- En mayo puede aplicarse la premisa del Memorándum del Tajo que prevé aumentar a 38 hectómetros cúbicos la derivación a Levante si aumenta el nivel de la cabecera
- El Gobierno castellano-manchego estudia si puede personarse o interponer una demanda judicial por el caso de la desaladora de Cartagena
Comienza a tomar cada vez más forma la posibilidad de que la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura proponga al Ministerio de Agricultura, a partir del próximo 3 de mayo, aumentar el volumen del último trasvase a Levante, actualmente fijado en 60 hectómetros cúbicos divididos entre abril, mayo y junio (20 hectómetros cúbicos cada mes). Si así fuera, cumpliría con la previsión que recoge el controvertido Memorándum del Tajo, donde se contempla posibilidad de subir de 20 a 38 hectómetros cúbicos en mayo -casi el doble- si el volumen de agua en los pantanos de cabecera del Tajo traspasa los 650 hectómetros, como actualmente es el caso.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ya cuenta con una “nefasta posibilidad”, según ha indicado su portavoz, Nacho Hernando. “No solo sería un trasvase de agua sino de renta”, ha avisado en referencia al dinero que esta región pierde en cada derivación de agua hacia Levante. Por eso ha vuelto a resaltar que el citado Memorándum condena a la comunidad autónoma a tener una lámina mínima de agua de 400 hectómetros en Entrepeñas y Buendía, ya que es a partir de ese volumen mínimo cuando ese documento permite trasvasar.
Si finalmente el Gobierno de Mariano Rajoy da el visto bueno a aumentar el trasvase correspondiente a mayo, el portavoz advierte de que “entraremos de nuevo en una dinámica que hace más difícil llegar a un pacto nacional del agua”. Sobre ese pacto, ha señalado que lo único conocido es esa posibilidad de aumentar el trasvase, y eso “obstaculiza que sea pacto, que sea nacional y que sea del agua, porque mantenemos una sequía permanente en el centro de España”.
Nacho Hernando también se ha referido a la investigación sobre un supuesto fraude en la desaladora de Escombreras, en Cartagena, y que han conocido por los medios de comunicación. El Ejecutivo regional está estudiando personarse como acusación particular en el caso de que se abra algún proceso judicial. Pero si no hubiera litigio, ha subrayado que también baraja la posibilidad de que sea el propio Gobierno de Castilla-La Mancha quien inicie la demanda judicial.
En el terreno político, el portavoz ha resaltado la necesidad de demostrar que las desaladoras realmente tienen que ser una herramienta “útil y limpia”. “Apostamos por ellas independientemente de que otros hayan hecho apuestas con ellas, y mantenemos con ello una actitud seria y responsable, porque su puesta en funcionamiento es algo que urge”, ha concluido.