La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, ha lamentado, al cumplirse seis años de la investidura de Emiliano García-Page como presidente de la Junta de Comunidades, que el Gobierno regional alcance actualmente 137 altos cargos, que suponen un coste anual total de 8.910.056,12 euros en retribuciones.
En este sentido, recalcan que en 2017, “primer año en el que el Portal de Transparencia de Castilla-La Mancha publica la relación de altos cargos y sus retribuciones”, el número de estas figuras institucionales se situaba en 76 y suponían un gasto para las arcas castellano-manchegas de 4.823.625,8 euros. “Es decir, la estructura de altos cargos en los últimos cuatro años casi se ha duplicado, con 61 puestos más, y el desembolso ha aumentado un 45,8%”, recalca.
“Estos altos cargos que disfrutan de una generosa nómina y que han sido nombrados a dedo, suponen una discriminación directa hacia el resto de empleados públicos de la Junta de Comunidades que han accedido a sus puestos de trabajo mediante un proceso que garantiza la igualdad, mérito y capacidad”, afirman. A esto, añaden que los empleados públicos de la región “continúan sin recuperar muchos derechos” y que el presidente del Ejecutivo ha usado su “mayoría absoluta a modo de ‘rodillo’ para crear una administración clientelar paralela”.
Uso “partidista” de fondos públicos
Por otra parte, han acusado al Ejecutivo de hacer una “utilización partidista” de los fondos públicos. “El Ejecutivo de García-Page ha concedido del dinero de todos, 43,7 millones de euros a CCOO, UGT y Cecam desde 2014. El problema es la institucionalización de las ayudas directas a las organizaciones afines, como el recientemente creado Consejo de Diálogo Social, los planes de empleo, los planes de recuperación, el Consejo de Relaciones Laborales o el Plan Corresponsables, todos ellos millonariamente subvencionados”, recalcan.
En este sentido, piden al Ejecutivo regional que derogue de “una vez por todas la ‘Ley Cospedal’, que continúa plenamente vigente tras seis años de Gobierno de García-Page, cercenando la recuperación de derechos a los empleados públicos”. “Todos los logros en Función Pública en Castilla-La Mancha provienen del II Acuerdo de Mejora del Empleo Público firmado por el sindicato con el Ministerio de Hacienda en marzo de 2018”, afirman.
También critican que la gestión de la pandemia de coronavirus “no ha sido buena”, “la precariedad sigue instalada en el mercado laboral de la región”, los accidentes laborales “han aumentado”, los índices de pobreza son “muy altos” y las tasas de temporalidad e interinidad son “muy elevadas”. “García-Page debería abandonar las políticas de anuncios, autobombo y autocomplacencia, y dedicarse a lo verdaderamente importante: a luchar por mejorar las condiciones laborales, económicas y sociales de todos los castellanos-manchegos, algo que no ha conseguido mejorar en sus seis años al frente del Gobierno regional”, concluyen.