En una grabación hecha pública hoy por la Cadena Ser, donde Juan Manuel de la Fuente responde a preguntas del fiscal y de la magistrada, el Director General de la Función Pública de Castilla-La Mancha reconoce que la Orden por la que se modificaba la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Junta de Comunidades, que supuso la supresión de 673 plazas y el despido efectivo de varios centenares de interinos, estaba firmada “probablemente una semana antes” de la celebración de la Mesa de negociación con los representantes sindicales y que concluyó sin acuerdo
Cuando se le pregunta si considera que es normal que una modificación de esta envergadura esté redactada de antemano, De la Fuente responde que “es habitual que las Órdenes se redacten antes. Nos interesaba muchísimo no tener a 400 interinos alrededor de la consejería y por eso no queríamos agotar todos los plazos, porque los actos administrativos se iban a producir. Eso es lo que teníamos planificado”.
El Director General de la Función Pública señala además que había puesto en conocimiento de Leandro Esteban el contenido de la Orden “dos o tres días antes”, ya que “es habitual que las órdenes se firmen antes y luego cuando ya está firmada se le ponga la fecha en que se ha firmado”.
Por último, De la Fuente señala que “todas las Órdenes de Relación de Puestos de Trabajo se hacen así”.
Son estas unas declaraciones que vienen a poner de manifiesto que, tal y como ha dictado en su sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el Gobierno de María Dolores de Cospedal no respetó la negociación colectiva y vulneró los derechos fundamentales de los trabajadores.
La sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha derivada de la demanda presentada por STAS-Intersindical y UGT, obliga a la Junta a readmitir a los trabajadores reconociéndoles sus derechos profesionales desde el momento del despido.
¿Recurrirá la Junta?
Las primeras reacciones por parte del ejecutivo castellano-manchego a la sentencia fueron en la línea de pedir explicaciones. La propia María Dolores de Cospedal manifestó públicamente que se pediría al TSJ que aclarase qué había que hacer con los interinos, a pesar de que la sentencia era clara y que la propia Fiscalía estimó que el Gobierno de Castilla-La Mancha vulneró “el derecho a la libertad sindical en su vertiente de derecho a la negociación colectiva” y por ello instó en su momento a la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a que dictara sentencia anulando los acuerdos derivados de aquella Mesa de negociación que, en el colmo del despropósito, se publicaron en la web oficial en un receso de la reunión como demostró el “sello de tiempo”.
Por el momento no está claro si la Junta recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo para ganar tiempo, pero lo que es evidente es que nadie ha asumido responsabilidades políticas por su desprecio a la negociación colectiva, a los derechos de los trabajadores y a los sindicatos. Ni el controvertido De la Fuente, ni el Consejero de Presidencia Leandro Esteban, quien según el Director General estaba al tanto de todo el proceso,. La Junta tendrá que asumir además la readmisión de estos trabajadores y el abono de 15 millones de euros en sueldos de unas personas que no han estado trabajando desde agosto de 2012.
Los sindicatos advierten que recurrir una sentencia tan clara, en la que hay tan pocas posibilidades de que le den la razón a la Junta, sólo servirá para dilatar el proceso y aumentar los costes para la administración pública, calculado en unos 12 millones de euros al año, además de que los trabajadores seguirán sin prestar servicio.