El reparto de las últimas Conferencias Sectoriales de Agricultura y Desarrollo Rural, tal como denunció el PSOE el pasado viernes, ha dejado a 140 proyectos de los 188 presentados por bodegas castellano-manchegas sin ayudas, además de agotar los fondos para modernización de estas infraestructuras en 2016 a pesar de estar pensados hasta 2018. Cooperativas Agroalimentarias se han sumado a la petición del socialista Alejandro Alonso para que la Consejería de Agricultura comparezca y dé explicaciones para este acuerdo “tan lesivo para los intereses regionales”.
Para paliar los efectos de estos resultados, la agrupación de cooperativas ha pedido que se incluya al sector vitivinícola en las ayudas que se incluyen en el Programa de Desarrollo Rural, a partir del próximo año. Señalan también que este resultado “tan desfavorable” del reparto de las ayudas por toda España influirá en los intereses del sector agroalimentario “más importante y floreciente” de Castilla-La Mancha.
Las cooperativas han reprobado también que la región sólo haya recibido el 21,7% de las ayudas repartidas por todo el país y que se haya agotado el presupuesto adjudicado para las próximas cinco campañas, y señalan estar “absolutamente en contra” del presupuesto que ha llegado a la región, además de los criterios “tenidos en cuenta en el reparto realizado”.
La organización señala que “no se puede permitir” que un sector como el vitivinícola con sus ingresos de entre 1.500 y 1.800 millones de euros de facturación gracias a las más de 500 bodegas y más de 200 cooperativas se quede entre 2016 y 2018 sin tener la posibilidad de obtener ayudas. Las subvenciones, señalan, ayudan a seguir invirtiendo en la “mejora de la calidad” de las producción y también en la comercialización de las mismas.
Alejandro Alonso, del PSOE, exigió la comparecencia “inmediata” de María Luisa Soriano, que todavía no se ha producido, para explicar por qué “le ha venido bien esa cesión del 30 por ciento de recursos que ha hecho en nombre de los castellano-manchegos”. El socialista calificó la decisión de la Consejería de Agricultura como “el colmo de la irresponsabilidad y la tropelía”.