin de evaluar cual está siendo el grado de cobertura social y cómo se puede atender la emergencia económica de esos 50.000 potenciales beneficiarios del IMV. “Tenemos que mantener el escudo social planteado hasta que controlemos la pandemia y las previsiones económicas sean más favorables”, afirman.
CCOO: “Supone dar la espalda a quienes carecen de medios económicos”
Comisiones Obreras ha criticado también la resolución de Bienestar Social, al considerar que “supone dar la espalda a quienes carecen de medios económicos para atender sus necesidades básicas”, a lo que agregan que es una decisión que se ha tomado “sin escuchar a quienes trabajan en los servicios sociales y fuera de los espacios de diálogo social”. La secretaria de Empleo y Políticas Sociales, Ángeles Castellanos, advierte de que tendrá “consecuencias graves para quienes ya subsistían en situaciones muy precarias”.
Desde el sindicato señalan que quienes solicitan el Ingreso Mínimo de Solidaridad “están en una situación de precariedad y vulnerabilidad extrema y quienes más ayuda necesitan, más aún en un momento como el actual en el que se añaden nuevas dificultades provocadas por la pandemia” y aseguran que en los presupuestos regionales de 2020 “ya sufrió un recorte”. “Ahora en plena pandemia, con una crisis sanitaria y económica que está afectando más a las personas económicamente más vulnerables, la Consejería de Bienestar Social, y por tanto el Gobierno de Castilla-La Mancha, deciden dejar sin efectos la convocatoria del IMS de 2020 y archivar las solicitudes no resueltas, lo que, en la práctica, supone abandonar a quienes más necesitan de la acción protectora de la administración”.
A esto añaden que los servicios sociales están “infradotados” y la “precariedad” de quienes trabajan en ellos, asegurando que la ratio de personas atendidas por cada profesional de Trabajo Social es de 7.000 usuarios, “cuando esta debería ser de 3.000”. “Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma a la cabeza de la carencia material severa con más de 150.000 personas en esta situación y con más de un 30% de la población en riesgo de pobreza o de exclusión social; datos que son de 2019, hoy sin duda la situación es mucho peor”, explican. “La creación a nivel estatal del Ingreso Mínimo Vital no justifica de ninguna manera la decisión que ha tomado el Gobierno de Castilla-La Mancha”, concluye Castellanos.