Al contrario que en otras comunidades autónomas, el Gobierno de Castilla-La Mancha no ha esperado al desbloqueo de las entregas a cuenta de la financiación autonómica para iniciar la tramitación parlamentaria de sus Presupuestos para 2020. En su momento, el Ejecutivo de Emiliano García-Page ya avisó del posible incumplimiento del objetivo de déficit si este ingreso no se realizaba, en un contexto de bloqueo debido a un Gobierno central permanentemente en funciones y un informe de la Abogacía del Estado que impedía realizar estos ingresos a las autonomías.
Finalmente, la situación se ha solucionado con el correspondiente aval jurídico y el Consejo de Ministros ha aprobado un real-decreto para realizar estos ingresos. Estas cantidades se calculan, entre otras cosas, por lo que el Estado considera que le corresponderá a cada comunidad en concepto de los impuestos que tiene transferidos pero recauda la Agencia Tributaria como por ejemplo su tramo de IRPF o IVA. Se van librando estos fondos a lo largo del año y cada dos se hacen las cuentas para ver si las comunidades han recibido de más (en cuyo caso devuelven la diferencia) o de menos (entonces reciben lo que les falta).
En el caso de Castilla-La Mancha, la cantidad asciende a 226 millones de euros sin IVA. Con este impuesto incluido, son 360 millones de euros. El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha recordado que falta incluir ese importe: “Esperamos también la parte que nos corresponde del IVA de 2017, que entiendo que el Gobierno también estará en condiciones de buscar la alternativa para que podamos recibirlo las Comunidades Autónomas”.
De cualquier forma, la cantidad supone tan solo un 4,8% del reparto total de 4.680 millones de euros para todas las comunidades autónomas, con Catalunya, Andalucía y Madrid como principales beneficiarias.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado que el debate generado sobre este asunto “es técnico, no político” y ha afirmado que la “discusión, desde el punto de vista jurídico”, sobre este tema “no era inventada” por el Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez. Únicamente ve “electoralismo” en el desbloqueo de estas entregas “por el momento” actual. “Como estamos en elecciones permanentes, puede calificarse de electoralista, pero no me hubiera importado que (Mariano) Rajoy hubiera abierto la mesa para reformar la financiación autonómica y que el PP no se hubiese juntado con los independentistas para bloquear el último presupuesto”, ha señalado.
Sí ha considerado que su tesis es que estas entregas a cuenta “se podrían haber cobrado antes” ya que “son una tarifa evidente, se sabe lo que corresponde a cada uno y no debiera estar al pairo de la coyuntura presupuestaria”, aunque ha reconocido que tener los presupuestos prorrogados “condiciona” porque “tenemos limitaciones cuando tenemos un gasto nuevo”.
En cuanto a los problemas generados en la región por el retraso de las entregas, ha explicado que “como son ingresos previstos, sufre todo”. “El 80% del gasto libre es gasto social en Castilla-La Mancha, dedicamos mucho y por tanto lo que más se resiente es eso”, ha concluido.
El PP lo ve “vergonzoso”
Por su parte, el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha considerado “vergonzoso” que el Gobierno central utilice el dinero público de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas para “tratar de influenciar” en unas elecciones.
“Lo que tenía que haber hecho el Gobierno de Pedro Sánchez es pagar las entregas a cuenta y las devoluciones del IVA de 2017 mucho antes y no poner en riesgo los servicios sociales, la educación o la sanidad de unas comunidades autónomas que se ven infradotadas”, ha argumentado.