- Una de las principales novedades de la Ley por una Sociedad Libre de Violencia de Género es que los hijos e hijas de asesinos machistas serán considerados huérfanos de padre
Casi dos años de trabajo ha costado al Gobierno de Castilla-La Mancha, y en especial al Instituto de la Mujer, el anteproyecto de Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género. Hoy recibirá luz verde del Ejecutivo regional para su remisión al Consejo Consultivo y su posterior tramitación parlamentaria. Con el objetivo de que se apruebe antes de que finalice la legislatura en un año, se trata de una compleja normativa cuyos contenidos ya hemos adelantado en varias ocasiones desde eldiarioclm.es, y que según el presidente regional, Emiliano García-Page, será la “más avanzada y exigente” con el fin de “liderar” la lucha contra la violencia machista. Lo cierto es que la futura norma incorpora medidas muy novedosas que quieren poner a esta comunidad en la vanguardia, como ya sucedió con la Ley castellano-manchega contra la violencia de género aprobada en 2001.
Su primer objetivo de extender el radio de acción existente y se complementa con el aumento de todas las medidas para las víctimas, la ampliación de la red de recursos y la mejora de la coordinación de las diferentes administraciones públicas. Ante todo, se trata de ofrecer la mayor protección y nivel de garantías suficientes a las mujeres víctimas de violencia machista, y renovar todos los preceptos que hicieron a esta región “pionera” en la materia. Para ello, han participado en su borrador todo tipo de colectivos.
Una de las novedades más llamativas es que esta ley reconocerá “orfandad absoluta” a los menores hijos e hijas de mujeres asesinadas por violencia machista aunque viva el progenitor que cometió el crimen. Busca cubrir un vacío en situaciones que, desgraciadamente, se han dado ya en muchas ocasiones. Con esta medida, el Gobierno no solo recoge la doctrina del Tribunal Supremo, sino que también permite a estos menores acceder a las ayudas contempladas en caso de orfandad. Precisamente, la Junta ya anunció la concesión a partir de 2018 de ayudas de solidaridad por valor de 4.000 euros destinadas a los menores de edad de la región en situación de orfandad como consecuencia del “asesinato de género”.
Es en su artículo 25 donde la ley incluye un apartado específico para hijas e hijos menores de mujeres víctimas. Ahí recoge la obligatoriedad de una asistencia psicológica especializada y la coordinación de los servicios de protección en caso de situación de riesgo. Cuando se produzcan homicidios o asesinatos de mujeres por razón de género, se prestará esta asistencia a familiares hasta el segundo grado de consaguinidad de la víctima. Después, en la disposición adicional segunda establece que se considerará en situación de “orfandad absoluta”, a efectos de subvenciones y acceso a los recursos, a los menores huérfanos por violencia machista aunque el progenitor homicida siga con vida.
Asistencia jurídica y nuevas violencias
Con carácter general, se garantizará a las mujeres víctimas información verbal y por escrito sobre los recursos disponibles, participación en la elección del servicio más idóneo a sus necesidades, así como confidencialidad y privacidad. En cuanto a la asistencia jurídica procesal, el anteproyecto garantiza la asistencia en los juicios con supuestos no amparados por el derecho de la justicia gratuita.
Al margen de esta cuestión, a la hora de definir la violencia de género y sus múltiples manifestaciones, el Gobierno regional también incluye otras novedades: aparte de estos actos delictivos por parte de la pareja o la expareja, se incluye el feminicidio (asesinato cometido por razón de género), la violencia sexual contra mujeres (agresiones, abusos, acoso), la trata de mujeres (captación, transporte, traslado, acogimiento), la explotación sexual, el emparejamiento o matrimonio a edad temprana concertado o forzado, la mutilación genital femenina, la violencia ejercida a través de las redes sociales, el acoso sexual en el ámbito laboral, así como cualquier otra conducta que “mediante el uso de la intimidación o la violencia coarte la libertad en el pleno disfrute de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.
Asimismo, se consideran formas de violencia tanto la física, como la psicológica, la sexual, la ambiental (cualquier acto no accidental que provoque un daño en el entorno de la víctima, incluidos los animales de compañía), la verbal, la simbólica (uso de iconos o imágenes que transmitan relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres o que legitimen la violencia) y la económica.
Tras el desarrollo de las numerosas medidas de prevención y sensibilización que recoge el texto, en materia educativa establece que la Junta desarrollará dentro de sus competencias una asignatura obligatoria con contenidos relativos a educación afectivo-sexual y prevención de la violencia de género a impartir tanto en Primaria como en Secundaria.
Se da la circunstancia de que en esta comunidad autónoma se ha puesto en marcha la fase experimental de la asignatura Educación para la Igualdad, que se ha implantado como proyecto piloto en una treintena de centros escolares para combatir el acoso escolar, la violencia machista o la discriminación. Durante esta semana, varios colectivos católicos han arremetido contra esta iniciativa criticando su “adoctrinamiento”.
Tanto estas cuestiones como otras incorporadas al borrador se completarán con la creación de un órgano de vigilancia, de carácter colegiado y dependiente del Instituto regional de la Mujer. Tendrá competencias para adoptar medidas encaminadas a que la publicidad, los medios de comunicación y los contenidos audiovisuales traten y reflejen la violencia de género en toda su complejidad. Asimismo, asegurará el cumplimiento de los principios rectores de la Ley y se encargará de sensibilizar a la población en general sobre la reproducción de contenidos sexistas, y de potenciar el uso de imágenes positivas, roles y lenguaje inclusivo.
Es en la parte referida a las actuaciones de sensibilización donde se pone el acento en la modificación de los prejuicios, modelos y conductas con relación a las mujeres. En este punto, se pide tener en cuenta las “especiales condiciones” de las mujeres residentes en el medio rural, y en las características de la población joven y adolescente, así como en el desarrollo de las “masculinidades alternativas”. También se menciona al medio rural, junto con migrantes y personas con discapacidad en la elaboración de las campañas de información sobre los derechos que les asisten y los recursos existentes.