La mañana del viernes 13 de mayo, los vecinos de la localidad de Seseña (Toledo) amanecieron con una nube negra proveniente de uno de los cementerios de neumáticos más grandes de Europa. Localizado a menos de un kilómetro de la polémica urbanización 'El Quiñón' construida por Francisco Hernando, conocido como El Pocero. El siniestro sólo se dio por extinguido dos semanas después, el 2 de junio, y las cenizas resultantes del fuego se dieron por recogidas hace tan sólo pocas semanas.
La alarma no sólo se extendió entre los vecinos y el Ayuntamiento de la localidad, sino también entre colectivos como Ecologistas en Acción, que inmediatamente comenzaron a alertar de las inmensas cantidades de emisiones tóxicas que provenían del incendio. Los colegios de Seseña finalmente cerraron días después de iniciarse el siniestro, para evitar que los niños se viesen afectados por el humo. El Gobierno de Castilla-La Mancha afirmaba que el aire estaba “bien”, lo que los ecologistas rechazaban abiertamente y llegaron a tachar de información “tendenciosa y banal”.
El cementerio no estaba exento de polémica. Llevaba años abandonado y las administraciones no eran capaz de dar solución a las miles de toneladas que se acumulaban entre los términos municipales de Seseña (Toledo) y Valdemoro (Madrid). Varios meses antes del siniestro, en octubre de 2015, el alcalde del pueblo toledano Carlos Velázquez, anunciaba que se abría una posible vía para solucionar la situación de los neumáticos, y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desveló en medio del incendio que apenas días antes se había prácticamente llegado a una solución para el material, que se planteaba para hacer combustible.
La hipótesis que se barajó prácticamente desde los inicios del siniestro fue que el mismo fue intencionado, debido al uso de acelerantes lo que confirmaron tanto fuentes municipales como de los servicios de urgencias regionales. La investigación judicial iniciada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Valdemoro llevó a solicitar la intervención judicial de las llamadas y mensajes de teléfono que se produjeron en las inmediaciones del foco del fuego durante la madrugada del 12 al 13 de mayo, y también en días anteriores, precisamente debido a esta idea inicial.
El auto presentado por la magistrada Beatriz Suárez, explica que se tuvo acceso a imágenes de cámaras de seguridad de la red ferroviaria del AVE Madrid-Valencia, que pasa por la zona, en las que se podía observar un automóvil en las inmediaciones del área de origen del incendio horas antes. La cercanía del coche, que también se registró pasando en sentido contrario, hizo concluir que pudiera tener relación con los hechos. Así, se pidió a las cuatro operadoras de telefonía de la zona la certificación de las llamadas, SMS y conexiones de datos realizados entre los dispositivos móviles de las cercanías.
Este auto fue la última medida judicial tomada alrededor del incendio. Los restos de neumáticos que quedaron indemnes tras el siniestro se terminaron de retirar recién el pasado 20 de diciembre. El alcalde de la localidad, Carlos Velázquez, (PP) acudió junto al consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo dónde destacó que el vertedero de neumáticos “nunca debería haber estado” en el pueblo. El 'popular' también insistió que la principal preocupación siguen siendo las miles de personas que viven en el barrio de 'El Quiñón' y los de localidades vecinas que vivieron con “incertidumbre” los días del siniestro.
El edil también acudió a la retirada de las cenizas de la parte que corresponde a la Comunidad de Madrid, recalcando que son estos desechos los que más han preocupado a la población. La retirada de la cenizas de la parte castellano-manchega es todavía una de las tareas pendientes, al igual que conocer los resultados de las investigaciones que el Ayuntamiento ha encargado a la Universidad Rovira i Virgili y al Instituto Carlos III de Madrid para conocer las “posibles afecciones” a la salud que ha podido tener el incendio en los vecinos de las localidades.
En cuanto a la Comisión de Investigación que se inició en las Cortes regionales a petición de Podemos, la misma recibió la documentación del Ejecutivo en septiembre de 2016, meses después de su creación en julio. Desde Podemos, el diputado David Llorente ha asegurado que no descartan pedir más documentación para dicha Comisión al considerar que “tal vez” la información que se solicitó por parte de los grupos parlamentarios no sea completa. Para esto, el parlamentario aseguró que se hablará con organizaciones y movimientos sociales con “interés” en averiguar lo ocurrido en Seseña.
Llorente, señalaba en una entrevista que confiaba en que PP y PSOE no intenten “bloquear” las comparecencias solicitadas, entre las que figuran las de todos los ex presidentes regionales y la de Emiliano García-Page.