El último decreto educativo aprobado por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy ha abierto una nueva brecha con las comunidades autónomas. El 29 de julio el Consejo de Ministros dio luz verde a la regulación de las reválidas finales de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de Bachillerato, en contra de las exigencias de la comunidad educativa y sin atender a la proposición de ley aprobada en el Congreso de los Diputados de paralizar el calendario de aplicación de la LOMCE.
Son las administraciones autonómicas las que deben seguir poniendo en marcha una ley estatal prácticamente ‘muerta’ parlamentariamente y que no satisface ni a algunos gobiernos autonómicos, ni a los partidos de la oposición ni a los representantes sindicales y escolares de alumnos y profesores.
En Castilla-La Mancha, algunos partidos y sindicatos ya han comenzado a hacer frente común contra esta iniciativa, no solo por la “imposición” sin diálogo sino porque supone “truncar” la trayectoria económica de los alumnos. Es uno de los argumentos por los que la Consejería de Educación ha pedido al Ministerio una reunión urgente de la Conferencia Sectorial para abordar esta cuestión con todas las comunidades autónomas y por la que está estudiando recurrir el decreto.
Desde el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE) de esta comunidad autónoma consideran que el decreto del Ejecutivo en funciones es un “abuso de poder político” al dictar normativa básica “a espaldas del Parlamento y sin fundamento de urgencia y de interés general”. Matilde Castilla alega que las reválidas aprobadas ahora para ESO y Bachillerato son “aún más perjudiciales” para el alumnado que las de 3º y 6º de Primaria y “ponen en entredicho la labor docente del profesorado”.
“Se frustrarán las aspiraciones de continuar los estudios”
“Su no superación supone que se frustren las aspiraciones de continuar los estudios, los alumnos se quedan un año en el limbo académico dado que no pueden repetir ni pueden matricularse en estudios superiores por carecer del título para ello”. Afirma que en 4º de ESO es “especialmente problemático” puesto que para el alumnado (de 15-16 años) que no supere la prueba externa, la única salida es la de matricularse en la FP Básica. “Con ello se trunca la trayectoria y la continuidad académica de miles de jóvenes” y “se acaba con la igualdad de oportunidades”.
En definitiva, STE subraya que estas reválidas son el instrumento de la LOMCE que “hace efectiva la política neoliberal, retrógrada, elitista, antipedagógica y segregadora de un gobierno en funciones carente de legitimidad democrática”. Por eso ha pedido a los grupos políticos de la oposición que hagan frente en las Cortes a estas medidas para que sean “revertidas inmediatamente” e insta a las administraciones autonómicas a mantener una posición firme frente al Ministerio.
La misma opinión muestra Mercedes Gómez, secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO en Castilla-La Mancha, quien lamenta que se haya adoptado una medida de tanta importancia con un gobierno en funciones y una situación política “incierta”. Así, muestra su sorpresa por que la LOMCE siga implantándose pese al mandato del Congreso, afirmando también que el Gobierno de Mariano Rajoy ya no tiene “legitimidad” ni “ningún interés para llegar a un pacto educativo”. Respalda en este sentido la postura del Gobierno castellano-manchego, y aunque afirma que debe respetarse la ley, apuesta por abordar “todas las medidas necesarias” para combatir la legislación.
“Hay que ampliar horizontes, no mermar posibilidades”
Como docente, Mercedes Gómez precisa que estas pruebas de ESO y Bachillerato “limitan” al alumnado y “no siempre son una demostración de que las personas que las pasan van a tener más capacidad en el futuro”, ya que son “muy memorísticas” y “recortan los itinerarios de los avances de los alumnos”. “Hay que ampliarles el horizonte y no mermar sus posibilidades de futuro creando una situación de baja autoestima e incompetencia que no se corresponde con la realidad”, concluye.
En el terreno político, Jacobo Medianero, de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha rechazado también el decreto de Rajoy criticando que siga implementado la LOMCE pese a las “dudas sobre la legalidad de la implantación de las reválidas”. “Estas pruebas –añade- no inciden de manera alguna en la calidad de la educación y suponen una tremenda involución que traslada al sistema educativo español, alejándolo de Europa, al modelo anterior al existente en 1970”.
Mientras, en el PP El PP de Castilla-La Mancha se han limitado a defender la medida. El diputado regional José Jaime Alonso ha avisado a la Junta de que “la improvisación no es buena” y ha insistido en que estas evaluaciones tienen el objetivo de “testar cómo está el sistema educativo y poder poner los mecanismos de mejora para superar las deficiencias del sistema”. Ha insistido, en referencia a la LOMCE, en que “mientras la ley esté en vigor, la obligación de toda persona es cumplirla”.