Quince meses después de la publicación del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el “Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016” el Ministerio de Fomento que dirige Ana Pastor ha comenzado a firmar los convenios bilaterales que concretan cual es la aportación que percibirá del mismo cada comunidad autónoma. Castilla-La Mancha ha sido la primera en suscribirlo.
El convenio establece que la región percibirá del Estado una aportación de 32 millones de euros en los dos años y medio que restan de vigencia del Plan, a los que se añade la subsidiación de los préstamos de adquisición de vivienda, mientras que la Junta de Comunidades se compromete a presupuestar otros 38 millones, hasta completar los 70 millones de cuantía del VI Plan de Vivienda de Castilla-La Mancha, pendiente de publicación tras reiterados anuncios.
El pasado 31 de mayo la presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, anunció que el Consejo de Gobierno celebrado ese mismo día en Talavera, antes del comienzo del acto institucional conmemorativo del Día de la Región, había aprobado “el arranque del VI Plan de Vivienda de Castilla-La Mancha”, tal como recogió una nota oficial pero sigue sin hacerse público.
Se trató del enésimo anuncio sobre la “inminencia” en la aprobación del VI Plan de Vivienda de Castilla-La Mancha ya que, por ejemplo, la consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, también llevó el proyecto al Consejo de Gobierno del 28 de febrero pasado y en comparecencia pública lo presentó como aprobado, pendiente tan solo de publicación.
A día de hoy el VI Plan oficialmente no existe y ello a pesar de que sendas convocatorias de ayudas publicadas el pasado 6 de junio, para ayudas al arrendamiento y para rehabilitación, hacen constar en sus respectivos préambulos que se convocan a su amparo.
Tanto los 27.477 inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda con protección pública de la Junta de Comunidades, según los datos ofrecidos por la Defensora del Pueblo, como los empresarios y profesionales de la construcción y la rehabilitación, tan castigados por la crisis, se encuentran expectantes pues confían en que el VI Plan no solo prevea ayudas sino que introduzca necesarias modificaciones en la normativa de la vivienda con protección pública, sobre todo tras la eliminación por los Gobiernos central y autonómico de las ayudas directas al promotor y al adquiriente, que no supuso sin embargo la desaparición de las restricciones legales en el acceso o en la transmisión paralizando en la práctica este mercado.
Lo que sí se ha avanzado reiteradamente desde el Gobierno es que el plan incidirá en el fomento del alquiler y la rehabilitación, aunque al parecer habrá también “incentivos” para la pequeña construcción, que no se han detallado.