Ocho vías de toda España (ubicadas en Madrid, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia) tendrán que ser “rescatadas” con dinero público para evitar su quiebra. Son vías prácticamente todas que conectan la capital del país con otras zonas y que inevitablemente muchas de ellas pasan por la región, aunque no obstante hay también vías cuyo recorrido se realiza al 100% por territorio castellano-manchego.
De hecho el mal estado económico de estas carreteras se demuestran con la estadística de que a pesar de que en España durante el mes de octubre han aumentado los consumidores de vías de peaje en un 1'87%, la mayoría de ellas de la región han perdido vehículos que las han utilizado (excepto la AP-36 Ocaña-La Roda que ha aumentado en un 3'2% su actividad). Mientras que en toda España la actividad media de las autovías y autopistas de peaje es de unos 17.000 coches diarios que las usan, hay vías como la de peaje Madrid-Toledo que es usada al día por unos 700 coches, más de diez veces menos que la vía pública (un descenso de actividad del 4'4% en 2014).
Las vías afectadas en la región serán las que conectan Madrid con Toledo y Guadalajara, la R-4 que conecta la capital con Ocaña (en octubre ha perdido un 3'56% de su actividad), y la mencionada AP-36 entre Ocaña y La Roda.
En el caso de la vía entre Madrid y Guadalajara, es la autopista de peaje que más pérdida de usuarios presenta en el mes de octubre de 2014 con un descenso del 6'6%.
Estas ocho vías son las más nuevas de la red de peajes del país, y su gestión será asumida por una empresa pública que se fundará dirigida por el Ministerio de Fomento y que dará numerosas ventajas a las empresas privadas que se encargaron de las obras en su momento. Entre las ventajas está la quita de la mitad de las deudas que tengan. Esta empresa se encargará en total de 748 kilómetros de la red de peajes de España, el 22% de las existentes.
De hecho la idea del ministerio es crear un plan de negocio para que las vías generen ingresos y no sea necesario invertir dinero público en estos rescates en pagar sus deudas. Son unos 3.800 millones de euros los que las empresas mantienen en deudas con bancos (con más de 50 entidades) de los cuales solo pagarían la mitad si se aprueba el plan de concurso de acreedores del ministerio, que también quiere aglutinar todos los procesos de cada una de las vías en uno conjunto.
El porqué de las deudas de estas empresas se basa en el exceso de previsiones que realizaron las empresas en su día a la hora de comenzar y estimar los proyectos (unas proyecciones que en algunas de ellas no han llegado ni a la mitad de lo esperado), al pago de los costes de obra y expropiaciones que aún mantienen y deben seguir pagando, así como al no uso de las vías por la duplicidad de las mismas con otras vías públicas, como las radiales de Madrid o la misma vía Madrid-Toledo. El usuario prefiere usar las vías públicas que en las que hay que pagar un peaje, en algunos tramos que de hecho concurren paralelamente las vías pública y la vía de peaje.