La Fiscalía de Ciudad Real señala la presunta actitud delictiva de los anteriores jefes de servicio de Infraestructuras y de Parques y Jardines, ambos funcionarios del Ayuntamiento de Ciudad Real, por su responsabilidad como codirectores de la obra y por certificar el proyecto de la Vereda de Moledores. Tras presentar un informe pericial, en el que se certifica un sobrecoste de 160.000 euros en el proyecto, el escrito de diligencias previas, al que ha tenido acceso El CRisol, determina que estos funcionarios podrían haber incurrido un delito de fraude y exacciones ilegales, con pena de uno a tres de prisión, y otro de falsedad en documento oficial, con pena de tres a seis años.
De esta forma la Fiscalía ha dado respuesta al proceso iniciado por un funcionario municipal que, tras la negativa del anterior equipo de Gobierno a iniciar una investigación sobre lo sucedido, acudió a la Fiscalía. Una denuncia a la que se sumaron el grupo municipal de Izquierda Unida, que por cuestión de forma no fue tomada en consideración, y el grupo municipal del PSOE, lo que motivó el inicio de las investigaciones por parte de la Fiscalía.
La Fiscalía considera probado que las certificaciones de obra no se corresponden con la obra ejecutada, un punto este reconocido por los dos acusados, que en su declaración admitían haber cometido errores en la redacción del proyecto, aunque estimando un desfase entre lo proyectado y lo ejecutado por “algo más de 90.000 euros”. Una estimación alejada de los 160.000 euros que se certifican en el informe pericial realizado durante la investigación.
Los jefes de servicio manifestaron en su declaración que, una vez se percataron del error, contactaron con la responsable de la obra de la empresa Sando, para plantear un nuevo precio y plantearon al que entonces era concejal de Sostenibilidad, Juan Caballero de la Calle, la “necesidad de realizar un nuevo expediente para ajustar el precio a la realidad de la obra”.
En este punto, los denunciados señalan a la responsabilidad del concejal que, según declararon durante la investigación, les contestó que había que terminar la obra como estaba. “Se admite que firmaron las certificaciones de obra conscientes de que el volumen de material y obra realmente ejecutada era menor que la certificada, perosiguiendo instrucciones del concejal”, recoge el escrito.
Un punto esté que fue negado por Juan Caballero durante su declaración, en la que asegura que desconocía la discrepancia sobre las valoraciones, pues “si bien él era el presidente de la mesa de contratación, los temas técnicos de valoraciones de propuestas y contratación dependían de los técnicos y de los responsables de contratación y el interventor”. Del mismo modo, niega “categóricamente”, que ordenase a los ingenieros que certificasen las obra independientemente de cómo se hubiese ejecutado.
El ordenador perdido de la empresa
Otro de los puntos que llama la atención en las diligencias, es la declaración de la responsable del proyecto por parte de la empresa Sando, Isabel Ramón Castillo, que “comienza su declaración diciendo que perdió el ordenador con toda la información sobre el proyecto”, según recoge el escrito de la Fiscalía. En esta declaración, la responsable de la empresa asegura que los dos denunciados contactaron con ella para comentarle el error para incluir “otras partidas y mediciones hasta completar el importe total de la obra”.
Sobre este punto, también existen contradicciones, recogidas en las diligencias, pues tanto los jefes de servicio como la propia empresa señalan que para compensar el supuesto desfase de 90.000 euros, decidieron realizar una prolongación del carril de la vereda hacia la Avenida de los Descubrimiento. Una actuación que, sin embargo, ya estaba recogida en el proyecto como una de las mejoras planteadas por la empresa para obtener su adjudicación.
En sus conclusiones, la Fiscalía señala que “tras la confección por los denunciados de un presupuesto del proyecto totalmente sobredimensionado, que se haya adjudicado a una empresa determinada, con unos criterios de valoración de mejoras totalmente cuestionados y ajenos a la objetividad”, esta obra ha supuesto para el Ayuntamiento de Ciudad Real y en última instancia para el Estado que financiaba la obra, “un exceso de obra no ejecutada, estimado imparcialmente en 160.273,98 euros”.
De esta forma, se inicia el proceso judicial con la denuncia de la Fiscalía contra los dos jefes de servicio que, no obstante, ha puesto en conocimiento los hechos a la Abogacía del Estado y al propio Ayuntamiento “por si desean personarse en las actuaciones”. Las diligencias concluyen apuntando que “no existen méritos bastantes” para dirigir la acción penal contra los otros intervinientes en la investigación, “sin perjuicio de lo que resultare de las actuaciones judiciales”.