El Tribunal Superior de Justicia ha informado del incremento en un 159,6% del número de licencias de enterramiento expedidas en abril por los registros civiles en Castilla-La Mancha, en relación al número de 2019.
Según los datos del organismo, se han tramitado 3.832 licencias de enterramiento cuando en abril de 2019 se produjeron 1.476 defunciones. De este total, un 69,8%% se corresponde bien con fallecimientos a causa de la COVID-19 o casos sospechosos de estar infectados.
Los datos se ofrecen con el objetivo de “garantizar el correcto funcionamiento de los Registros Civiles de la región como servicio esencial judicial establecido durante el estado de alarma”, y también en ejercicio de las funciones inspectoras que corresponden a la Presidencia sobre los Registros Civiles, explican desde el Tribunal. Han sido todos los Registros Civiles y “buena parte” de las Agrupaciones y Juzgados de Paz las que han entregado los datos.
El expediente se abrió tras constatar el incremento “sustancial” de licencias de enterramiento y defunciones en marzo, lo que provocaba “dificultades” en la gestión de los trámites para la inhumación de los cuerpos.
Falta de test o analíticas
Igualmente, señalan que hubo “dificultades” para la gestión de las licencias e inscripciones de defunción por aumento significativo de la mortalidad, así como en la consignación de las causas de la muerte en las certificaciones médicas, “en las que no siempre aparecía referenciada la infección por el virus”, según explican. El Tribunal también recalca que esto se debía a que muchas personas afectadas por el test no fueron sometidas a test o analíticas “que acreditaran cumplidamente dicho contagio”, aunque los “indicios y síntomas de las patologías inmediatamente causantes de la muerte apuntaban a dicha infección como causa principal o determinante de la misma”.
De este modo, la Presidencia del Tribunal dictó que se velara por una identificación “lo más precisa posible” en la causa inicial o fundamental de la muerte en todos aquellos casos en los que apareciesen procesos patológicos o causas o intermedias que puedan considerarse compatibles o sospechosos con la COVID-19. Entre otras medidas, se planteaba incluso solicitar un dictamen del médico forense del correspondiente Instituto de Medicina Legal y acudir si fuera preciso al forense de guardia en el Partido Judicial, y que pudiesen auxiliar también a los Juzgados de Paz y personal de las Agrupaciones en este tipo de cometidos.
De este modo, médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal de Albacete, Cuenca y Guadalajara, y de Ciudad Real y Toledo, están colaborando con los Registros Civiles en la revisión de las licencias de enterramiento y defunciones ya inscritas desde el día 1 de marzo de 2020, a los efectos de que pueda quedar constatada la causa inicial o fundamental del fallecimiento en aquellos casos en los que aparezcan sospechas o factores racionales de probabilidad de COVID 19, y se están visando todas las certificaciones de defunción que se producen en lo sucesivo a solicitud de los Registros Civiles.