El sindicato CCOO reclama que “todas las actuaciones” que se han hecho “contra el tren de Cuenca” se han realizado “sin base ni cobertura legal”. Por tanto, señalan que hay razones jurídicas “sobradas” para anular la exclusión el tramo entre Tarancón y Utiel de la Red Ferroviaria de Interés General. El gabinete de Estudios Jurídicos a nivel nacional ha elaborado un escrito de alegaciones que se ha entregado a la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Cuenca, para entregar a las corporaciones municipales y que se tramiten ante el Ministerio. “Varias lo han hecho ya”, señalan.
La organización también presentará las alegaciones a través de sus organizaciones territoriales y sectoriales “pertinentes” para que se persone el expediente. De este modo, quieren disponer de la posibilidad del Tribunal Supremo para reclamar un “eventual control judicial de la decisión de clausura de la línea, en caso de que llegue a producirse”. Así, solicitarán la anulación de todo el expediente, desde el Protocolo General de Actuación del 9 de marzo, suscrito entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ADIF, la Junta de Comunidades, la Diputación y el Ayuntamiento de Cuenca; hasta el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo.
Las alegaciones ya se han presentado, en algunos casos, en relación a “la solicitud del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para que se proceda a acordar la clausura y consiguiente exclusión de la RFIG, relativo a la Línea Ferroviaria 03-310 Aranjuez-Valencia Sant Isidre, en particular en el tramo Tarancón-Utiel, considerando que carece de rentabilidad económica y social”
Desde CCOO señalan que es “la primera vez” que el Ministerio de Transporte se dirige a los ayuntamientos, a los que “hasta ahora nunca ha dado audiencia ni traslado de sus actuaciones, salvo al Ayuntamiento de Cuenca, que recibe un trato privilegiado, y a la Diputación, que en realidad no tiene competencias en la materia”.
“Todo el expediente de exclusión de la Red Ferroviaria de Interés General es un paripé; un mero subterfugio para legalizar los hechos ya consumados por el Ministerio y ADIF, comenzando por el cierre desde el 8 de enero de 2021 del tramo Tarancón-Utiel con el pretexto de que a consecuencia de la tormenta Filomena había riesgo de caída de árboles sobre la vía. Casi año y medio después, aún no han localizado los árboles en cuestión”, subrayó Lola Cachero, secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía.
Además, han reclamado que se han ejecutado “diversas actuaciones encaminadas a legalizar a posteriori la clausura del tramo ya cerrado y a excluirlo de la RFIG en base a una supuesta falta de rentabilidad económica y social que, en el expediente remitido, no demuestra con datos objetivos ni con informes pertinentes”.
“Ningún documento”
De este modo, señalan que no existe “ningún documento” que justifique “adecuadamente” la reclamada “falta de rentabilidad económica y social de la línea”. “No hay nada que pueda justificar que la supresión de la línea responde a intereses distintos de los que directamente genera, como el incremento de terrenos destinados a la promoción urbanística, la concesión de nuevas líneas de servicio de autobús y la supresión del ferrocarril tradicional en favor de la línea de alta velocidad, en un contexto de justificar su rentabilidad para su eventual privatización”, indicó al respecto María José Mesas, secretaria general de CCOO Cuenca.
Por su parte, Fernando García, responsable del sector ferroviario del sindicato, subrayó que el expediente “omite también informe de los órganos de representación de las personas trabajadoras en las entidades RENFE Operadora y ADIF”. “A pesar de que se trata de medidas que influyen directamente en el empleo y en las condiciones de trabajo del personal que presta servicios en la línea que se pretende suprimir; y a pesar de que los Comités Generales de Empresa tienen derecho a preceptivo informe, de conformidad con el art. 64 del Estatuto de los Trabajadores”, señala García.
El sindicalista afirmó que la representación de la organización en los distintos municipios afectados pedirán que se opongan “de forma contundente al cierre y desmantelamiento de la línea férrea, con el fin de que se garanticen para nuestro pueblo los mismos derechos que se tienen en las áreas urbanas o metropolitanas”. También, para “para revitalizar el tren como fórmula para impulsar la movilidad de la España vacía o vaciada y para atajar la sangría demográfica que nos está llevando a una crisis poblacional con cada vez menos proyectos de futuro para las nuevas generaciones”.
“En vez de acordar la mutilación y el desmantelamiento de una línea de ferrocarril, deberían haberse puesto de acuerdo en impulsar de una vez la puesta en marcha de las plataformas logísticas ferroviarias; en adecentar y poner en servicio la gran cantidad de estaciones abandonadas en la región; y en poner fin a la sangría de empleo que se viene produciendo en el sector en Castilla-La Mancha, donde en los últimos años se han perdido más del 35% de los puestos de trabajo”, concluyó García.