El sindicato Comisiones Obreras presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia regional contra el programa de incentivo de trabajo convocado por la Junta de Comunidades, Empresa-Empleo, en el que señalaban que la segunda convocatoria no presentaba variaciones significativas en su redacción y objetivos, respecto a la primera convocatoria. Según las declaraciones de José Luis Gil, secretario regional del sindicato, la segunda convocatoria no provee posibilidades suficientes a los desempleados que se presentaron a la convocatoria.
El sindicato advirtió incluso que la inversión de más de 15 millones de euros es un “despropósito” que no sería realmente útil para atacar el problema de desempleo que sufre la región. Al respecto, por ejemplo, el secretario regional indicó que de los contratos firmados en la primera convocatoria del programa, sólo 23 contratos duran más de 12 meses. Cabe destacar que el programa contaba, en un principio, con un presupuesto de 5 millones, pero el ‘apoyo de los empresarios’ hizo que se aumentará el límite hasta los 15 millones de euros.
Ante esta situación, Carmen Casero, consejera regional de Empleo, ha indicado que el proceso iniciado por el sindicato se trata de un movimiento desleal que afectará a más de 5.000 contratos, dentro de más de 3.700 empresas, de los cuales un 42% se ha mantenido en su trabajo. La consejera hizo alusión también que el sindicato nunca se mostró en contra de los planes de empleo del Gobierno anterior, socialista, y agradeció también a los sindicatos que sí han apoyado al programa. En cuanto a la situación de empleo de la región, Casero volvió a remarcar que, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, en la región hay más de 14.000 desempleados menos, y 5.600 ocupados más, sin mencionar los más de 300.000 desempleados castellano-manchegos, insistiendo que son una muestra del ‘trabajo que estamos llevando a cabo para acelerar la recuperación económica de Castilla-La Mancha’.