Consuelo García López asumió su cargo como jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer en Castilla-La Mancha pocos días antes de la declaración de estado de alarma en marzo de 2020. “Lo primero que pensé fue en todas las mujeres que se quedaban encerradas con sus agresores. Es una situación verdaderamente complicada”, explica en conversación con elDiarioclm.es. “Pensaba que en Castilla-La Mancha iba a haber un aumento importante de las llamadas al 016, como ocurrió en otros lugares, lo que no ocurrió. Creo que la gente quedó en shock y había tal control de los agresores que podían ni llamar. En abril sí hubo un poco de repunte, pero no ha aumentado y este es uno de los indicios que tenemos para saber cómo evoluciona la violencia, junto al número de denuncias que han aumentado pero tampoco de forma significativa”, reflexiona
Las Unidades de Coordinación surgen en el año de 2007, al amparo de la Ley Integral contra la Violencia de Género, que requería de una infraestructura administrativa que coordinase todos los parámetros que marca la normativa. “Es una ley fantástica, que es transversal y por eso necesita una coordinación también transversal”, recalca. Sus tareas del día a día son “incontables”, y han ido variando según el Estado ha decidido adoptar las medidas que reclama el Tratado de Estambul. Ahora no sólo abarca la violencia ejercida dentro de la pareja, o por la expareja, sino también las agresiones sexuales, las mutilaciones genitales femeninas o el matrimonio forzado. “Parece que no existen estas violencias en España, pero todas están. También la trata o la prostitución, todo cae en nuestras unidades”, recalca.
Su teléfono está siempre encendido: “Hacemos un seguimiento de los casos de violencia más grave, en contacto con las unidades policiales y así asegurarnos que no hay ningún fleco suelto y que la víctima recibe la protección precisa para que se eviten las agresiones, en la medida de lo posible”. Existen casos desde los que tienen especial vulnerabilidad, como mujeres con hijos menores con necesidades especiales, y van llegando según los niveles de protección que requiere cada víctima. En función de esto, se ofrecen los recursos necesarios para su protección, para que la mujer “pueda salir adelante”. De este modo, también se gestionan ayudas de carácter económico, asesoría laboral y un amplio abanico de recursos disponibles. También trabajan, como no puede ser de otra manera, en conjunto con el Instituto de la Mujer, que gestiona recursos como las casas de acogida o centros de la mujer.
Legislación que debe ir acompasada al avance de los tiempos
García López reflexiona acerca de cómo la normativa regional castellanomanchega sí incluye lo estipulado por el tratado de Estambul, es decir, que incluye todas las violencias que se ejercen contra la mujer sólo por el hecho de serlo. “Esta ley está mejorada por decirla de algún modo y la nacional deberá modificarse para ir acompasada al avance de los tiempos. Finalmente en 2004, la situación era una y se han ido adquiriendo compromisos internacionales que necesitarían modificar ligeramente la normativa”, señala.
Durante la pandemia, insiste, no ha notado un repunte excesivo en la región, pero sí que han crecido los casos que piden orden de protección y alojamiento, y también más casos de valoración policial alta. “Esto indica que la violencia que se ejerce contra las mujeres es fuerte, muy fuerte. Porque sino, no se pone una orden de alojamiento”, recalca. Esto, advierte, no significa que no haya denuncias. “Son muchas, pero no se ha notado un crecimiento exponencial por la pandemia”.
El problema del miedo, el sistema judicial y las denuncias
“Muchas mujeres no se reconocen como víctimas de violencia de género. O no saben cómo hacerlo. O tardan mucho tiempo en denunciar. No perciben un apoyo social suficiente, muchas veces sus propias familias no las apoyan, tienen miedo de que incluso sus hijos no entiendan por qué deciden denunciar a su padre”, reflexiona García López. De este modo apunta a que en los casos mortales de violencia de género, en el 80% no había una denuncia previa. Se trata, señala, de la violencia “silenciada” que nunca sale a la luz. “Es que las denuncias son sólo la punta del iceberg de una violencia que al final desconocemos, porque está normalizada por estas mujeres”.
Además, recalca que sufren “muchas barreras” para dar el paso y poner la primera denuncia, aunque sea un paso decisivo que, por decirlo de alguna manera, “corta” con la situación de violencia. Sin embargo, las estadísticas que maneja García revelan que las mujeres suelen tardar entre ocho o nueve años en denunciar que sufren violencia de género.
“Si me preguntas si hemos mejorado en algo, yo digo que sí. Aunque siempre se tiende a pensar que todo va muy mal, porque evidentemente las cifras son apabullantes. Pero hemos de pensar que en 2004, cerrábamos los años con más de 60 mujeres asesinadas. Este año serán 40, que también son muchísimas y es que el objetivo es que no haya ninguna víctima”, asegura. Pero para esto, lo que hace falta es una sociedad más sensibilizada y que sea capaz de ver realmente el problema, empezando por las instituciones. “Y me refiero a todas las instituciones, todas las administraciones, todos los partidos políticos, porque es un problema de Estado, no individual, y que debemos solucionar de manera coordinada”, enfatiza.
“Se ven sentencias de juezas que te dejan boquiabierta”
Ante la pregunta de si cree que procesos judiciales tan mediáticos como el de 'la manada' han “echado para atrás” a las mujeres a la hora de denunciar es categórica: “indudablemente”. “Es que las mujeres tienen mucho miedo del proceso judicial, no se sienten comprendidas en sede judicial”, recalca. Esto no es sólo problema de los jueces, asegura, sino también de las juezas. “El problema es la falta de formación específica en violencia de género. Los jueces y juezas deberían formarse más, mientras mayor formación, mayor sensibilización. Nos hace falta entender que esto es una cuestión de desigualdad y si esto no se entiende, no se podrá juzgar como la situación lo merece”, recalca.
“Se ven sentencias de juezas que te dejan boquiabierta y que tienes que acatar, porque estamos en un estado de derecho. Pero claro, son difíciles de compartir. Así fue con el caso de 'la manada' que fue gracias a la contestación social tan importante que finalmente se vio otro resultado”. Este movimiento coordinado, de mujeres rugiendo por toda España contra la primera sentencia, es para García López un “buen síntoma”. “Hemos avanzado, la sociedad ha cambiado”, recalca.
Pero ahora también hace falta enfrentarse a este “retroceso” que sobre todo afecta a la población más joven. “Me pregunto cómo es posible que veamos tanta violencia normalizada entre las personas más jóvenes, con la educación que reciben, que han crecido en una sociedad democrática, con legislación y campañas. Y entre todo esto, identificamos negación de la violencia de género y comportamientos muy machistas que también están incluso aceptados por las chicas que no saben distinguir una relación tóxica y decir que no”, lamenta.
Por eso, concluye, el 25 de noviembre debería ser todos los días. “Y así lo es para nosotros. Todos los días trabajamos en el seguimiento de las víctimas, en intentar que el engranaje funcione muy bien. Trabajamos en sensibilización de la sociedad y en la formación. Tenemos que poner el pie en la pared y decir que la violencia de género no sólo existe sino que está más cerca de lo que parece”, concluye.