A pocas semanas de que la pandemia de COVID-19 cumpla dos años desde su declaración oficial como tal por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), todavía hay países cuya población aún no ha recibido ni una dosis de las vacunas contra el virus, o que no han llegado ni al 1% de las inoculaciones. Son estados que como Haití, Siria, Afganistán o Yemen, no solo no tienen recursos para comprarlas, sino que tampoco disponen de medios técnicos para producirlas ni desarrollarlas, debido a conflictos bélicos, crisis humanitarias o niveles de pobreza que han aumentado por el impacto de los confinamientos y contagios. Por eso, las ONG siguen pidiendo el acceso universal a las dosis mediante la liberación de las patentes, la redistribución equitativa mundial y la transferencia de medios, tecnología y conocimiento. Todo ello, después de que la herramienta internacional Covax de donación de vacunas haya resultado “un fracaso”.
Son algunas de las cuestiones que se han abordado en una mesa redonda sobre el acceso universal a las vacunas que Amnistía Internacional (AI) ha celebrado en Toledo y en la que han participado María Isabel Tellado, responsable de campañas de esta ONG; Pilar Crespo, del departamento de Programas Internacionales de Médicos del Mundo; y la doctora Eva María Martínez Cáceres, vicepresidenta de la Sociedad Española de Inmunología (SEI).
Como introducción, el biólogo y activista del grupo de AI en Toledo, Diego Clemente, ha recordado el primer punto del artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que recoge el derecho de todas las personas al beneficio del progreso científico y, por tanto, del acceso universal a las vacunas. Con esta cuestión enlaza la campaña de esta organización #UnPinchazoJusto que ha detallado María Isabel Tellado, resaltando, no solo el derecho a la salud y la desigualdad por la falta de dosis en los países más pobres o con conflictos, sino también el aumento de la pobreza que la pandemia ha provocado por los sucesivos confinamientos.
“Son muchos derechos en riesgo y para poner fin a todo ello, la vacuna es la forma más eficaz. Mientras no acabemos con la COVID en todas las partes del mundo, regresaremos al punto de partida de la pandemia una y otra vez”, ha recalcado.
En Amnistía Internacional recuerdan el dato de que hay regiones del mundo cuya ciudadanía no ha recibido ni una sola dosis, y ha apuntado directamente a la responsabilidad de las empresas farmacéuticas, que “podrían haber sido héroes garantizando la equidad de las vacunas que produjeron en tiempo récord”. Sin embargo, ha recordado, decidieron venderlas a precios muy altos y con “contratos opacos”.
También ha lamentado el fracaso de la plataforma Covax de la OMS, habilitada para que los países más enriquecidos donen vacunas. Lo ha atribuido a la “codicia” y los “actos serviles” de muchos gobiernos hacia estas empresas, mediante contratos bilaterales u otros mecanismos que no han garantizado la posibilidad de compartir recursos. En este contexto, también ha hecho referencia a la petición realizada a las farmacéuticas para la liberación temporal de las patentes, sobre todo “teniendo en cuenta que han desarrollado vacunas gracias a las aportaciones millonarias de fondos públicos procedentes de la ciudadanía”.
Por todo ello, ha remarcado que las tres medidas fundamentales para garantizar ese acceso universal es que las dosis lleguen a todos los países del mundo mediante esta exención de la propiedad intelectual de los sueros, que se produzca una transferencia de tecnología y conocimiento para que los países con menos recursos puedan producir e inocular las vacunas y que la redistribución mundial actual sea más eficaz y equitativa.
Estas tesis las comparten también desde Médicos del Mundo. Pilar Crespo ha incidido en que mientras las vacunas no llegan a todos los puntos del planeta, “sí lo ha hecho el virus”. “Mientras medimos la mortalidad y el número de casos, hay más impactos de la pandemia como sucede con la pobreza y las crisis humanitarias. Eso no se mide y por lo tanto parece que no existe, pero está ahí”. En este sentido, tras referir igualmente el fracaso de Covax, también ha destacado otros factores como la influencia de la geopolítica en la falta de equidad.
Geopolítica y “acaparamiento” del mercado
Ha puesto ejemplos como la distribución de la vacuna rusa Sputnik en países como Argelia o Guatemala, provocando que su población no pueda viajar a la Unión Europea o a Estados Unidos, respectivamente. O el hecho “más flagrante” en todo el mundo: que Israel sea uno de los países con mayor índice de vacunación mientras en Palestina apenas hay población inmunizada. “Israel es potencia ocupante y tiene la obligación de distribuir la vacuna según el derecho internacional”. Estas circunstancias, unidas a la “infodemia” como “sobrecarga de información y de ‘fake news’” y a la falta de una estrategia global de vacunación, son el contexto que ha generado esta vulneración de los derechos humanos.
“La Unión Europea ha acaparado el mercado y algunos países han comprado incluso el doble de vacunas que lo que necesitaba su población. Y es a partir de ahí cuando se plantean las donaciones a Covax o de manera bilateral a otros países. Pero es una planificación mal hecha, porque las dosis pueden caducar y además se transfieren a países que no tienen la capacidad de gestionarlas si no disponen de la logística adecuada. Las situaciones excepcionales requieren que seamos más ambiciosos”, ha remarcado.
Finalmente, la doctora Eva María Martínez Cáceres ha recordado que cuantos más casos haya de coronavirus, más mutaciones se producirán y que por eso es fundamental garantizar el acceso a las vacunas en todo el mundo. “El sistema inmunitario tiene memoria ante los virus y las vacunas son importantes porque permiten que cuando tengamos una infección grave la respuesta sea más rápida y se pueda evitar una enfermedad grave”. Posteriormente, preguntada por su opinión sobre la falta de esa estrategia global, se ha preguntado: “¿Qué tiene que pasar para que vayamos todos a una?”.