El vicepresidente de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro, describió la última Conferencia de Presidentes Autonómicos como un evento “tremendamente constructivo” en el que finalmente se trató un punto más del planteado. Sin embargo, Castilla-La Mancha lo tiene claro y es que la dependencia es el punto que sigue quedando pendiente para mejorar la financiación de las comunidades autónomas.
“Planteamos es que la financiación de la dependencia debe tener un tratamiento especial”, explicó el político quien recordó que este sector está fuera del sistema de financiación al estar regulado por la misma Ley de Dependencia. Sin embargo, y a pesar de que la legislación dice que se debe cofinanciar al 50% entre Estado y Comunidades Autónomas esto “dista mucho de lo que marca la ley”, afirmó. En este sentido recordó que en la región en los últimos años la proporción ha sido del 16% Estado mientras que Castilla-La Mancha ha pagado un 84%.
“Este desfase es uno de los grandes agujeros financieros de las Comunidades Autónomas”, aseguró. El ejemplo en la región es claro y ya ha sido comentado, ya que la 'deuda' que este “agujero” ha traído sería de unos 353 millones, lo que equivale al 1% del PIB regional. “Y nuestra capacidad de déficit es del 0,7 la deuda que tendría el Estado en materia de dependencia es incluso superior a la capacidad de déficit que tiene la comunidad autónoma”, afirmó Guijarro.
Acuerdo en materia de despoblación
Entre los temas tratados en la reunión se encuentra también la despoblación. Es uno de los puntos en los que sólo faltan “matices” para cerrar los acuerdos. Lo que planteó Castilla-La Mancha es que se aborde un debate sobre los retos demográficos que se encuentran en España, según explicó el representante de la Junta. “No se trata sólo de hablar de financiación, sino elaborar una estrategia. Esto es el acuerdo, que el Gobierno cuente con las Comunidades Autónomas más afectadas para plantear soluciones”.
Entre los acuerdos también se llegó al relacionado con el abono social en materia de pobreza energética, que todavía resolver el “matiz” del gas para que no sólo incluya la energía eléctrica sino también la gasística, a pesar de que la regulación nacional es distinta entre ambos. En el evento también se acordó la creación de una tarjeta social que contenga la información de las subvenciones que reciben los ciudadanos para conocer la eficacia de la gestión de los recursos del sistema de protección oficial.
Finalmente, se planteó también la modificación del reglamento de la propia Conferencia de Presidentes, para dotarla de “mayor operatividad”. Por eso, ex planteó la necesidad de crear una comisión de seguimiento porque “nadie se encargaba de impulsar el cumplimiento de los acuerdos y de comprobar el seguimiento del grado de ejecución”, concluyó.