Nuevas leyes como las de Transparencia y Participación Ciudadana, y reformas pendientes como la electoral o la del Estatuto de Autonomía son objetivos de legislatura del Gobierno de Castilla-La Mancha. A ello se une la situación del Ente Público de la Radio Televisión regional (RTVCM) y uno de los conflictos con el Ejecutivo central que todavía no se han resuelto: la jornada semanal de 35 horas para los empleados públicos del ámbito socio-sanitario de la región. En una entrevista con eldiarioclm.es, el vicepresidente de la comunidad autónoma, José Luis Martínez Guijarro, repasa estas cuestiones y otras como el incendio de Seseña, que marcarán el nuevo curso político.
Sobre los plazos de la nueva Ley de Transparencia, aunque ya existe un Portal web de consultas abierto a los ciudadanos, ¿cuándo podremos hablar en Castilla-La Mancha de instituciones cien por cien transparentes?
Estamos haciendo los últimos retoques del proyecto de Ley y tenemos ya informe del Consejo Consultivo. Se ha debatido mucho, queremos hacerla muy participativa, y nos gustaría que fuera respaldada por el resto de grupos parlamentarios para que se aplique durante muchas legislaturas. Tiene que suponer un cambio en la dinámica de gestión de la Administración regional. Se asume de una manera clara que la gestión de la Administración tiene que ser absolutamente transparente, que hay que volcar todos los datos en ese portal de Transparencia y que sean fácilmente utilizables por los ciudadanos. Es un proceso irreversible y quien piense de otra manera, irá a contracorriente.
En materia de transparencia, ¿qué ocurre con el número de altos cargos del Gobierno actual y las críticas continuas del PP?
Es tan sencillo como que alguien del PP confundió una partida presupuestaria y pretendió montar un debate ficticio. Pero la realidad es tozuda: la estructura de este gobierno es más delgada que la del anterior. Son datos cuantificables que están en el anexo de personal de la Ley de Presupuestos. Y la Ley de Transparencia tendrá también una serie de consecuencias en esta información para que sea objetivable. Claro, un funcionario no es un alto cargo, aunque tenga una alta responsabilidad en la gestión de la administración. Y no tiene las mismas obligaciones. En realidad, es tan sencillo como comparar las declaraciones de bienes cuando se marcharon y las de ahora.
En cuanto a la futura Ley de Participación Ciudadana, se ha abierto un periodo previo de consultas, pero ¿hay ya unas líneas generales del texto en virtud del acuerdo de investidura firmado con Podemos?
Todas las referidas a la acción legislativa popular que estaban en el acuerdo de investidura con Podemos necesitan la modificación del Estatuto de Autonomía, que no contempla, por ejemplo, la oposición popular a un proyecto. La nueva norma no contemplará las acciones legislativas, que luego creemos que habría que desarrollar en otra ley. Por tanto, hay que distinguir las dos partes: por un lado la Ley de Participación Ciudadana en los procesos de toma de decisiones de la Administración, tanto de los ciudadanos individualmente como de los colectivos; y por otro lado, la iniciativa popular, que está más relacionada con la actividad ciudadana legislativa de las Cortes. Otro compromiso también es la homogeneización de todos los órganos consultivos de los consejos asesores de la Administración para mejorar el nivel de participación.
La reforma del Estatuto, ¿antes o después de cambiar la Ley Electoral?
Junto con la reforma electoral, parece que hay entonces muchos asuntos pendientes de la reforma del Estatuto de Autonomía...
Bueno, se puede modificar la Ley Electoral sin reformar el Estatuto. Lo que ocurre es que la horquilla de diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha que contempla el Estatuto (entre 25 y 35) es muy corta y habría que ampliarla, y se haría de forma menos profunda de lo que nosotros desearíamos.
¿Está sobre la mesa que se haga la reforma electoral antes que la estatutaria?
No, primero hay que reformar el Estatuto y una de las cuestiones que habrá que hablar es el cuerpo electoral. Ahora, ¿puede no haber acuerdo en el Estatuto y llevarse a cabo una modificación de la Ley Electoral? Técnicamente sí, pero sería muy tibia, y no resolvería la profundidad del problema que tenemos cuando se modificó el Estatuto, que se hizo de manera unilateral por parte del PP y con el rechazo del resto de grupos en el Congreso. Eso fue un atropello. Ahora necesitamos modificarlo y si hay un acuerdo entre los partidos políticos de la región, estos tienen una mayoría suficiente en el Congreso para poder impulsar la reforma. Por eso debemos esperar a que se conforme el nuevo Gobierno y que haya un debate tranquilo.
¿No se puede alcanzar un acuerdo a nivel regional aunque no haya gobierno en España?
Lo que no queremos es que si hay un conflicto político a nivel nacional pueda repercutir en el debate del Estatuto y lo contamine. De todas formas, ya hay algún avance, como la ponencia de las Cortes que está trabajando en la Ley del Gobierno, que requiere de mayorías cualificadas. En ese sentido, sí que se ha avanzado. Seguimos con el objetivo de trasladarlo al Congreso en la presente legislatura y de reformar la arquitectura institucional de la comunidad autónoma.
¿Será esta legislatura por fin la de la transformación del Ente Público de Radio Televisión de Castilla-La Mancha? Porque lo cierto es que sus ‘shares’ siguen siendo muy bajos. ¿Qué es lo que se ha hecho mal durante tantos años?
La realidad del panorama televisivo ha cambiado mucho en los últimos años. No es lo mismo la realidad cuando nacieron las televisiones autonómicas, a cuando se da el salto a la TDT y a la proliferación de canales. En ese momento bajó el 'share' en todas las cadenas. Eso motivó una reflexión de hacia dónde tiene que ir el servicio público que tiene que prestar RTVCM adaptándose a la nueva realidad como lo están haciendo la mayoría de grupos de comunicación en todos los ámbitos. Ese es el principal trabajo que tiene que plantear el equipo directivo del Ente Público, y a partir de ahí, tendrá que haber un debate, porque ese planteamiento puede derivar en cambios legislativos, de la Ley del Ente público, y ahí sería responsabilidad del Gobierno y de las Cortes.
¿El equipo directivo ya está trabajando en esa posible transformación?
Sí, están estudiando lo que creen que tiene que ser el modelo de trabajo para los próximos años en el contexto actual. Hay compromisos que nosotros, como Gobierno, tenemos claros, como por ejemplo modificar la forma de designación del responsable de RTVCM. Eso por sí solo ya necesita modificación legislativa, pero a raíz de ese nuevo modelo probablemente haya que hacer otro tipo de cambios. Como gobierno, más allá del modelo que se nos pueda plantear, nos gustaría que el ente fuera la locomotora de un nuevo sector económico en la región: el audiovisual. Es un sector muy emergente y creemos que tiene muchas posibilidades. Estamos hablando de definir el modelo televisivo para la próxima generación. Tú puedes tener la parrilla que quieras, pero la siguiente generación no se va a ajustar a tu parrilla. Tu forma de trabajar y actuar es la que debe ser distinta. Y eso, muy probablemente, requiera cambios organizativos y legislativos.
¿En qué punto se encuentra la situación de los empleados públicos de la región afectados por el recurso del Gobierno en funciones a las 35 horas semanales, y tras las medidas cautelares del Tribunal Constitucional?
No ha habido ninguna pérdida de empleo. La medida que aprobamos redujo la jornada en 35 horas semanales en el sector socio-sanitario, y supuso la necesidad de contratar personal, fundamentalmente en el SESCAM. Cuando se recurre la Ley por parte del Gobierno central, volvemos a las 37,5 horas pero asumimos el compromiso de no despedir a los contratados con motivo de la reducción de jornada. Cuando venza el periodo de suspensión cautelar, solicitaremos volver a las 35 horas semanales. Nunca hemos entendido ese planteamiento del Gobierno de España porque además la reducción tenía reflejo presupuestario en 2016.
¿Y si el Constitucional le diera la razón a Rajoy?
Pues tendríamos que seguir con la jornada de 37,5 horas y mantendríamos el compromiso de no despedir a nadie. Bajo ningún concepto nos planteamos reducción de empleados públicos en los servicios básicos, sino al contrario, queremos seguir apostando por un aumento del personal de servicios públicos.
Por último, uno de los temas más trascendentales de los últimos meses ha sido el incendio del vertedero de neumáticos de Seseña, ¿en qué punto se encuentra la parcela quemada?
Se está trabajando en una doble dirección. Por un lado, en la zona afectada por el incendio para restaurar la parcela y por otro, trabajando en la retirada de los neumáticos con un proyecto en el que ya estábamos trabajando para su transformación en combustible destinada al sector público.
Pese a que el PSOE no la apoyó en las Cortes, ¿cree que la comisión de investigación en las Cortes servirá para dirimir algún tipo de responsabilidad?
Nosotros vamos a aportar toda la documentación que nos han pedido, como no puede ser de otra manera, y vamos a ver qué tipo de personas se quiere que pasen por la comisión. ¿Podría haber sido una comisión de análisis o de estudio de cómo actuar para evitar que esto vuelva a ocurrir? Sí, pero eso no es una comisión de investigación. El incendio está bajo investigación judicial y estoy seguro de que la magnífica actuación de los bomberos del Consorcio de la provincia de Toledo será analizada en más de un Simposium de este sector. Otra cosa es que se quieran buscar otro tipo de responsabilidades. Allá cada uno con lo que hace, pero creo que si al final queríamos ver qué hacer para evitar que volviera a ocurrir, eso hubiera sido una comisión de estudio, no de investigación.