La Junta muestra su “malestar” por la “interferencia” de Cospedal “en la recuperación social” de la región
El Gobierno central ha vuelto a recurrir por vía judicial los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha. Esta vez ha decidido impugnar la inclusión de las denominadas ‘cláusulas sociales’ que entraron en vigor el mes de noviembre. Estas cláusulas son introducidas como obligatorias para las empresas que quieren contratar con la Administración regional.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina afirma que con las cláusulas sociales “se pretende suscitar la igualdad” entre hombres y mujeres en los puestos de trabajo, mejorar la contratación pública desde la perspectiva medioambiental, la obligación de que la empresa adjudicataria no tribute en paraísos fiscales, abonar los salarios recogidos en el convenio colectivo y cumplir el principio de igualdad de oportunidades para las personas discapacitadas, “sin invadir ninguna competencia”.
Tras conocer la demanda interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJCLM) por parte de la Abogacía del Estado a instancias de la Delegación del Gobierno central en Castilla-La Mancha, el consejero ha anunciado que el tribunal ha pedido que entreguen una copia del expediente y subraya que “no sabemos en qué aspectos se han basado para impugnar otro avance social en la región”.
Además, Ruiz Molina ha recordado que dichos avances ya han sido objeto otras veces de recurso como la recuperación de la jornada de las 35 horas semanales para los empleados públicos de la Junta. Por ello ha mostrado su “malestar ante la interferencia permanente de la señora Cospedal” en todo aquello que “puede beneficiar y repercutir en la recuperación social y económica de nuestra región”.
El consejero también ha querido destacar la “celeridad” que el gobierno en funciones tuvo para interponer el recurso de las 35 horas y las “amenazas” en relación a las ofertas públicas que finalmente no fue recurrida y “tuvieron que reconocer que estaban bien calculadas”. En este sentido ha declarado que si se llega a situaciones ya vividas en la región “acataremos la sentencia que pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha” y recuerda que “están sujetas a derecho”.
El Gobierno central dice que se “invaden” sus competencias
Por su parte, el delegado del Gobierno central, José Julián Gregorio, justificaba este lunes el recurso contencioso-administrativo presentado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma contra la inclusión de las denominadas ‘cláusulas sociales’ en los contratos del sector público regional.
“No se han recurrido todas las cláusulas sociales”, aseguraba, sino solo “aquella parte invade competencias estatales”. En particular, ha explicado, se ha recurrido en lo que tiene que ver con los aspectos laborales que, recordaba, “son competencia” del Gobierno central. “La legislación ya hace referencia a cláusulas sociales”, señalaba, para afear a la Junta que haya optado por una modificación que considera innecesaria.
Proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta para 2017
El consejero de Hacienda realizaba estas declaraciones coincidiendo con una reunión mantenida con Ángel Nicolás, presidente de la confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM) para informarle sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta para 2017.
El presidente de CECAM ha valorado que se hayan contenido los gastos de funcionamiento y ha destacado que “los ingresos fiscales no sufren incremento y el aumento que se produce es por la vía de los fondos de la Administración del Estado”. Al mismo tiempo “por poner algún un pero” ha lamentado que no se hayan tenido más en cuenta “las partidas para competitividad empresarial, investigación y promoción exterior”.
Por su parte, el consejero ha recordado que el Proyecto de Ley nace con tres objetivos, como son los de “mejorar la calidad de vida de los ciudadanos consolidando recursos para gasto social, generar riqueza y mantener unas cuentas saneadas”. De esto modo ha manifestado que crecen las inversiones un 21%, que se cumple con el déficit, así como que se destinan 90 millones al Plan de Empleo y otros 60 al Plan Adelante, además de crecer en un 15% las ayudas a la industria agroalimentaria que ascienden a los 143 millones.
Por todo ello, Nicolás ha insistido en que los empresarios comparten “de manera muy general” los presupuestos, al tiempo que se ha ofrecido a colaborar para ir mejorando año a año las perspectivas económicas de la región.
