La respuesta que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado a una petición del diputado de Podemos David Llorente sobre el proyecto de minería de tierras raras en el Campo de Montiel ha llevado de nuevo a la Plataforma Sí a la Tierra Viva a denunciar la falta de “argumento legales” del Ejecutivo para archivar este procedimiento.
Concretamente, el pasado 28 de septiembre, Llorente solicitó por escrito al Consejo de Gobierno un informe legal, firmado por el correspondiente Servicio Jurídico, sobre la posibilidad o impedimento de llevar a efecto la resolución aprobada por la Cortes de Castilla-La Mancha el pasado día 19 de mayo donde se instaba al Gobierno regional a archivar este proyecto.
La respuesta del Ejecutivo ha sido remitida por el director general de Relaciones con las Cortes José María Toledo, donde afirma por escrito que “dicho informe, en los términos que se solicita, no obra en poder de la Administración Regional”.
Para la Plataforma, este hecho “deja en evidencia” a la consejera de Economía, Patricia Franco, que el pasado 10 de noviembre, durante el debate sobre el estado de tramitación de los proyectos de minería de tierras raras, afirmó que la Ley “no permite” el archivo de los expedientes tras haberlo consultado “con muchísimos jurídicos” en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el Gobierno Regional y “en otros ámbitos profesionales”.
Ante esta situación, este colectivo considera que la consejera debe dar de manera urgente “una explicación pública y convincente”, pues añade que “una vez más ha quedado patente que la ”en apariencia imposibilidad legal“ de dar cumplimiento al mandato ciudadano de las Cortes Regionales no es más que ”una cortina de humo que en absoluto convence a la población afectada“ por los proyectos extractivos de Quantum Minería. Según concluye la Plataforma, estas autorizaciones ”nunca debieron tramitarse en estas condiciones y en virtud del rechazo que han generado, hace tiempo que tendrían que haber sido desestimadas“.
Esta nueva denuncia se produce después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya aprobado un “documento de alcance” donde destaca la inviabilidad ambiental de este proyecto de minería y ha dado tres meses de plazo a la empresa para presentar su propia evaluación ambiental, bajo la previsión de poder archivarlo cuando se supere este trámite.