Financiar con fondos europeos de recuperación el incompleto Catálogo de Bienes Muebles de Castilla-La Mancha
Es uno de los proyectos que se han presentado como candidatos a financiación: inventariar y digitalizar el patrimonio cultural, como los cuadros, cerámicas, libros y hasta puertas, para evitar expolios, además de dar seguridad jurídica a la riqueza patrimonial regional, sea pública o privada
La noticia conocida esta semana, tras una investigación de eldiario.es, de que la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ocultó un cuadro de Goya inédito que fue vendido por cinco millones de euros, ha puesto sobre la mesa la escasa protección de los bienes del patrimonio cultural en nuestro país.
Esta misma semana, la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, recibía un ejemplar de la primera edición traducida al castellano del libro ‘Sobre el Origen de las Especies’, de Charles Darwin, obra publicada en 1877 que ha sido recuperada recientemente por la Guardia Civil. El libro en cuestión, propiedad de la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real, desapareció, supuestamente, durante la Guerra Civil. Fue en una subasta pública cuando el director de la biblioteca ciudadrealeña volvió a encontrarlo y, desde entonces, el SEPRONA ha trabajado para recuperarlo.
En Castilla-La Mancha, con protección o sin ella, lo cierto es que no existe un Catálogo regional de los Bienes Muebles. ¿Cuántos objetos hay? ¿Cuántos son públicos y cuántos privados? ¿Cuántos están identificados y, por lo tanto, protegidos?
Se pueden encontrar cifras según tres tipos de bienes: en total 666 bienes muebles, inmuebles o inmateriales protegidos en la región.
Además, hay una tabla Excel dedicada a los Bienes de Interés Cultural (BIC) propiedad de la Junta de Castilla-La Mancha. Se trata de un listado en el que se pueden encontrar desde el Palacio de Fuensalida, los yacimientos arqueológicos, unidades urbanísticas como la ‘Vega Baja’ en Toledo o el Instituto Liceo Caracense de Guadalajara. Todos ellos bienes inmuebles.
La cuestión es que, por ejemplo, en el listado de los Bienes Muebles al que lleva el buscador solo aparece un elemento, en la provincia de Ciudad Real. Sin más datos.
¿Eso significa que solo existe un Bien Mueble en Castilla-La Mancha que le conste a Cultura? No. En realidad, lo que viene a decir es que, o no hay un catálogo completo, como marca la Ley de Patrimonio Cultural regional, o bien no es público. Las fuentes de la Consejería de Cultura consultadas no ofrecen más explicaciones al respecto, a preguntas de este periódico.
Los datos que ofrece la comunidad autónoma de forma pública tampoco coinciden con los que aporta el INE. En 2019, según esta fuente, en Castilla-La Mancha había 254 bienes muebles de interés cultural inscritos en la comunidad autónoma.
Ninguno de ellos consta en el buscador del Portal de Cultura regional. Dónde están o a quién pertenecen, pueden ser datos que se oculten, por seguridad o para cumplir con la protección de datos, a la opinión pública según marca la Ley del Patrimonio Cultural de la región de 2013, pero es que ni siquiera hay una relación pública completa que permita dimensionar la magnitud de la riqueza patrimonial de la región en este ámbito y, sobre todo, poner el foco en su protección.
Una demanda social de largo recorrido que ahora se eleva a los Fondos Europeos de Recuperación
Que Castilla-La Mancha tenga un inventario lo más completo posible y un catálogo digitalizado de los bienes muebles es uno de los numerosos proyectos que se han presentado como candidatos a recibir ayudas de los fondos europeos de recuperación, según ha podido saber elDiarioclm.es .
Uno de estos proyectos se denomina ‘Creación de una base de datos que recoja el inventario de Bienes Muebles de Castilla-La Mancha’. Se ha presentado dentro de las llamadas ‘políticas palanca’ para la recuperación socio-económica post COVID. En concreto de la que tiene como objetivo la modernización de las administraciones públicas a través de la digitalización.
El objetivo es constituir el Inventario General de Bienes Muebles de Castilla-La Mancha, “adjudicándoles una calificación específica como Bienes de Interés Cultural o Bienes de Interés Patrimonial”. Además, se propone su inscripción en el Registro General o Catálogo del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. En total el coste puede llegar a los dos millones de euros.
Desde el año 2013, Castilla-La Mancha cuenta con una ley autonómica que dedica todo un capítulo al Catálogo del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha y dice que debe ser público. Una norma que se cumple, a medias.
Ahora, la propuesta ante la Unión Europea pasa por desarrollar esta ley, por crear una base de datos, con acceso en cada provincia y por contratar equipos para el inventariado y catalogación de Bienes Muebles.
Pero la propuesta no queda ahí. Se pide “terminar de inventariar y catalogar los Bienes muebles de la Iglesia Católica” e incluirlos en el catálogo. O que los ayuntamientos y diputaciones también viertan sus inventarios, además de incorporar los datos de los bienes muebles arqueológicos de Castilla-La Mancha.
Finalmente, también se alude a la cuestión de los bienes muebles privados. En este sentido se pide “realizar al menos 10.000 inscripciones”.
El objetivo es lograr “seguridad jurídica de los Bienes muebles de Castilla-La Mancha” pero también mejorar la protección del patrimonio cultural regional.
El proyecto tendría, por otro lado, una vertiente económica ya que sería necesario contratar a técnicos en gestión del Patrimonio Cultural y se digitalizaría la gestión cultural de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte .
Por otro lado, se contribuiría evitar “viajes innecesarios a yacimientos arqueológicos, inmuebles de valor cultural, museos, colecciones de arte y a otras instituciones públicas y privadas”, se avanzaría en la conciliación familiar y laboral, al ser más sencillo el teletrabajo con datos ya digitalizados, entre otras cuestiones, se explica en la formulación de la propuesta.
Evitar que el patrimonio cultural protegido termine en una casa de subastas
La Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo lleva demandando el inventariado de los bienes vinculados al patrimonio cultural de la región desde hace años.
El debate se suscitó por ejemplo en 2016, cuando se preparaba un nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM) para Toledo. En particular, se había apuntado en los últimos tiempos a los bienes de los cada vez más escasos conventos en ciudades como Toledo: se marchan las religiosas y con ellas el patrimonio.
Entonces ya se reclamaba inventariar no solo el continente, sino el contenido de los conventos para evitar sustos como el ocurrido en el año 2015. Los jesuitas echaron el cerrojazo y sacaron a subasta varios bienes que la orden mantenía en depósito en el Museo de Santa Cruz. Fueron vendidos a través de varias casas de subastas, vulnerando la Ley española de Patrimonio.
En febrero de 2020, la cuestión se elevó en forma de moción a la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo
El académico Francisco García Martín pidió trasladar a las Administraciones competentes “la necesidad de salvaguardar los bienes muebles de la región incoando expedientes de inclusión en el Inventario General” así como desarrollar “urgentemente” una normativa específica para determinar figuras de protección sobre el Bien, y notificarlo Ministerio de Cultura.
“La Junta de Comunidades debe ejercer su obligación de tutela sobre los bienes muebles de Castilla-La Mancha, procediendo a su inspección” así como realizar un inventario general y un catálogo del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, se solicitaba. De momento, sin resultados.
El Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha está constituido por los bienes muebles, inmuebles y manifestaciones inmateriales, con valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, industrial, científico, técnico, documental o bibliográfico de interés para la región.
El Gobierno regional puede declararlos de Interés Cultural, de Interés Patrimonial o como elementos de Interés Patrimonial.