El pasado 7 de julio de 2014 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha admitió el recurso presentado por Ecologistas en Acción y declaró nulo de pleno derecho el Decreto de 25 de octubre de 2012 de la Junta de Castilla-La Mancha por el que se desafectaron del régimen de “refugio de fauna” los montes Quinto de Don Pedro y Cardeñosa del término municipal de Los Yébenes y Nava de Don Diego, del término municipal de Los Navalucillos, ambos de la provincia de Toledo, clasificación de la que disfrutaban desde 2005.La sentencia indicaba que la desafectación de estos terrenos se hizo sin respetar el procedimiento de información pública, circunstancia que fue advertida incluso por el gabinete jurídico de la Junta sin éxito, por lo que calificó de “clandestinidad real y efectiva” la publicación del Decreto.
Dado que la sentencia se basaba en que la decisión se había producido sin audiencia a personas afectadas y entidades representativas de la defensa medioambiental y que, por lo tanto, no había existido “una real y auténtica información pública previa”, la Consejería de Agricultura se ha propuesto corregir esos defectos y ha publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha una resolución por la que somete durante veinte días a información pública el borrador de Decreto por el que se desafecta estos refugios de fauna, con el fin de “realizar un aprovechamiento ordenado de los recursos cinegéticos de estos montes como cotos privados de caza”, según se señala textualmente.
Para Ecologistas en Acción esta medida va encaminada a la privatización de los montes públicos, ya que con ella el gobierno de Cospedal busca desproteger tres espacios de gran relevancia medioambiental para proceder a privatizar la gestión de la caza. De hecho, este proceso se habría producido ya porque la Consejería de Agricultura ha adjudicado mediante subasta la caza de estos montes a empresas privadas.