Algo cambió en Castilla-La Mancha tras las elecciones de mayo de 2015 y no fue solo el signo político del Gobierno de la región. El PSOE volvió a coger las riendas de la comunidad tras el apoyo de Podemos a la investidura de Emiliano García-Page pero había una particularidad: la expresidenta María Dolores de Cospedal había perdido la mayoría absoluta pero ganó las elecciones. Después renunció a su escaño en las Cortes regionales para concurrir a las elecciones generales y ahora, además de diputada en el Congreso y ministra de Defensa, sigue siendo la líder de los ‘populares’ castellano-manchegos y secretaria general del PP a nivel nacional, es decir, número dos de Mariano Rajoy. Su papel no es tan visible como antes e incluso se comenta que ha perdido poder frente a la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, pero es cierto que muchas de las decisiones de Moncloa respecto a la región se han achacado a su influencia sobre Rajoy.
Durante los más de dos años y medio de legislatura han sido muchos los ‘castigos’ que desde el Gobierno central se han impuesto a esta comunidad autónoma. Algunos tienen carácter casi histórico y otros han llegado sobrevenidos por diferentes circunstancias. Estos son algunos ejemplos de los mayores enfrentamientos entre ambas administraciones:
1. El recurso a las 35 horas semanales
Aunque en el último mes ha sido noticia en Andalucía, lo cierto es que ya Castilla-La Mancha aprobó a comienzos de legislatura la reducción a 35 horas semanales de la jornada de trabajo a empleados públicos del área socio-sanitaria, que anteriormente había aumentado Cospedal. El Gobierno de Rajoy consiguió finalmente que el Tribunal Constitucional, con tres votos en particulares en contra, decretara la nulidad de la Ley castellano-manchega que aprobó esta medida para quitar las denominadas ‘Horas Cospedal’, a quien la Junta achacó enseguida “maniobrar” para recurrir la reducción de la jornada. La expresidenta había estipulado que la jornada laboral de los empleados públicos de la región pasaba a ser de 37,5 horas semanales dentro de su planificación de los servicios sociales. Con la decisión del Constitucional, ese horario volvió a estar vigente apenas un año después de iniciada la legislatura, en septiembre de 2016.
La decisión del Gobierno de Emiliano García-Page de aprobar la modificación para regresar a las 35 horas semanales propició que hubiera nuevas contrataciones en el sector, por lo que cuando el Tribunal decretó las medidas cautelares tras el recurso de Rajoy, la Junta tuvo que implantar de nuevo la jornada ampliada aunque no se produjeron despidos, incluyendo las nuevas horas en formación. El Gobierno de Castilla-La Mancha siempre ha atribuido este recurso a una “venganza política” de la expresidenta por no gobernar tras las pasadas elecciones autonómicas
2. El eterno trasvase Tajo-Segura
Hasta 24 recursos ha presentado el Gobierno de Castilla-La Mancha en la presente legislatura contra los correspondientes trasvases que se han aprobado desde el Tajo hasta la cuenca del Segura desde julio de 2015. Todos ellos amparados por el Ministerio de Medio Ambiente incluso con los niveles de los embalses de Entrepeñas y Buendía por debajo de los límites establecidos antes del polémico Memorámdum del Tajo. A los mismos se unen otras medidas judiciales contra las compraventas de agua propiciadas por el Sindicato SCRATS. De poco o nada han servido contra la política claramente trasvasista de Rajoy y las demandas de Murcia, gobernada por el PP.
En la política del agua, este es uno de los temas que la comunidad autónoma sufre desde su creación. Aunque el Gobierno regional ha rebajado el tono de su discurso y ha llamado al diálogo para conseguir un Pacto Nacional del Agua, la sequía actual no ha ayudado a suavizar esa ‘guerra del agua’.
3. El cementerio nuclear sí o sí
Durante su discurso de investidura, Emiliano García-Page afirmó que haría todo lo posible para evitar la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), la localidad que fue finalmente seleccionada para albergarlo. La fórmula que adoptó la ofensiva castellano-manchega fue declarar territorio Red Natura la Laguna del Hito, muy próxima a este municipio, y evitar así su construcción, al tratarse de territorio protegido. De esta forma, la única manera del Gobierno central de imponer el silo nuclear sería declarar la obra de interés general, algo contrario a las directrices marcadas por Europa. Todavía no lo ha hecho, pero, de nuevo mediante recurso judicial, ha conseguido paralizar la protección medioambiental de la zona que quería la Junta.
El único camino que, por ahora, le ha quedado al Gobierno castellano-manchego es presentar batalla en la Unión Europea. Allí ha acudido en varias ocasiones el consejero de Medio Ambiente para poner sobre la mesa la “imposibilidad” de construir el silo nuclear en la localidad conquense. Se unen a todo ello las numerosas irregularidades en el proyecto que han detectado tanto los técnicos de Enresa como los ecologistas. A la espera del impacto ambiental, la Junta ha enviado al Gobierno de Rajoy un informe que recoge todas las variables que hacen inviable el proyecto
4. El PP y la fractura hidráulica
También en materia de medio ambiente, poco antes de Navidad trascendió que el Gobierno central presentaba recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Antifracking de Castilla-La Mancha, una de sus normas ‘estrella’. Estaba entre las posibilidades de la Junta que Moncloa presentara 'cruzada' judicial contra esta norma, que entró en vigor el pasado mes de abril: ya había recurrido las leyes similares que se aprobaron en Catalunya, La Rioja y Cantabria, tumbadas por atribuirse competencias que corresponden al Estado, como la regulación energética o de hidrocarburos. Por eso, desde el equipo de Emiliano García-Page elaboraron una norma que pudiera 'sortear' ese recurso y para ello contempla, no la prohibición de la fractura hidráulica, sino decenas de condicionantes ambientales, que sí son competencia autonómica y que hacen prácticamente imposible 'de facto' la aprobación de estos proyectos de extracción.
No ha impedido esta compleja maniobra que el Gobierno central haya decidido ir también contra la ley castellano-manchega. El Consejo de Ministros acordó el pasado 22 de diciembre interponer un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la norma, por la que se establecen medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos.
5. Otra deuda “histórica”: la de Dependencia
En materia de bienestar social, uno de los casos en el que más ha insistido el Ejecutivo regional es la deuda de financiación de la Dependencia que el Estado mantiene con Castilla-La Mancha, y que cifran en 353 millones de euros. Según varios estudios, este dato es el resultado de que durante los últimos seis años, el Gobierno central haya reducido de forma paulatina su aportación a estas políticas. En el último periodo la proporción ha sido del 16% del Estado mientras que Castilla-La Mancha ha pagado un 84%.
Desde la Junta lo consideran “uno de los grandes agujeros financieros” de todas las comunidades autonómicas. Además, en el caso castellano-manchego equivale al 1% del PIB regional mientras que su capacidad de déficit es del 0,7%: la deuda que tendría el Estado en materia de dependencia es superior a la capacidad de déficit que tiene la comunidad autónoma.
6. La larga espera en infraestructuras
Algunas de las infraestructuras más importantes de la región que dependen en su mayor parte de financiación estatal están parcial o totalmente paralizadas. Alguno ejemplos son el AVE Madrid-Lisboa que transcurrirá por Talavera de la Reina o la línea de Alta Velocidad hasta el nudo ferroviario de Alcázar de San Juan. En carreteras, sigue también en suspenso la Autovía A-32 en su tramo desde Albacete hasta Jaén o la Autovía de la Alcarría.
Con carácter general, en los Presupuestos generales del Estado del año, la inversión pública del Gobierno de Rajoy menguó hasta un 27% en Castilla-La Mancha.
7. “Trabas” en las ayudas al vino
En una región con un saldo positivo comercial de más de 500 millones de euros solo en el sector vitivinícola, desde la Administración también se han denunciado los “obstáculos y trabas” que el Ejecutivo central ha puesto a la hora de gestionar las ayudas concedidas a cooperativas y bodegas para la promoción del vino en terceros países. Son ayudas que sirven a los comercializadores para realizar tareas de relaciones públicas, campañas de formación o estudios de mercado, pero es el Estado quien marca el presupuesto y el baremo para las mismas.
“Las trabas a nivel estatal se usan como elemento disuasorio para la promoción en el exterior y en el mercado comunitario”, afirman. Por ello la Junta quiere que sea cada comunidad autónoma la que gestione la parte que le corresponde de estas ayudas.
8. Las “amenazas” en las convocatorias de empleo público
A principios de legislatura, la Consejería de Hacienda dio a conocer que el Ministerio de Cristóbal Montoro había amenazado en varias ocasiones y mediante burofax con interponer un recurso contencioso-administrativo si no reducía al 50% la Oferta Pública de Empleo que en materia de sanidad aprobada por el Gobierno regional, por no ajustarse a la tasa de reposición.
Desde el Ejecutivo castellano-manchego alegaron que Montoro había cometido el “burdo fallo” de considerar las plazas de los estatutarios cuando disponen de regímenes jurídicos diferentes. También en este caso lamentaron que Mariano Rajoy, por entonces presidente en funciones, se “dejara llevar” por Cospedal que “tiene interés en que los destrozos de su mandato en la región se mantengan”.
9. El delegado Gobierno, un compendio de exabruptos
A mejorar las relaciones entre el Gobierno central y el castellano-manchego no ha contribuido el delegado de Rajoy en la región, José Julián Gregorio. García-Page y diputados socialistas han pedido en varias ocasiones el cese de un político que se ha caracterizado hasta hoy por lanzar duros mensajes y exabruptos contra la Administración autonómica. Desde acusar al presidente autonómico de ser “mentalmente inestable” por permitir que Podemos entrara en el Gobierno, hasta llamarle “enemigo público número uno” o “capo de la mafia”.
No sólo ha arremetido contra Page, sino también contra parte de su equipo. Es el caso del portavoz regional, Nacho Hernando, a quien Gregorio calificó de “niño al que no se le ha caído el diente de leche” y al que “no suele hacer caso”. El delegado de Gobierno también calificó a la Consejería de Fomento como el “precedente del Rincón del Vago” al no “hacer nada”.
10. Y de repente, 200 millones menos
Por último, con el inicio del año ha llegado el último episodio. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha calculado que debido a la congelación de las entregas a cuenta procedentes del Estado que le corresponden por el sistema de financiación autonómica, la región dispondrá en 2018 de 200 millones menos y lo ha tachado de “evidente deslealtad institucional”. Para esta comunidad, es “un chantaje para las comunidades autónomas vincular las entregas a cuenta que les corresponden por el sistema de financiación autonómica a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado”.
De hecho, la Junta prevé que “un posible incumplimiento del déficit por parte de las comunidades autónomas este año sería responsabilidad del Gobierno, ya que ahora, con los presupuestos aprobados, comunica que no entregará los importes que había trasladado hace meses”. “El Gobierno central ”no puede supeditar los presupuestos de las comunidades autónomas, que se elaboran en base a esas entregas a cuenta, a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado“.