El Gobierno de Castilla-La Mancha prevé realizar 20 desahucios por ocupación ilegal en 148 viviendas de alquiler social del barrio del Polígono de Toledo. Estas viviendas, ubicadas en la calle Río Yedra, han sido objeto de polémica durante los últimos años por la situación en la que la comunidad vecinal ha denunciado que se encuentran varios de los inmuebles o zonas comunes. Unos vecinos que vienen denunciando que en este edificio, propiedad de la Junta de Castilla-La Mancha, se producen situaciones de conflicto que van desde viviendas ocupadas hasta enganches eléctricos ilegales y vandalismo.
El consejero de Fomento, Nacho Hernando, señala que están manteniendo reuniones periódicas con los vecinos de la promoción y por otro lado con la Subdelegación de Gobierno “para potenciar la coordinación interadministrativa en todo lo que se refiere a la seguridad en estas viviendas”.
En este sentido, afirma que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha emprendido acciones legales de carácter penal y civil en diversos casos de ocupación ilegal, que han tenido como resultado 20 sentencias condenatorias por el mismo número de ocupaciones.
Hasta el momento no se ha ejecutado ninguna sentencia pero hay dos desalojos previstos próximamente, tal y como trasladan a este medio fuentes de la Consejería. Así, indican que la intención de la Junta es ejecutar estas sentencias cuando sea posible legalmente.
370.000 euros en reparaciones
Por otra parte, Hernando también destacó las intervenciones que han llevado a cabo este bloque de viviendas público, que comprenden un total de 60 actuaciones de mejora con una inversión de 370.000 euros entre los años 2020 y 2021.
Las actuaciones, precisan, comprenden distintas arreglos de averías en viviendas, colocación de puertas antivandálicas, reparaciones en los garajes, retirada de basura, limpieza de bajantes, asistencia por cortes de suministro o limpieza de zonas comunes.
El consejero de Fomento ha asegurado que la política del Gobierno regional es de doble sentido en relación al parque público de vivienda, “por una parte, es esencial disponer de un parque residencial en buen estado para garantizar la calidad de vida de todas las personas y familias adjudicatarias del parque público de vivienda”.
Y por otro, “la tolerancia cero con la ocupación ilegal para ofrecer seguridad jurídica a los legítimos inquilinos de nuestras viviendas de protección pública, y en defensa de los recursos habitacionales públicos que deben estar a disposición de familias de nuestra región con dificultades, y no para el aprovechamiento ilícito”.
Por otra parte, la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Toledo, Ana Abellán, ha indicado a preguntas de los medios en una rueda de prensa que este servicio “siempre ha estado cuándo se le ha requerido” para afrontar distintas problemáticas en este edificio.
“Es una situación de ocupación ilegal, ha habido denuncias al juzgado, y el Ayuntamiento va a dar el seguimiento que hay que hacer a partir de la sentencia que impongan. Por supuesto que el Ayuntamiento está ahí para apoyar en lo que necesiten”, ha reiterado Abellán.