España es el séptimo país europeo que más comida desperdicia con 7,7 millones de toneladas. Los hogares españoles tiran en un año 1,5 millones de toneladas de alimentos que eran válidos para el consumo y si miramos los datos a título individual, cada español desperdicia unos 63 kilos de comida al año. Esta es la estadística, con datos nacionales, que utiliza el Gobierno de Castilla-La Mancha para difundir campañas que buscan minimizar esta práctica.
Ahora quiere firmar un convenio marco con la Asociación de Supermercados de Castilla-La Mancha (ASUCAM) para incidir en la cultura del consumo responsable. Lo hará a través de la firma de un convenio que sirva de marco de actuación y que permita “de manera más operativa”, realizar campañas conjuntas, según explica Alejandro Salcedo, coordinador del área de Consumo de la Consejería de Sanidad.
La idea pasa también por poner en marcha un “órgano de participación regional” donde esté presentes todas las áreas de la Administración con competencias en Consumo, además de representantes del sector distribución, productores, hostelería… para “establecer sinergias” con actuaciones más allá de las fiestas de Navidad (hasta ahora las campañas se centraron en estas fechas) que fomenten el consumo responsable y eviten el desperdicio de alimentos a lo largo de todo el año. “Más adelante se quiere trabajar también con otro tipo de productos porque pueda tener impacto en el bolsillo del consumidor o medioambiental”.
Se harán estudios sobre el grado de desperdicio de alimentos en la región
En el ámbito de este nuevo órgano de participación se impulsarán también iniciativas que permitan extraer datos regionales sobre el volumen de desperdicio alimentario que generan los castellano-manchegos. “Queremos hacer estudios y encuestas que nos permitan evaluar el impacto de las medidas que se llevan a cabo”.
María Martínez-Herrera, secretaria técnica de la Asociación de Supermercados de Castilla-La Mancha (ASUCAM), que engloba a pequeñas y medianas superficies en la región, explica que ya se realizan acciones en este sentido. “Los pedidos son muy ajustados, muchos ya trabajan con bancos de alimentos o comedores sociales…Ahora tenemos que sentarnos y ver qué otras soluciones se pueden dar porque también hay obligaciones medioambientales respecto a los residuos orgánicos”.
Un acuerdo para la compra asistida a personas con discapacidad y mayores
Otra de las medidas de colaboración que se negocia con los supermercados castellano-manchegos es la introducción de un sistema de compra asistida para personas con discapacidad y mayores. La propuesta es de CERMI. “Estamos viendo varias medidas con la Dirección General de Salud Pública y Consumo, entre ellas la posibilidad de la compra asistida”, explica su gerente, José Antonio Romero.
Explica que las organizaciones que forman parte de CERMI pueden colaborar con los supermercados a través de una “experiencia piloto” en la que se forme al personal de apoyo de estos establecimientos para facilitar las compras a personas con discapacidad y también a mayores. “Nos gustaría también que en ese apoyo también participase alguna persona con discapacidad para favorecer la inserción laboral del colectivo”.
Romero sostiene que es una “necesidad” detectada. “Hay personas que tienen dificultad para identificar determinados productos, los etiquetados por ejemplo. O personas con trastornos alimenticios o alergias que han de tener especial cuidado”. También apunta a las dificultades en el transporte de las compras. “En algunos países se ha intentado suplir con la compra online, pero eso tiene que ser compatible con el derecho a ir a comprar en igualdad de condiciones. Las personas de apoyo son clave”. E incluso en lo difícil que a veces resulta a personas en una silla de ruedas acceder a los productos colocados en los estantes más altos del supermercado.
María Martínez-Herrera comenta que ya hay conversaciones para buscar la fórmula que facilite la compra asistida. “Ahora no se sigue ningún procedimiento y depende de cada tienda. La idea es definir un protocolo de actuación y en eso vamos a empezar trabajar”.
“Nosotros queremos extender la propuesta de CERMI a cualquier colectivo vulnerable”, explica Alejandro Salcedo, dentro de un acuerdo al que también se sume, no solo ASUCAM, sino las grandes superficies comerciales. “Se establecerá un protocolo para seleccionar personas con sensibilidad suficiente para la atención de estos colectivos. Que estén perfectamente identificados y localizados por los consumidores y que su trabajo de asistencia esté pautado”.
La futura Ley regional de consumo, en 2018
El Gobierno regional ya dispone de un primer borrador para la futura Ley sobre los Derechos de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha. Será el marco para regular y avanzar en estas medidas relacionadas con el consumo responsable y la compra asistida. En la actualidad la norma está en el tejado del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y del Consejo Regional de Consumo. En unas semanas la norma pasará a información pública para las correspondientes alegaciones. “Esperamos que en los primeros meses del próximo año pueda estar aprobada”, señala Salcedo.