Ya ha dado su primer paso la normativa que restringirá la actividad de los locales y establecimientos de juego y apuestas privadas en Castilla-La Mancha. El Consejo de Gobierno regional ha tomado en consideración el anteproyecto de Ley del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en esta comunidad autónoma, que ahora se remite al Consejo Consultivo para su dictamen. El objetivo es que pueda remitirse a las Cortes autonómicas a finales de abril o principios de mayo para su tramitación. Tal y como ya adelantó elDiarioclm.es, esta normativa incluye importantes novedades, entre ellas la prohibición -con excepciones- de la publicidad, el aumento del importe de las multas por incumplimientos, y límites mínimos de distancia entre locales y también de los establecimientos con los centros escolares. La normativa no afectará a la decena de bingos y casinos que hay en la región puesto que son establecimientos que ya disponen de sistemas de acceso “más rigurosos”.
Cuando se apruebe, será la tercera ley que regule el juego privado en Castilla-La Mancha. Actualmente está vigente la de 2013, aprobada durante el Gobierno de María Dolores de Cospedal. Según ha detallado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, esta normativa ha favorecido la proliferación de locales de juego y apuestas: había 51 hace ocho años y actualmente hay 221. De hecho, esta comunidad autónoma es una de las que más densidad de establecimientos de este tipo mantiene: 9 por cada 100.000 habitantes.
El consejero ha destacado que la nueva normativa ha nacido precisamente por esta rápida expansión y la consiguiente preocupación social “fundamentalmente de los padres con los hijos”, y que su objetivo es equilibrar los intereses de esta actividad legal con sus “externalidades negativas” y los perjuicios a la sociedad, especialmente en los menores y en las personas con ludopatía.
Castilla-La Mancha ya intentó en 2016 establecer una serie de criterios de planificación para reducir las nuevas autorizaciones, pero finalmente decidió abordar la situación con una nueva ley y suspender las nuevas peticiones de licencia, para buscar “mayores restricciones” con rango legislativo. Así, una de sus novedades son los principios rectores para políticas públicas relacionados tanto con la ciudadanía como con los propios locales. Se regulan así medidas de prevención para colectivos con mayor vulnerabilidad (personas con adicción, personas incapacitadas legal o judicialmente, y menores de edad) pero también acciones para favorecer la transparencia y la seguridad jurídica frente a los fraudes.
De igual forma, se potencian las políticas de juego responsable, lo que supone encomendar a la Administración la sensibilización y concienciación sobre las consecuencias del juego y las apuestas si se realiza una “práctica inadecuada”. Incorpora, por ejemplo, la creación de un futuro Observatorio del Juego Responsable, con representación de todos los sectores para apoyar actitudes de juego “moderadas”.
Una de las principales novedades es la prohibición de la publicidad del juego tanto en los medios de comunicación como en los propios establecimientos, pero, tal y como adelantó elDiarioclm.es, hay algunas excepciones: se permite, con restricciones, en el interior de los locales y en las revistas especializadas.
Es en la ubicación de los establecimientos donde reside la principal innovación del anteproyecto de Ley. Habrá un doble requisito: no podrá haber una distancia inferior a 150 metros entre unos locales de juego y otros, para evitar la proliferación, y debe haber una distancia mínima de 300 metros respecto a los colegios, evitando que la cercanía sea un “reclamo para los estudiantes”. A todo ello se une que los municipios podrán declarar parte de su término municipal como “zona saturada de locales de juego” cuando consideren que, aun respetándose estos criterios, hay un exceso de establecimientos. El texto no detalla esta última cuestión. El consejero ha avanzado que será un reglamento posterior el que establezca los criterios que los técnicos tendrán en cuenta para considerar saturada una zona concreta.
Un periodo transitorio de cuatro años
Respecto a las medidas de ubicación física, la ley permite un periodo transitorio de adaptación de hasta cuatro años, por si tuvieran que cambiar de local. Es un periodo que se ha establecido tras hablar con el sector. El consejero ha reconocido que, puesto que las licencias se otorgan por un periodo de diez años y las primeras decaerán en 2024, hasta 2028 no habrá un desarrollo pleno de la ley en cuanto a las distancias.
Otras medidas tienen que ver con el control de acceso, de forma que se exigirá su automatización para garantizar que no puedan entrar aquellas personas que lo tienen prohibido, los menores y también aquellas así lo han solicitado a la Administración (“auto-prohibidos”). De hecho, la ley hace una regulación más detallada del registro de estos últimos.
También se realiza una revisión de todo el régimen sancionador, incluyendo como infracciones muy graves permitir la entrada de estos tres grupos de personas. “No puede ser que a algunos locales les resulte más beneficioso pagar la sanción y continuar con su actividad ilícita”, ha remarcado el consejero. Las infracciones calificadas como muy graves serán sancionadas con multas de de 60.000 a 600.000 euros. Este límite máximo podrá extenderse hasta el triple del beneficio económico obtenido con la infracción y también puede suponer la suspensión definitiva de la licencia.
Finalmente, hay cambios parciales en el régimen tributario, adecuado a los tipos impositivos del resto de comunidades autónomas mediante un método “más equitativo” entre diferentes tipos de juego, y reservando parte de la recaudación al futuro Observatorio del Juego Responsable.