Tras varios días de valoraciones y reflexiones sobre el controvertido dictamen del Consejo de Estado, ya se han despejado casi todas las dudas: el río Tajo debe disponer de un caudal ecológico, tal y como dictaminó el Tribunal Supremo cuando anuló parte del nuevo plan hidrológico. Esa decisión judicial ha sido y es el argumento al que no ha dejado de aferrarse el Gobierno de Castilla-La Mancha desde que se hizo pública la posibilidad de que el caudal ecológico del Tajo estuviera condicionado por su trasvase a las regiones de Levante.
Finalmente no ha sido así, el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a los planes de 12 demarcaciones intercomunitarias, entre ellas la del Tajo, con la propuesta de aumentar los niveles de agua de forma progresiva para que en 2027, a su paso por Aranjuez (Comunidad de Madrid) este río alcance un volumen de 8,65 metros cúbicos, con el objetivo de garantizar la vida fluvial en el Tajo, su respiro ecológico.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, acompañado de los alcaldes ribereños y de las alcaldesas de Toledo y de Talavera de la Reina, en toda una escenificación de lo que el Ejecutivo considera un gran triunfo, ha elogiado la “decisión histórica” del Consejo de Ministros. “Han sido muchísimos años, muchas ocasiones, muchas oportunidades las que se han ido perdiendo o quedado por el camino”, ha subrayado, destacando que el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido “coherentemente” con las leyes, con las directivas europeas y con la jurisprudencia.
Dicho esto, el presidente castellanomanchego se ha referido al caudal ecológico como un “caudal mínimo” para el río, el único en toda Europa que no lo tenía. “Hoy empieza a cambiar de color y de tendencia la humillación histórica que ha sufrido el Tajo, sus tierras y su población”, ha remarcado, al tiempo que ha defendido que se haya tratado de un acuerdo consensuado y hablado en los órganos que establece la ley y en ejecución de las sentencias “que nos ha costado conseguir años y años de esfuerzo y perserverancia”.
“Esta batalla no ha sido nunca humo, a pesar de que muchos la han calificado así y ahora deberían avergonzarse. Esta mal llamada guerra del agua ha sido una batalla larga, seria, que ha requerido años de constancia”, ha proseguido Page, recordando que solo durante cuatro años (la legislatura de María Dolores de Cospedal) el Gobierno castellanomanchego dejó de recurrir los trasvases aprobados. El Ejecutivo actual lo ha hecho solo con aquellos que contravenían la ley, decisiones que ahora “se ven reafirmadas”.
Empieza un cambio de dinámica, nos hemos ganado ese derecho, pero no acaba todo
Dicho esto, ha dado las gracias al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por su voluntad de “anteponer los intereses generales y ambientales”. Y en este punto, ha desvelado que todos los miembros del Gobierno con los que ha hablado y negociado sobre esta cuestión le dejaron siempre muy claro “que no se trataba de acabar con el trasvase ni iba a desaparecer el agua para el Levante español”, sino que en su interés estaba “preservar la gestión agrícola y de riego pero con medios diferentes” y no con “la salida cómoda de quitarle agua a la España seca sin salida al mar para dársela a la España, seca también, pero con salida al mar”.
“Empieza un cambio de dinámica, nos hemos ganado ese derecho, pero no acaba todo, porque estamos a espensas de la evolución ambiental. Vamos a abrir una nueva etapa y una nueva forma de entender la gestión del agua en España, más acompañada de la realidad de un agua cada vez más difícil de conseguir. Más allá de polémicas y ruidos que se van a dar, contra hechos no valen razones, y es un hecho que el Tajo necesita agua y el cambio del clima no va en la dirección de ser generosos con un agua que no tenemos. Durante años, Castilla-La Mancha ha sido generosa, lo va a seguir siendo, va a seguir habiendo transferencias de agua, pero para usos específicos”, ha recalcado.
Después, ha advertido de que ese “caudal mínimo” no debe intepretarse como “un caudal máximo”. “A lo mejor alguien piensa que nosotros renunciamos a que el Tajo lleve el agua que la naturaleza le dé, pero no va a ser así, no se pueden topar los ríos”, ha avisado, aunque también ha mostrado su “voluntad inequívoca” de llegar a consensos en la gestión del agua en España, que ahora parten “de una base sólida que hemos conseguido a base de pelear”. De hecho, ha señalado que a su paso por Toledo y Talavera de la Reina, el caudal ecológico del río será “sustancialmente mayor”, aunque se determinará posteriormente.
Por último, Page, que ha mantenido en todo momento un tono muy comedido, ha dicho respetar las posturas adoptadas por los presidentes autonómicos de las regiones que se benefician del trasvase, como la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía. Más concretamente, sobre el socialista Ximo Puig ha afirmado que “no se le puede discutir que no haya buscando fórmulas más allá del ruido y es quien más puede exhibir que la progresividad que se plantea en la gestión del trasvase ha sido por su insistencia”.
“Si hay una cosa que he echado de menos es la falta de unidad política aquí, en Castilla-La Mancha, como la ha habido en esos territorios. Pero el resto, me parece una discrepancia lógica, prevista constitucionalmente”.
El trasvase y los pueblos ribereños
En principio la aprobación de la planificación del Tajo en el Consejo de Ministros no condiciona el trasvase, afirman en el Ministerio, pero la situación de cambio climático podría suponer un recorte gradual del agua transferida de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos en los próximos cuatro años. También son numerosos los expertos que no conciben que sea posible un estado digno del río con la permanencia del trasvase al río Segura en sus términos actuales de funcionamiento, incluso con sus nuevas normas de explotación.
El presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, Borja Castro, ha considerado por su parte que hoy “por fin se dignifica el río”. Además, se pone en valor con esta decisión la inversión de 830 millones de euros para apuntalar la desalación en el Levante, para “empezar a sustituir” el agua del trasvase, un “punto de inflexión”. “Hoy mucha gente hablará de una decisión política pero esto es cumplir la ley, y ese era el camino que perseguíamos. Hay un cambio de efecto desde hace mucho tiempo”, ha añadido.
Es el Plan hidrológico de la demarcación del Segura el que tiene que subordinarse a los posibles excedentes que resulten de la planificación hidrológica en el Tajo
Uno de los colectivos que más ha defendido esta cuestión es la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss, que trabaja para la recuperación integral del río y sus afluentes a través del avance en la investigación científica y del desarrollo de acciones de divulgación. Este grupo de investigación ha sido bastante crítico con el dictamen del Consejo de Estado sobre el Plan Hidrológico del Tajo y su trasvase al río Segura.
Ha argumentado que el principio de prioridad de la cuenca cedente implica que la planificación hidrológica de la demarcación del Tajo debe realizarse en cumplimiento de la legislación de aguas, es decir, garantizando todas sus necesidades, incluyendo el régimen de caudales ecológicos que se establezca en base a las metodologías contempladas en la Instrucción de Planificación Hidrológica, y ejerciendo así su competencia sin condicionantes.
“Es el Plan hidrológico de la demarcación del Segura el que tiene que subordinarse a los posibles excedentes que resulten de la planificación hidrológica en el Tajo”, afirman. Por tanto, considera que el llamamiento del dictamen a la “coordinación entre cuencas” no puede interpretarse como que pone en duda la legalidad de los caudales ecológicos mínimos fijados en la cuenca del Tajo.