Julián vive en Pioz, un pueblo de Guadalajara con poco más de 4.000 habitantes. Es una de las personas en situación de desempleo derivado de la crisis sanitaria por el COVID-19. El próximo 23 de abril tiene cita telefónica para comenzar a gestionar su actual situación como parado.
Pero hasta llegar a esa fecha, habrá pasado más de un mes desde su despido que se produjo el 19 de marzo. Había sido llamado para un contrato de suplencia de quince días en Farmavenix S.A., una de las grandes logísticas del sector farmacéutico que operan en el Corredor del Henares, en concreto en Marchamalo (Guadalajara). “Fui una noche a trabajar y no volví. No me merece la pena, aunque no es que ande sobrado de dinero”. Lo hizo, dice, por el temor al contagio.
“En mi pueblo guardaba la cuarentena, iba con guantes y mascarilla. Me lo tomé muy en serio desde el primer momento porque tengo una hija de diez meses y a mi mujer…No quería que mi familia se viese afectada. Por eso les hago la compra a mis padres para que no salgan y se la dejo en el descansillo. Intento hacerlo lo mejor posible”, explica.
Esas precauciones no las encontró en la empresa. “Cuando llegué allí no había EPI, ya sé que hay escasez de todo, pero no puedo estar en casa confinado, con toda la precaución del mundo y luego llegar a trabajar codo con codo con otras personas y sin medidas de protección”. Por eso se marchó.
Eran los primeros días tras la declaración del estado de alarma el pasado 15 de marzo y entre otras consecuencias provocó una auténtica avalancha en las oficinas autonómicas del Servicio Público de Empleo y en las estatales del sistema de prestaciones (SEPE), entre despidos o tramitaciones de suspensiones temporales de empleo (ERTE’s).
Julián lo vivió en sus propias carnes. “Era imposible contactar porque los teléfonos siempre comunicaban”. Su opción terminó siendo la de llamar a una línea 900, de pago. “Les expliqué mi caso y me derivaron a Guadalajara. Allí nadie me cogió el teléfono. Tuve que volver a llamar al teléfono 900 gastando dinero hasta tres veces y al final desistí”.
Dice que tampoco es fácil encontrar información a través de la página web. “No soy una persona torpe a la hora de moverme por internet, pero no logré encontrar una solución. No sabía qué hacer ni cómo contactar. No encontraba a nadie que me lo explicara”.
Su opción fue consultar en un grupo de Facebook. “Si no fuese por la gente no lo hubiese conseguido. Me pasaron un enlace y al final me dieron la cita telefónica para el día 3 de abril a las 11. 15 horas, pero nadie me llamó”, así que su periplo continuó, con más llamadas y correos electrónicos hasta conseguir la cita para la próxima semana.
“No sé cómo lo hará la gente que por desgracia ni siquiera tiene internet o cobertura. ¿Y dónde vas? Si no puedes ni ir a casa del vecino”. Se siente indignado. “Si lo he logrado ha sido por la gente y no por un servicio público que todos estamos pagando. Si tienen que reforzar, que lo hagan”.
“Hemos tratado de dar respuesta a la ansiedad de las personas dentro de límites competenciales”
Durante una entrevista con la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral de Castilla-La Mancha, Nuria Berta Chust, y que se puede leer completa en este enlace, preguntamos por situaciones como las que ha vivido este vecino de Guadalajara.
“En nuestras Oficinas Emplea no se ha producido colapso. En todo caso, algunas dificultades de acceso a un operador, de forma puntual en los días iniciales, así como saturación en los correos electrónicos, en la primera semana, pero actualmente está solventado”, asegura.
Cree que casos como el de Julián “están relacionados con la situación actual de desbordamiento justificado del SEPE”, el Servicio Público de Empleo Estatal. “Han cambiado en varias ocasiones, el formato de atención a las personas solicitantes, debido a la saturación de las distintas vías que han ido estableciendo”.
Pide a los usuarios “entender la disociación administrativa entre empleo y protección por desempleo, porque puede parecer que somos una misma cosa”, en alusión a las diferentes competencias que residen, por un lado, en el Gobierno de España y, por otro, en las comunidades autónomas.
“Hemos tratado de dar respuesta a la ansiedad de las personas, dentro de los límites competenciales y la razonabilidad aplicable a la situación de quienes nos llaman. Hemos facilitado información sobre las diferentes vías de acceso a la información que el SEPE ha ido estableciendo”, concluye.